Absueltos cuatro exconcejales del PP de Orihuela acusados de aprobar facturas a Fenoll

La Audiencia Provincial dictamina que aun existiendo irregularidades no queda demostrado que los exediles actuaran de forma arbitraria para favorecer a empresas como Colsur

Contenedores con basura acumulada frente al Ayuntamiento

Contenedores con basura acumulada frente al Ayuntamiento / Tony Sevilla

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha absuelto a los exconcejales del PP Antonio Rodríguez Barberá, Manuel Abadía Martínez, José Antonio Aniorte Grau y Antonio Rodríguez Murcia, acusados de un delito de prevaricación continuada por el que la Fiscalía pedía 12 años y medio de inhabilitación para el desempeño del cargo público de alcalde, teniente de alcalde y concejal.

Los hechos, que fueron a juicio en febrero del año pasado, se remontan a 2008, cuando era alcaldesa Mónica Lorente, por el pago de varias facturas a Colsur y Proambiente por la recogida de basuras y la limpieza de playas. En todos los casos, el abono se produjo con el reparo del interventor, en ese momento Javier Cifuentes.

El servicio se adjudicó a estas dos empresas por el plazo de un año, a la primera en 1992 y a la segunda en 1996. Desde entonces, no se había producido una nueva licitación, sino que se prorrogó sine die, siendo una práctica habitual seguir encargándoles estos servicios pero sin contrato.

Desde el año 2000 se intentaron hasta tres licitaciones, quedando desiertas, llevando a la municipalización del servicio, con medios propios del Ayuntamiento, en 2012.

Los exconcejales juzgados alegaron que mientras tanto ellos no se encargaban de buscar a ninguna empresa, sino que se limitaban a hacer lo que ya se venía haciendo cuando llegaron al Ayuntamiento, que era acatar lo que llegaba desde el área técnica de Contratación, en aquel momento dirigida por Antonio Garví.

Antonia Moreno, que desde mayo de 2007 era concejala del grupo socialista, interpuso una denuncia en noviembre de 2008 manifestando que en la junta de gobierno se pagaban facturas con reparos de Intervención, sin contrato, a dedo, sin licitación previa y sin visos de que cesara, a entre otras empresas Colsur, de Ángel Fenoll, magnate de las basuras de la Vega Baja y cabecilla del caso Brugal.

El servicio de los residuos sólidos urbanos se prestó durante años sin contrato a la espera de una licitación que cuando se hizo estuvo bajo sospecha de amaño, lo que dio inicio a la investigación de la trama Brugal, el mayor caso de corrupción que se ha llevado a juicio en la provincia y cuyos 34 acusados aún están pendientes de sentencia.

Derivado del relato de hechos probados, dice la sala, se constata que en las juntas de gobierno local se aprobó por unanimidad de los asistentes un gran número de facturas, como requisito previo para el pago, con un elemento común, los reparos del interventor por incumplir la Ley de Contratos, al no existir contrato, lo que implicó la imposibilidad de fiscalización previa, si bien en los informes se indicaba que lo más prudente, considerando que todos y cada uno de los servicios, obras y suministros habían sido prestados de forma efectiva y a satisfacción del Ayuntamiento, era ordenar el pago. 

De hecho, Cifuentes explicó que se formuló reparo como expresión de un desacuerdo en la aprobación de facturas. Si bien existía crédito presupuestario suficiente y habían sido prestados los servicios, por lo que se debían abonar. De lo contrario, se produciría un enriquecimiento sin causa por parte del Ayuntamiento. 

Un servicio esencial

Además, se constató que Garví emitió un informe en el que se decía que la recogida de basuras era un servicio básico y esencial, por lo que se debía seguir realizando y pagando las facturas.

Existió irregularidad administrativa, continúa la sentencia, porque las juntas de gobierno acordaron el pago de facturas pese al reparo del interventor, pero el servicio prestado era esencial y básico, se prestó y se abonó bajo la teoría del enriquecimiento injusto. Si el proveedor no hubiera cobrado y hubiera acudido al Juzgado de lo Contencioso, el Ayuntamiento hubiera sido condenado. 

A todo ello, añade la sala, se unió la escasa capacidad del departamento de Contratación, siendo calificado de precario para el volumen de asuntos por Cifuentes; el secretario, Virgilio Estremera, y el técnico Arturo López.

Cuando Estremera llegó al Ayuntamiento, también en 2008, implantó el informe jurídico previo a la adopción de acuerdos. Hasta ese momento, la asesoría jurídica la asumía el responsable de Contratación. Según el propio secretario, la práctica de pago con reparos se producía, pero había voluntad de sacar el contrato. Sin embargo, el departamento de Contratación estaba muy limitado por la falta de personal, lo que no permitía el impulso de los expedientes de contratación.

Fraccionamiento de contratos

Este proceso también ha investigado el fraccionamiento de contratos menores en algunas obras y alumbrado, algo que, según la sentencia, no ha quedado acreditado. Ahora el procedimiento negociado, en el que se invita a tres empresas a concurrir en un servicio, se ha ido limitando y es el excepcional, pero en aquel tiempo era frecuente.

La sala ha concluido que, aun cuando existen irregularidades administrativas, no ha quedado probado que la actuación de los exconcejales fuera arbitraria, a sabiendas de su ilegalidad, para favorecer a ciertas empresas como Colsur y Proambiente, que, por otro lado, eran las que venían prestando el servicio.

Gestión de las basuras

En estos momento, el Ayuntamiento ha adjudicado a una empresa un estudio, por 9.600 euros, para determinar la gestión de las basuras. La idea del equipo de gobierno es realizar una encomienda de gestión a la mercantil municipal Servicios de Gestión Mediambiental (antigua Surpal), cuyo gerente es el exconcejal popular Dámaso Aparicio. Antes de elevar este encargo a pleno, se va a realizar este estudio técnico y económico que evalúe la viabilidad de gestionar los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Esto surge ante de la necesidad de analizar alternativas a la actual prestación directa, que, según los técnicos municipales, presenta importantes deficiencias. La gestión, asumida de forma excepcional y provisional en 2012 tras la resolución del contrato con la anterior adjudicataria vinculada a la familia Fenoll, continúa operando en condiciones que se califican de "obsoletas y deficitarias". No en vano, las condiciones actuales del servicio y su dimensión fueron planificadas para el tamaño poblacional que tenía Orihuela en 2008. No se descarta que en un futuro se abra la puerta a capital privado.

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