Las vallas publicitarias ponen en un brete al Ayuntamiento de Torrevieja: ocupan suelo gratis y son ilegalizables

La cuestión no es cuántas vallas publicitarias se instalan de forma ilegal en Torrevieja. Lo relevante sería conocer cuántas se ubican conforme a la normativa de su Ordenanza de Fomento de la Calidad en el Medio Urbano.

El área de Urbanismo tramita todos los meses media docena de expedientes de protección de la legalidad urbanística en distintas fases con las mismas características: actas de infracción urbanística por la instalación de vallas publicitarias ilegalizables. Además, recaen en un 90% sobre la misma empresa, hegemónica en el negocio publicitario de vallas y soportes publicitarios exteriores en toda la provincia. Solo en abril el área de Urbanismo se pronunciaba sobre la existencia de 31 carteles con expediente de infracción abierto a la misma firma.

Suelos no urbanizables

Todas las ubicaciones corresponden a suelos no urbanizables. En algunos casos, además, sobre la servidumbre de la carretera N-332, CV-95 e incluso en dominio público afectado por la Ley de Costas, muy cerca del mar. Todas son ilegalizables porque la normativa municipal solo permite la instalación en suelos terciarios, que suelen ser terrenos privados de uso comercial. Y por último, todas las vallas se han ubicado sin pedir una licencia previa municipal. Claro está porque la empresa conoce que no iban a ser validadas si carece de ese suelo terciario, que, si no es de su propiedad, debe arrendarlo. 

Una costa plagada de publicidad ilegal

A las mercantiles que se dedican a este negocio les sale a cuenta incumplir la legislación. Porque el suelo sobre el que se instalan, lo que más podría encarecer la ubicación, les sale gratis, además durante muchos años.

Por todas partes

Las vallas están por todas partes y a las marcas que insertan la publicidad les importa muy poco la ubicación, y mucho menos que la empresa que contratan para ubicar estos soportes publicitarios incumpla de forma sistemática la normativa municipal. Solo quieren llegar a sus clientes. Entre las que con más descaro incumplen la legislación hay alguna ubicada junto a la iglesia de una zona residencial. Otras cierran el acceso al parque que rodea el centro de diversidad funcional y el puente hacia la zona comercial de Ozone, o directamente se emplazan sobre redondas de tráfico. 

Espacios preferentes

Pero sobre todo ocupan espacios preferentes, normalmente de servidumbre o zona verde, junto a las carreteras, en especial la CV-95, con un tráfico medio diario que puede superar los 20.000 vehículos y «la joya de la corona», la N-332, que alcanza los 60.000 vehículos diarios de paso en verano por el término municipal.  

Los procedimientos de protección de la legalidad urbanística exigen una tramitación farragosa y larga donde se le ofrece al infractor todas las garantías del procedimiento administrativo. La Policía Local o el agente de inspección de obras, según el caso, abre expedientes y realiza el trabajo sobre el terreno localizando las vallas con referencia catastral y un reportaje fotográfico. Los técnicos municipales notifican el expediente de infracción. La empresa recurre cada uno de los pasos que da la junta de gobierno con recurso de reposición.

Torrevieja ordena retirar las vallas publicitarias junto a la fachada de una iglesia

Multas

El Ayuntamiento rechaza las alegaciones y comienza a imponer multas coercitivas para que se cumpla la orden de demolición en función de lo que le costaría asumir la factura del derribo por su cuenta.  

La firma termina por llevar el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Con un poco de suerte -para la empresa- el expediente se considera caducado por parte del juzgado. Vuelta a empezar desde cero todo el procedimiento. Y hecha la ley -en este caso la ordenanza- hecha la trampa.

Torrevieja actúa contra 111 vallas publicitarias irregulares ( 2018)

Mientras no se resuelve el expediente, las inserciones publicitarias en esas vallas ya han amortizado sobradamente cualquier gasto que la empresa haya tenido que abordar por servicios jurídicos o cobro de multas si se llega a ese punto.