Ni está ni se le espera al nuevo contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques públicos y arbolado de alineación en Orihuela Costa. La Agencia Valenciana Antifraude está investigando las «presuntas irregularidades» que ha detectado en el expediente de contratación de la nueva licitación, a la que se presentaron tres ofertas de tres empresas para hacerse con un contrato de 10 millones de euros en cinco años.
Esta investigación, además, conlleva la paralización del actual procedimiento de adjudicación del servicio, que se demora sine die. Fue el anterior titular de la Concejalía de Infraestructuras, Ángel Noguera, de Cs, quien impulsó la licitación para la conservación de espacios verdes y mantenimiento del arbolado en Orihuela Costa el pasado mes de enero, que tendría una duración prevista de cinco años y suponía una inversión de 1.910.700 euros anuales.
Profesor
La Agencia Valenciana Antifraude, según el documento al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, pone el foco y pregunta al Ayuntamiento de Orihuela, como denunciado, los criterios que llevaron a encargar a un profesor de la Universidad Politécnica de València (UPV) le emisión de un informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación de este expediente.
Así, solicita al Ayuntamiento que aporte copia de la resolución por la que se seleccionó a este docente y qué autoridad, órgano o funcionario tomó la decisión, así como los motivos de su elección.
También le insta a remitir la copia del curriculum del profesor que, según consta en el acta de la Mesa de Contratación del 31 de mayo, se incorporó al expediente y las solicitudes cursadas a la UPV y al docente para requerir las declaraciones de conflicto de intereses relativas al citado contrato.
Además, la Agencia Antifraude recuerda al Consistorio que esta investigación supone la suspensión del procedimiento. Dicho docente, según ha podido saber este medio, llegó a comunicar que no aceptaba el encargo después de denunciar que una de las empresas que se presentó al concurso envió correos a su universidad al considerar que no cumplía el perfil para hacer el informe.
Todo ello, llevó a algunos miembros de la Mesa de Contratación, entre los que encuentran el secretario y la Intervención, a denunciar unas presuntas coacciones de la misma mercantil, lo que está en sede judicial.
El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, consultado por este medio por este asunto, señaló que había «un desacuerdo» y que el Ayuntamiento «ha enviado toda la información que se le ha requerido por todos los cauces», aunque reconoce que no se atreve a dar una fecha para que se solucione y se pueda adjudicar un nuevo contrato.
Técnico
El informe técnico de valoración de ofertas fechado en marzo y firmado por un arquitecto técnico, el único que aceptó el encargo al que se negaron otros técnicos, como consta en el mismo, da las mayores puntuaciones, excelente en casi todos los ámbitos, a STV/Evocivil, dejando más atrás a Actúa y en último lugar a SAV/Doalco.
La mesa de contratación acordó, dada la complejidad de la valoración, que emitiera un nuevo informe otro organismo externo, independiente y especializado, la UPV, para valorar las propuestas presentadas por los licitadores. STV Gestión y Evocivil interpusieron un recurso de alzada para que se suspendiera esa decisión del informe externo y que la decisión recayera en el funcionario que elaboró los pliegos, y el único que aceptó el encargo.
La anterior contrata se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, por lo que la empresa adjudicataria lleva casi seis años realizando el servicio sin contrato, una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra por parte de Intervención al pago de las facturas, lo que a su vez genera intereses de demora de miles de euros.
Se trata de un importante contrato que afecta a más de 2,5 millones de metros cuadrados y a 213 zonas verdes de Orihuela Costa. Además, tiene un impacto económico importante puesto que se van a invertir diez millones de euros en cinco años y se ampliarían de 12 a 30 los operarios.
El nuevo servicio estaba previsto que cubriera el cien por cien de las zonas verdes de la costa, cuando el anterior contrato lo hace al 40%, aseguró a inicios de este año el entonces responsable del área, Ángel Noguera.
Llaman a declarar a varios técnicos en la causa por el mantenimiento de viales
El juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela ha citado a declarar a varios técnicos en la causa que investiga por la presunta prevaricación en el contrato del servicio de mantenimiento de los viales de la costa, a raíz de una denuncia del PP y de la empresa adjudicataria, la oriolana Zaplana Caselles. En esta causa está investigado el entonces responsable de la Concejalía de Infraestructuras, Ángel Noguera, de Ciudadanos.
El juzgado quiere tomar declaración en calidad de testigos a varios técnicos y al exinterventor, Antonio Rosique, para el próximo 26 de octubre. Un día antes, el juez que instruye la causa quiere tomar declaración a la empresa denunciante para que se ratifique en el procedimiento.
La mercantil adjudicataria decidió denunciar al edil de Ciudadanos por negarse a pagar las facturas que emitían, pese a la firma técnica. Sin embargo, Noguera, el pasado mes de junio, cuando fue a declarar, insistió en que un informe técnico avalaba incumplimientos por parte de la empresa como que ganó el concurso gracias a que ofertó la construcción de una nave para la maquinaria y, sin embargo, no se realizó, por lo que el mismo informe señala que el material se deteriora a la intemperie. La entonces alcaldesa, Carolina Gracia, le destituyó cuando fue imputado.
La Fiscalía llamó a la empresa para ratificar la denuncia. Esa denuncia se elevó al juzgado de Instrucción. Ahora tendrán que pasar por sede judicial los testigos, varios técnicos municipales que han pasado por el área de Infraestructuras.
El Ayuntamiento de Orihuela, ahora gobernado por PP y Vox, está valorando personarse como perjudicado, puesto que la empresa denunciante tiene previsto pedir, además del pago de las facturas impagadas, intereses de demora.
Noguera aseguró en junio que no tiene nada en contra de la empresa, que ha realizado varias obras para el Ayuntamiento. Por parte de la mercantil, han sido varias las acciones que ha emprendido por «animadversión» de Noguera. A juicio de Zaplana Caselles, el edil «ha torpedeado» desde el principio el contrato.
