Los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a una imagen social positiva y respetuosa, apartada de sesgos y estereotipos, como parte de la diversidad humana. Es lo que le ha recordado Ángel Luna, Defensor del Pueblo valenciano, al alcalde del Ayuntamiento de Formentera de Segura, Francisco Cano y a su concejala de Servicios Sociales Nazareth García Flores.

Lo ha hecho tras asumir una queja de María José Carrión Bailén, madre de un menor que padece trastorno de espectro autista con una discapacidad del 41% y un grado 3 de dependencia, que considera que su hijo ha sufrido por parte del Ayuntamiento un trato discriminatorio. En concreto por no contar con personal de apoyo específico para atender al menor en un curso de natación que organiza el municipio o que como alternativa elabore un modelo de solicitud para que se sufrague la totalidad o una parte del coste de una actividad similar.

Cursillo

El Ayuntamiento convoca anualmente ese cursillo de natación para los niños y niñas del municipio sin especificar ningún límite en relación con las condiciones psíquicas o físicas de los pequeños.

Sin embargo en 2021, una vez inscrito, el chaval no pudo realizar el cursillo porque la administración local carecía de un refuerzo específico de apoyo. La madre lo volvió a inscribir en 2022, pero tuvo que desistir de nuevo por la misma falta de recurso de apoyo y decidió finalmente llevarlo a una piscina privada de otro municipio previo pago.

El Síndic

El Síndic de Greuges ha reclamado al Ayuntamiento que explicara las razones por los que se excluyó al niño de los cursillos en sucesivas ediciones, y si ha previsto alternativas y acciones para que el menor pueda acceder a la práctica de natación «sea en este municipio o facilitando acceso a otras piscinas cercanas donde pueda ejercer esta actividad con la debida atención».

El Ayuntamiento por su parte niega la exclusión y responde que se le ofreció la posibilidad a la madre de llevar al niño a un centro privado y asumir parte del coste del taller de natación de 15 días. Asegura que la interesada no llegó a responder y recuerda que el menor estuvo en la Escuela de Verano para la conciliación de la vida familiar y laboral atendiendo sus necesidades específicas.

Sin embargo, la afectada ha explicado a la Sindicatura que la concejala del área, Nazareth García, «le transmitió verbalmente que no iba a proceder al pago de la actividad del menor en la piscina privada», no demostrando «ni un mínimo grado de empatía hacia el menor».

Informe

El Síndic Ángel Luna entiende que hay voluntad por parte de la administración local de solventar la situación específica de la autora de la queja, pero advierte que el Ayuntamiento debe ejercer sus competencias y arbitrar soluciones para una asistencia específica. Y pide que en el plazo de un mes el Ayuntamiento de Formentera del Segura remita a la institución el "preceptivo informe" en el que "nos manifieste la aceptación de las consideraciones que le realizamos indicando las medidas a adoptar para su cumplimient, o en su caso, las razones que estime para no aceptarlas".