ORIHUELA
El PSOE oriolano pide al Ayuntamiento una declaración institucional para anular el sumario que condenó a muerte a Miguel Hernández
Los socialistas reclaman al alcalde Vegara (PP) que respalde la petición de la familia para que el Gobierno lleve a cabo un acto de restitución
Retrados de Miguel Hernández en la casa museo del poeta en Orihuela / Cristina de Middel
El PSOE de Orihuela, encabezado por su portavoz, Carolina Gracia, ha registrado en el Ayuntamiento el texto que quiere que se convierta en una declaración institucional de todos los grupos municipales para "sumar su voz" a la petición de la familia de Miguel Hernández con el objetivo de que el Gobierno de España anule los sumarios judiciales abiertos por la represión franquista en contra del poeta oriolano y se realice una declaración de reconocimiento y reparación personal a favor del autor y su familia. Algo que permite y regula la ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022.
Apoyo
Como avanzó INFORMACIÓN, la familia de Miguel Hernández registró la petición ante la Dirección General de Memoria Democrática que oficiosamente ya ha mostrado su apoyo a la petición, aunque no lo ha hecho público.
El borrador de la declaración institucional -al igual que la petición de la familia-, insta al Gobierno de España a realizar esta declaración en un acto institucional que se celebre en el entorno "más adecuado, preferiblemente el 30 de octubre" de 2024, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández.
Además de trasladar ese acuerdo del pleno a la presidencia del Gobierno, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Cultura y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, reafirmando "el compromiso con la verdad, la justicia y la memoria histórica".
Retratar al alcalde
Si el documento no se acepta como declaración institucional por carecer de unanimidad se presentará como moción al pleno. En cualquiera de los casos pone en una situación política complicada al alcalde José Vegara (PP), con una larga trayectoria personal de difusión de la obra del autor. Vegara, sin embargo, gobierna gracias al apoyo de Vox, y la delegación de competencias en el área de Cultura pertenece a Gonzalo Montoya, que forma parte de la formación de ultraderecha, partido que es improbable que respalde el texto en los términos en los que se plantea.
Este tipo de iniciativas de declaración institucional o en su caso, mociones, también se están preparando en otros ayuntamientos de la provincia como Elx y Alicante, gobernados por el PP con respaldo de Vox, y coinciden con la cercanía de la fecha en que se conmemora el nacimiento del poeta en Orihuela el 30 de octubre de 1910.
Documento
El texto de la declaración institucional que se ha hecho llegar a los portavoces del PP, Vox, Cs y Cambiemos señala que el Ayuntamiento de Orihuela como reconocimiento a la memoria de uno de sus más ilustres ciudadanos, "manifiesta su firme adhesión a la petición de la familia de Miguel Hernández, así como de diferentes personalidades y entidades, para la anulación de los sumarios judiciales abiertos en su contra durante la dictadura franquista".
En el breve recorrido que realiza por la vida y obra del autor recuerda que Miguel Hernández es una de las figuras más emblemáticas de la poesía en lengua española y un símbolo de la "lucha por la libertad y la justicia. Su vida y obra están profundamente arraigadas en la historia" de Orihuela, y su legado ha elevado el nombre de la ciudad a nivel internacional, "vinculándonos inseparablemente a los valores universales que él defendió".
"Asesinato por omisión"
El documento señala que Hernández fue un firme defensor de la II República y de las libertades que representaba. "Sin embargo, su valentía y compromiso -añade- lo convirtieron en objeto de la persecución franquista, que, mediante dos sumarios judiciales (Sumario 21001 y Sumario 4407), lo condenó injustamente" a la pena de muerte, más tarde conmutada a 30 años de prisión.
Hernández murió en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, como consecuencia "de una intencionada inasistencia médica", un hecho que sus familiares y numerosos estudiosos tipifican como "asesinato por omisión”, señala el documento.
La declaración presentada por la portavoz socialista Carolina Gracia señala como los impulsores de la propuesta, que los sumarios carecieron de cualquier rigor jurídico, sin permitir al poeta defenderse de las acusaciones "fabricadas por motivos ideológicos". Y añade que el sistema judicial franquista, a través de consejos de guerra sumarísimos y sin garantías legales persiguió a Miguel Hernández por su obra, sus escritos y su firme alineación con los principios democráticos de la II República. "Estos procesos fueron un acto de represión dirigido a silenciar su voz, que representaba un faro de esperanza y justicia para el pueblo", asegura.
Adhesiones
La familia de Miguel Hernández, junto a un numeroso grupo de entidades, colectivos y personalidades comprometidas con la memoria histórica, ha llevado a cabo durante décadas una "lucha incansable para que se anulen estos sumarios." Aunque en 2010 y 2013 los intentos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no lograron la nulidad, ahora con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática, esta reivindicación cobra un nuevo impulso. La legislación anula de forma genérica todos los sumarios franquistas, pero especifica que las víctimas de la represión pueden reclamar un acto de restitución singular.
Para el PSOE como ciudad de origen de Miguel Hernández, Orihuela "no puede ni debe permanecer ajena a este llamamiento. La reparación histórica del poeta es, también, una reparación de nuestra propia identidad y dignidad". Miguel Hernández "es el hijo más universal de Orihuela, y su lucha por la libertad sigue siendo una inspiración para todos nosotros. No solo es un deber con su familia, sino con la historia y la justicia, asegurar que su memoria sea limpiada de las falsas acusaciones que lo persiguieron hasta la muerte".
Texto del artículo 5 de la ley de Memoria Democrática / BOE
Y concluye el documento registrado ayer en el Palacio del Marqués de Arneva: "Si Orihuela defiende la figura de Miguel Hernández, y muestra con orgullo, tanto en nuestras calles como en el resto del mundo, su obra y vida, no puede más que sumarse sin dilación a una petición que dignifica y limpia de sentencias injustas su buen nombre y el de la ciudad que lo vio nacer y vivir".
LO QUE DICE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
La anulación de los sumarios judiciales de Miguel Hernández, negada por el Tribunal Supremo y el Constitucional cuando se solicitó por parte de la familia hace una década, es ahora posible gracias a la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022. Esta legislación declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.
El artículo 5 del mismo texto dice que eran contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, con la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, y señala que se declara en todo caso la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa.
Esa declaración de nulidad que señala la ley es la que permite dar lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal que se desarrolla en su artículo 6. En todo caso, matiza la ley, esa declaración de nulidad será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. Dicha declaración de nulidad deberá hacerse constar en el expediente judicial de la causa anulada.
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