El Ayuntamiento de Orihuela no sabe, no contesta

Cansados de la falta de respuesta en un 66% de los escritos y solicitudes de información que Unidos por la Costa ha realizado en el primer año de mandato de PP y Vox, la asociación vecinal del litoral oriolano elevó una queja al Síndic de Greuges ante lo que consideraba una vulneración de la normativa sobre transparencia y buen gobierno.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, cuya misión es velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración local y autonómica, ha concluido que "se ha vulnerado el derecho a obtener una respuesta expresa de la Administración a la que se dirige, en el marco del derecho a una buena administración".

Por ello, Ángel Luna en su informe recuerda al Ayuntamiento de Orihuela "el deber legal de contestar en el plazo legalmente establecido, expresa y motivadamente, los escritos que los interesados presenten ante esa administración pública, de acuerdo con lo prevenido en la legislación". 

Así, recomienda al Consistorio que "emita una respuesta expresa, congruente y motivada a los escritos presentados por la persona interesada, abordando y resolviendo todas y cada una de las cuestiones expuestas, notificándole la resolución que se adopte, con expresión de las acciones que le cabe ejercer en caso de discrepancia con su contenido". 

"Cuando preguntamos, lo hacemos en nuestro propio nombre, en el de nuestros casi mil socios de 40 nacionalidades y pensando en los 30.000 empadronados, los 60.000 residentes y en todos los que nos visitan, porque nos avergüenza lo que vemos y lo que vivimos, no aceptamos las excusas y no nos gusta que nos tomen por tontos", manifiestan desde la organización vecinal.

Ahora, subrayan, han conseguido, entre otras cosas, que el Síndic de Greuges obligue al Ayuntamiento de Orihuela a tener que contestar a la información que se le solicita, "y a tener que hacerlo de verdad, con datos objetivos y verificables y compromisos concretos".

"Justo lo que no hace", insisten. Como ejemplo señalan las respuestas que dio el alcalde, Pepe Vegara, a las dos preguntas que la asociación formuló en el último pleno de noviembre. Como muestra, la contestación del regidor sobre la puesta en marcha de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana: "El Ayuntamiento va a destinar todos los recursos que sean precisos, realizará las inversiones que sean necesarias, los plazos de puesta en servicio serán los más breves posibles y destinará los nuevos recursos humanos de planificación y gestión que sean necesarios", algo que algunos usuarios criticaron al considerar que "el alcalde contesta a los vecinos que preguntamos con esa mezcla de condescendencia y cachondeo".

Según la organización vecinal, "se pone de manifiesto que las decisiones en el Ayuntamiento se toman por ciencia infusa, ya que elaboran una ordenanza y no hacen un solo cálculo de lo que necesitan para poder aplicarla y exigir su cumplimiento. Esto solo puede ser fruto de personas muy poco competentes", concluyeron.

Reclamaciones

El Ayuntamiento, añaden, tampoco ha procedido en el periodo transcurrido del mandato a constituir la comisión especial de sugerencias y reclamaciones, que prevé ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Este órgano debe estar integrado por concejales de los diferentes grupos municipales, con lo que se garantiza la debida participación y representación democrática de los electos locales, y tiene como función la defensa de los derechos de los vecinos, debiendo dar cuenta al pleno municipal anualmente de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal, mediante un informe elaborado al efecto.

Por ello, Unidos por la Costa ha dirigido un escrito al Consistorio en el que solicita que se constituya "de inmediato y a la mayor brevedad", así como la elaboración del informe anual de quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, especificando las sugerencias no admitidas por la Administración municipal en 2023 y 2024.

Por último, exigen tener "respuesta expresa, congruente y motivada sobre si la referida comisión especial de sugerencias y reclamaciones ha sido constituida en el presente mandato corporativo y, en su caso, las causas por las que no haya sido así".