La empresa del mantenimiento de los viales de Orihuela Costa descarta prorrogar el contrato
El Ayuntamiento prevé que la empresa municipal Ildo asuma la gestión con un presupuesto de un millón de euros

Uno de los numerosos socavones que hay en los viales del litoral oriolano / Tony Sevilla
A una semana de que finalice el contrato de mantenimiento de viales en Orihuela Costa, el próximo día 31, el Ayuntamiento estudia la forma de gestión para dar continuidad al servicio. La adjudicataria, la oriolana Zaplana Caselles, venía prestándolo desde 2020 con un contrato de 766.136 euros anuales durante cuatro años más la prórroga que se hizo el año pasado. Había posibilidad de extenderlo por un año más, algo que ha estado negociando con el Consistorio, pero finalmente ha decidido no hacerlo, en gran parte, por la deuda que la Administración mantiene con la mercantil, con impagos que suman más de 500.000 euros.
Ante esta situación el Ayuntamiento está estudiando dos alternativas, que pasan por una nueva licitación o por un encargo a una empresa municipal. La primera opción conlleva estar sin contrato hasta un año por la cantidad de trámites que acarrea. Si estuviera decidido a ello, hubiera iniciado un expediente de contratación para no dejar al descubierto la prestación. Todo apunta a la segunda opción, que pasa por municipalizar el servicio con una encomienda de gestión a Ildo, como ya se ha hecho con el mantenimiento de las zonas verdes del litoral, una medida que se tomó incluso cuando ya estaba en marcha la adjudicación y varias empresas habían presentado sus ofertas. Con todo, este caso también conlleva un plazo para el informe de Secretaría, la lista de precios y que la propuesta pase por el pleno.
De momento, hay presupuestado un millón de euros, lo que supone un incremento de 400.000 euros. Una vez realizado el encargo, el Ayuntamiento tendría que inyectar un crédito extraordinario a Ildo, una empresa municipal que, por otro lado, con su actual actividad tendría pérdidas de más de 300.000 euros si no fuera por la subvención que recibe de Labora por emplear a personas con discapacidad.
Esto, a su vez, acabaría con otro de los inconvenientes que ha arrastrado la contrata, la falta de materiales, incluso de asfalto, porque la licitación para el suministro quedó desierta en junio de 2023 y no se inició otro proceso para solventarlo, ya que Ildo los podría adquirir sin problemas.
Mientras, los 20 empleados que dependen de este contrato están a la espera de si el Consistorio los subrogará.
Impagos
El Ayuntamiento lleva desde abril sin abonar las facturas por los servicios prestados, a falta de la firma del técnico responsable. Uno de los motivos es que a raíz de que se prorrogara el contrato hace un año, se produjo una cascada de informes técnicos que señalaban errores en el importe de la contrata e incumplimientos por parte de la adjudicataria.
Tampoco figuraba en el expediente el escrito de propuesta de mejoras que, en caso de activarse cualquiera de las prórrogas previstas, debía aportar el contratista ni la imposición de penalidades económicas hacia la mercantil, pese al incumplimiento en la ejecución del contrato por no haber realizado las instalaciones fijas prometidas en la oferta con la que logró hacerse con el contrato.
La adjudicataria debía haber puesto a disposición del Ayuntamiento una nave, almacén o local con cabida suficiente para el depósito de los vehículos y la maquinaria que a la finalización del contrato deben revertir al Consistorio, algo que ha quedado constatado en varios informes desde al menos noviembre de 2021.
En el mandato de PP y Ciudadanos, hubo constantes discusiones en las juntas de gobierno a cuenta del pago de las facturas, con los populares votando a favor y la formación naranja en contra aduciendo incumplimiento de contrato. Así, la demora en los pagos por los trabajos realizados fue una constante en el periodo en el que la Concejalía de Infraestructuras estaba en manos de Ciudadanos.
Prevaricación
Ya en febrero de 2022, un informe de la concejalía hablaba de penalizar a la empresa descontando 3.000 euros mensuales hasta que subsanase las deficiencias detectadas. La adjudicataria, por su parte, sostenía que era un intento más de asfixiarla económicamente, señalando directamente al entonces concejal, Ángel Noguera (Cs), acusándole de "obstaculizar y hasta boicotear" el contrato por "animadversión".
Hace unos días, se ha abierto juicio oral al exedil, al que Anticorrupción le pide 14 años de inhabilitación por prevaricación. La Fiscalía lo acusa de bloquear el pago pese a que las facturas contaban con la aprobación previa de los técnicos responsables supervisores del contrato tras comprobar que los servicios se habían prestado de forma efectiva.
Noguera rechazó firmarlas durante dos años y ocho meses -entre febrero de 2020 y noviembre de 2022-, una decisión que suponía paralizar todo el procedimiento de pago de los trabajos mensuales del proveedor.
Quejas vecinales
Se trata de un servicio esencial en el litoral a la hora de mantener unas condiciones mínimas de conservación, en especial, en las calzadas, adoquines y aceras.
Mientras, los vecinos ven sus calles como un queso gruyere. El mal estado de los viales es uno de los asuntos que acaparan más quejas por parte de la ciudadanía, que ha demandado por activa y por pasiva la renovación de asfaltado y acerado, con actuaciones completas que no se limiten únicamente a parchear, hasta el punto de que algunos residentes han decidido autoasfaltar sus calles.
Una de las últimas críticas se ha centrado en la calle Pavo Real, la carretera de acceso al IES Playa Flamenca, donde los agujeros se han convertido en socavones infranqueables tanto para los coches como para las bicis y patinetes de los escolares que intentan acceder al centro cada día. Con la particularidad de que este vial atraviesa suelo privado, algo en lo que se escuda el Ayuntamiento para no intervenir.

Estado de la carretera de acceso al IES Playa Flamenca / Información
El balance que hace la asociación vecinal Unidos por la Costa de estos cinco años de contrata es que la empresa "ha hecho un trabajo manifiestamente mejorable". Las calles siguen teniendo muchos baches que se rellenan con tierra y a veces con cemento y señales de tráfico verticales y horizontales muy deterioradas.
Ahora bien, la organización lo atribuye a "la deficiente gestión por parte del Ayuntamiento, que en esta última etapa corresponde al concejal de Costa, Manuel Mestre", que es quien tiene el cometido de gestionar todos los contratos del litoral. También imputa a esta concejalía el que la empresa no haya tenido materiales. "Debe dar explicaciones de las causas de que el balance de la ejecución de actuaciones de la contrata no haya sido el que todos los vecinos queríamos", concluye.
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