El Ayuntamiento de Orihuela suspende en gestión, prevención contra la corrupción en contratación y control de la información contable

La Sindicatura de Comptes ha realizado un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Orihuela que revisa su entorno de control durante los ejercicios de 2019 a 2021, verificando la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información económico-financiera, contable y de gestión. Según el análisis, la administración local ha obtenido 30.279 puntos, que suponen un 60,6% de la puntuación máxima posible y un nivel de riesgo medio, muy próximo al riesgo alto.

Así, esta institución, que tiene como objetivo el control del dinero público y que la gestión de los recursos sea más eficiente y eficaz, ha observado 39 deficiencias significativas sobre el entorno de control que representan un riesgo para la propia organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por la Intervención.

La Sindicatura de Comptes audita los contratos públicos del Ayuntamiento de Orihuela

Este trabajo, que ha sido realizado por la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información, efectúa una serie de recomendaciones que afectan a las diversas áreas: elaborar un organigrama actualizado de la entidad y manuales de procedimientos que incluyan las funciones y responsabilidades del personal asignado a las distintas áreas; adoptar otras medidas específicas de prevención contra el fraude o corrupción a lo largo de la tramitación de los expedientes de contratación; realizar arqueos soportados con conciliaciones bancarias con una periodicidad mínima trimestral; mejorar la organización de la subárea de gestión tributaria, dejando constancia documental de la comprobación de las variaciones entre los padrones del ejercicio corriente y del anterior; mejorar el entorno de control de la subárea de contabilidad, registrando los hechos económicos de acuerdo con los principios contables de aplicación; elaborar un plan de inversiones realista; estimar el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones y que la Intervención no participe en la gestión económica de la entidad, para que así exista una adecuada segregación de funciones.

Deficiencias por áreas

Por áreas, el porcentaje de riesgo es de un 65,9% en gestión administrativa, donde se han detectado deficiencias en las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia en cuanto a encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas, los presupuestos de las sociedades, la ejecución trimestral y la liquidación del presupuesto, las cuentas anuales y auditorías, la información actualizada sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostente algún derecho real, entre otras.

La gestión económico-financiera alcanza un 70,1%, en donde no se hacen conciliaciones periódicas entre los datos que figuran en las cuentas de recaudación y los que se deducen de la contabilidad municipal ni se planifica el coste de mantenimiento ni la financiación posterior de las inversiones ni existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años.

En cuanto a Intervención, con un 52,2% de riesgo, no se realiza el control financiero de los ingresos, aunque la entidad ha aportado la documentación que evidencia que ya se está haciendo en la actualidad. El órgano interventor tampoco había elaborado un plan anual de control financiero que recogiera las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante los ejercicios 2019 y 2020; sin embargo, se ha elaborado en 2023 un plan anual de control financiero para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, que fue aprobado por el pleno del pasado mes de enero.

Ciberataques

Asimismo, el informe evalúa la situación de los ocho controles básicos de ciberseguridad en relación con las aplicaciones y sistemas que soportan el proceso contable y presupuestario y otros sistemas de interés general. No en vano, el uso cada vez más frecuente de las redes informáticas y los trámites telemáticos expone a las administraciones a ciberataques, lo que origina un incremento de los riesgos asociados a la información que manejan los servicios públicos, cada vez más expuestos a las amenazas del ciberespacio. 

La Sindicatura alerta de la debilidad de la red municipal de Orihuela contra los ciberataques

El informe concluye en este apartado que el índice de madurez general de los controles básicos de ciberseguridad en el Ayuntamiento "es muy bajo y refleja un nivel de riesgo inaceptable". El objetivo es alcanzar un 80%, pero muestra un valor del 42%, que aunque es algo mayor que en 2019 (36,5%) -de las doce recomendaciones que se realizaron cinco no se han atendido y siete lo han sido solo parcialmente- sigue siendo "muy deficiente".