La Confederación del Segura inyecta 3,3 millones a los municipios para la limpieza de los cauces

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha licitado el contrato del servicio de mantenimiento de cauces urbanos y periurbanos que dará cobertura al convenio ofrecido por el organismo de cuenca a diversos ayuntamientos para la limpieza en los tramos que son competencia municipal. Un total de 27 consistorios se han acogido a esta fórmula de financiación compartida, según ha informado la Confederación.

El presupuesto es de 3.310.532 euros para 24 meses con cargo a los fondos propios del organismo. Con esta actuación, la CHS da respuesta económica al convenio ofrecido por el organismo de cuenca a diversas administraciones locales para las tareas de conservación de los cauces en aquellos tramos en los que los municipios tienen que acometer estos trabajos.

El objetivo, ha insistido la CHS, es que "estas actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces dentro de cada término municipal se realicen de la mejor forma posible teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar".

El montante será repartido entre los 27 consistorios que han rubricado este acuerdo en función de las peticiones hechas por los técnicos municipales y corroboradas por el personal técnico del organismo de cuenca.

Cinco municipios en Alicante (Benijófar, Crevillente, Formentera del Segura, Orihuela y Redován -falta Rojales-) suscribirán este convenio, 14 en la Región de Murcia (Abarán, Albudeite, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca Bullas, Campos del Río, Ceutí, Cieza, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Moratalla y Mula), seis en la provincial de Albacete (Bogarra, Letur, Molinicos, Nerpio, Paterna del Madera y Yeste), uno en Almería (Cuevas de Almanzora) y otro más en Jaén (Santiago Pontones). Hasta la fecha ya se han suscrito los de Lorquí y Beniel.

La licitación da respuesta a la normativa que indica que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.

Los trabajos comenzarán a lo largo de 2025, a medida que los consistorios vayan firmando sus acuerdos con la CHS, y tendrán un plazo de ejecución de 24 meses que podrían ser prorrogados por otros dos años más.

En este galimatías de competencias, cada vez son más frecuentes las quejas vecinales que apuntan a la dejadez de las administraciones en la limpieza de los cauces, lo que además se está convirtiendo en una preocupación recurrente, puesto que si no hay un mantenimiento adecuado aumenta el riesgo de que ante lluvias torrenciales se produzcan tapones que agraven los episodios.

El estado de las ramblas

Precisamente, este mismo jueves en el pleno de Orihuela, en el turno de preguntas de la ciudadanía, una vecina de la costa oriolana interpeló al equipo de gobierno de PP y Vox sobre el pésimo estado en el que se encuentra la rambla del Río Nacimiento, aún con restos de árboles enteros en su cabecera como consecuencia de la DANA de 2019, que en caso de riada serían arrastrados taponando el puente de la glea con consecuencias terribles, continuó. Esta zona está calificada con el nivel más alto de peligrosidad en cuando a inundabilidad, por lo que peguntó a los concejales si un mes después de lo acontecido en Valencia pueden conciliar el sueño.

La edil de Medio Ambiente, Noelia Grao, respondió que comparten la preocupación, pero lamentó que el convenio no se ha materializado, "y no por falta de trabajo del Ayuntamiento", apuntó. Tras la última reunión que el Consistorio mantuvo con la CHS, en julio, la firma del convenio se aplazó sin fecha por parte del organismo de cuenca. Asimismo, avanzó que el Ayuntamiento ha elaborado una memoria del estado de las ramblas de Orihuela Costa.

Urbanismo

Hay que recordar que hace unos días salió a la luz que un particular se estaba apropiando de un barranco rellenándolo de tierra para elevar el terreno previsiblemente para construir después, una práctica habitual en la zona desde los años 80, subrayaron expertos consultados por este periódico, que además alertaron de que en caso de riada el cauce cegado desataría una ola de barro que afectaría a cientos de casas.

Un ejemplo de los desmanes urbanísticos cometidos en la zona desde los años 80 y que ahora, con la catástrofe de la última DANA, son prácticas más que cuestionables y además sancionables. No en vano, la normativa contempla para las infracciones graves como esta multas de entre 30.000 y 1,5 millones de euros.