La Audiencia condena al exalcalde de Jacarilla José Gálvez por fraude al cambiar la ubicación de una depuradora para beneficiar a un promotor

La Audiencia Provincial ha condenado a ocho meses de prisión y cuatro años de inhabilitación al exalcalde de Jacarilla, José Manuel Gálvez Ortuño (Partido Popular), por los delitos de fraude contra la Administración y prevaricación.

La sentencia considera probado que Gálvez modificó en 2006 la ubicación de una depuradora para beneficiar a un constructor prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo. La condena rebaja sustancialmente la solicitada por la Fiscalía, que la elevaba hasta los ocho años de prisión por delitos de cohecho pasivo y contra la ordenación del territorio de los que ha sido absuelto el exregidor de esta pequeña población de poco más de dos mil habitantes. 

El tribunal condena también a cuatro meses de prisión al promotor Joaquín Grau Roch (Agrícola del Segura) y a Cristina Bernabé y Victoriano Bernabé, como responsables de la empresa Benaguas 2000 SL.

La denuncia se presentó ante la Fiscalía en marzo de 2015 por la quien fuera alcaldesa, Pilar Díez (PSOE). Al cabo de nueve años, en enero de este año, tuvieron lugar las diez sesiones del juicio oral.

La sentencia rubricada por los tres magistrados de la sección XI de la Audiencia con sede en Elche se ha emitido nueve meses después. Las dilaciones indebidas muy cualificadas -el retraso- ha rebajado la pena de prisión que se solicitaba por fraude.

Doce años de alcalde

El exalcalde, al frente del municipio entre 1999 y 2011, deberá abonar además 27.000 euros en concepto de pago por responsabilidad civil a los vecinos perjudicados su actuación junto a los otros tres condenados. 

La depuradora, que se construyó finalmente en 2011 pero no llegó a ponerse en marcha, estaba diseñada para resolver el problema de aguas residuales de una pequeña zona residencial de Vistabella dentro de un plan de reurbanización adjudicado a Benaguas 2000 por el Ayuntamiento.

La instalación dobló su presupuesto hasta los 150.000 euros sin que el Ayuntamiento advirtiera del cambio de ubicación a los vecinos que pagaron la retasación. El excalcalde y los otros tres condenados afrontarán el pago de una responsabilidad civil de al menos 27.000 euros. La depuradora nunca funcionó y las aguas residuales se almacenan en una balsa de riego

Los vecinos de la zona pagaban al Ayuntamiento a través de tasas el proyecto destinado a este objetivo. Pero su ubicación definitiva, además en suelo no urbanizable del término municipal vecino de Orihuela, sin licencia, sobre suelo propiedad de la propia constructora Agrícola del Segura, elevó el coste de la instalación de 61.000 euros iniciales a 151.000 a cargar a los vecinos de Vistabella.

Su emplazamiento se modificó para que diera servicio a una urbanización impulsada por Agrícola del Segura, según señala el fallo como hecho probado. En la documentación técnica del proyecto, tampoco en los planos, figuraba este cambio de ubicación.

La sentencia señala también como un hecho probado que el cambio de ubicación de la depuradora suponía un beneficio para Joaquín Grau Roch, y para la mercantil a la que representa, especializada en vivienda turística, desde el momento que con la instalación dentro de su sector, no tendría que incluirla en el proyecto de urbanización, Las Asomadas Sur, al disponer ya de la depuradora necesaria para la aprobación del proyecto, «con el evidente ahorro en costes de estudio y construcción». Sobre todo el agua se destinaría al campo de golf.

La zona de Asomadas es ahora un área residencial con miles de viviendas y un campo de golf, a caballo entre los términos municipales de Jacarilla y Orihuela.

Fueron los vecinos de Vistabella quienes sufragaron con sus cuotas de reurbanización la depuradora para las Asomadas, pensando que estaban pagando su instalación, cuando de facto sostenían la del promotor, que duplicaba su coste inicial, sin que se les informara del cambio de ubicación. La operación supuso un fraude para ellos y para los intereses del Ayuntamiento de Jacarilla, dice la sentencia. 

Antes de irse

La última tramitación para lograr este objetivo la precipitó Gálvez, como alcalde en funciones, en una junta de gobierno celebrada el 27 de mayo de 2011, en la cual se aprobó el aumento de los costes de urbanización -la retasación de las cargas- que debían pagar los vecinos de Vistabella, a sabiendas de que no iba a repetir en la Alcaldía. Toda la tramitación fue paralizada por la llegada del nuevo equipo de gobierno liderado por Pilar Díez (PSOE) y que ya había denunciado los hechos en Fiscalía unos meses antes.

Connivencia

El fallo remarca que Gálvez y la empresa Benaguas 2000 SL, a la que el Ayuntamiento había adjudicado las obras de reurbanización de Vistabella, y el promotor condenado, actuaron en connivencia para modificar el proyecto original de urbanización para «velar por los intereses de la constructora», con «el consiguiente perjuicio de los titulares de las fincas» de Vistabella «y del propio Consistorio».

El tribunal incide en que Gálvez actuó «por omisión de forma fraudulenta y abusando del poder que ostentaba dentro del Ayuntamiento». Sobre el constructor Grau Roch la sentencia señala que pese a sus referencias constantes a su progenitor ya fallecido como conocedor de los acuerdos, «se involucró por puro interés urbanístico y, en consecuencia, económico, en su condición de administrador mancomunado con firma necesaria, de la que pudo apartarse si tenía dudas, y, sin embargo, no lo hizo. Lo mismo cabe predicar de la actuación de Cristina y Victoriano Bernabé». En este sentido la denunciante, exalcaldesa y actual diputada provincial Pilar Díaz dijo en el juicio que Grau se "había comido el marrón de su padre".

Ordenación del territorio y cohecho

En cuanto a los delitos contra la ordenación del territorio y cohecho, la sentencia dice que «faltan piezas, y, entre las existentes, algunas no encajan como debieran, como para emitir un pronunciamiento condenatorio». En este sentido, dice que Gálvez pasó a trabajar para Agrícola del Segura -10.500 euros anuales entre 2011 y 2016- después de dejar el cargo de alcalde. «No se ha podido acreditar que el trabajo fuera ofrecido por el constructor Grau Roch en compensación o agradecimiento», como tampoco que Gálvez no desempeñara el trabajo para el que fue contratado. La relación laboral se rompió al conocer Gálvez que había sido denunciado.

Sobre el delito contra la ordenación del territorio la sentencia señala que no basta que una edificación se haya levantado sin licencia para que se cometa el delito; "es necesario que sea contraria a la legalidad urbanística vigente en ese momento" y la Audiencia con sede en Elche interpreta que la depuradora en suelo no urbanizable y sin licencia "podría ser autorizable" al lograr la licencia del Ayuntamiento de Orihuela a posteriori.

En esta caso los magistrados se basan en las declaraciones de los peritos que acudieron a la vista oral, sin entrar a valorar que estuviera prevista en un suelo dotacional que no requería legalización.

En resumen: el agua residual del residencial Vistabella -unas 250 casas-sigue vertiéndose a una balsa agrícola sin depurar. 

EN DEFENSA DEL PROMOTOR

El actual gobierno de Jacarilla, dirigido por Andrés Moñino (PP), retiró su personación de la causa que defendía a la Administración local como perjudicada. Moñino, que fue concejal en el equipo de gobierno de Gálvez entre 2007 y 2011, se limitó a indicar en el juicio que tenía 19 años cuando se impulsó el acuerdo, y se centró en defender a la figura del constructor, que mantiene varios proyectos urbanísticos por desarrollar en el municipio, además del campo de golf, sin aclarar por qué retiró la personación del Ayuntamiento. En concreto Moñino indicó en el juicio que no se "siente perjudicado por la actuación de la empresa".