En el aire el mantenimiento de viales en Orihuela Costa y sus trabajadores a dos días de que acabe el contrato

A dos días de que se acabe el contrato de mantenimiento de los viales de Orihuela Costa, el servicio está en el aire y también el destino de los empleados que hasta ahora acometían los trabajos desde hace cinco años.

Una veintena de trabajadores ha recibido como un jarro de agua fría que el Ayuntamiento no los subrogará. Según explican, hasta ahora se les había informado de que continuarían su trabajo a través de la empresa municipal Ildo, que asumiría la gestión. Ahora los planes han cambiado y todo apunta a que el Consistorio se decanta por una nueva licitación. En cualquier caso, lo peor, apuntan, es que el Ayuntamiento, una vez más, no se ha adelantado, a pesar de que la adjudicataria le comunicó en octubre la resolución del contrato por incumplimiento por parte de la Administración, que lleva sin abril sin abonar las facturas, con impagos que ya suman más de 500.000 euros.

La empresa del mantenimiento de los viales de Orihuela Costa descarta prorrogar el contrato

Así, a 48 horas de que acabe el servicio, en una zona en la que son constantes las quejas vecinales por el mal estado de las calles y señales que se caen prácticamente a diario, los trabajadores no descartan movilizaciones y abogan por una salida similar a lo que ocurrió con el mantenimiento de las instalaciones deportivas después de que la concesionaria del servicio desde 2017, Clequali, comunicara el cese de los servicios al encontrarse en situación concursal, con una precaria situación financiera.

Ante la urgencia de la situación, que derivó en el cierre de las instalaciones deportivas, el Ayuntamiento optó en octubre por un contrato de emergencia para garantizar la prestación, con un presupuesto de 2.411.209 euros y en vigor hasta la adjudicación definitiva de la nueva empresa, que salió a licitación en septiembre con un montante de 12,3 millones.

Los 130 empleados en ese caso fueron subrogados a la empresa que se hizo con el contrato de emergencia y después a la que se adjudique el contrato definitivo.

Este tipo de contratos, que acortan los plazos administrativos, están previstos para servicios esenciales. El mantenimiento de viales es un servicio esencial en el litoral a la hora de mantener unas condiciones mínimas de conservación, en especial, en las calzadas, adoquines y aceras.

Con todo, el resultado no ha sido el esperado, en parte por la falta de materiales, incluso de asfalto, porque la licitación para el suministro quedó desierta en junio de 2023 y no se inició otro proceso para solventar el problema.

El mal estado de los viales es uno de los asuntos que acaparan más quejas por parte de la ciudadanía, que ha demandado por activa y por pasiva la renovación de asfaltado y acerado, con actuaciones completas que no se limiten únicamente a parchear, hasta el punto de que algunos residentes han decidido autoasfaltar sus calles ante la inacción del Ayuntamiento, que se ha limitado a rellenar baches con tierra y hasta con cemento.

Por su parte, la empresa del mantenimiento de los viales, la oriolana Zaplana Caselles, ha descartado prorrogar un año más el contrato de 766.136 euros anuales y tampoco está por la labor de seguir prestando el servicio sin contrato hasta una nueva licitación, puesto que las negociaciones con el Ayuntamiento no han llegado a buen puerto y la mercantil considera que lo haría a pérdidas al no actualizarse el listado de precios en los últimos cinco años.

Incumplimientos

Sin olvidar que de esta forma da carpetazo al calvario vivido desde el inicio de la contrata, con continuos impagos que en dos ocasiones derivó en movilizaciones por parte de los trabajadores que finalmente se desconvocaron por el abono in extremis de las facturas. Las deudas y el cruce de acusaciones entre la mercantil y la Administración han marcado este tiempo. La demora en los pagos por los trabajos realizados fue una constante en el periodo en el que la Concejalía de Infraestructuras estaba en manos de la formación naranja, escudándose en un incumplimiento por parte de la empresa al no tener una nave para guardar la maquinaria que una vez extinguido el contrato debe devolverse, algo que hizo que la concejala de Contratación, Mónica Pastor (PP), resolviera el año pasado imponer penalidades por incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, que corresponde un 5% del valor de la contrata: 126.634 euros.

Por su parte, la adjudicataria ha sostenido que estas deficiencias detectadas eran un intento más de asfixiarla económicamente, señalando directamente al entonces concejal, Ángel Noguera (Ciudadanos), de "obstaculizar y hasta boicotear" el contrato por "animadversión". Noguera tuvo que declarar en junio del año pasado como investigado por presunta prevaricación 

Hace unos días, se ha abierto juicio oral al exedil, al que Anticorrupción le pide 14 años de inhabilitación por prevaricación. La Fiscalía lo acusa de bloquear el pago pese a que las facturas contaban con la aprobación previa de los técnicos responsables supervisores del contrato tras comprobar que los servicios se habían prestado de forma efectiva.

Noguera rechazó firmarlas durante dos años y ocho meses -entre febrero de 2020 y noviembre de 2022-, una decisión que suponía paralizar todo el procedimiento de pago de los trabajos mensuales del proveedor.

La prestación al descubierto

Mientras, el Ayuntamiento estudia la forma de gestión para dar continuidad al servicio, con una nueva licitación o un encargo a una empresa municipal. Hasta ahora, se decantaba por municipalizar el servicio con una encomienda de gestión a Ildo, como ya se ha hecho con el mantenimiento de las zonas verdes del litoral, una medida que se tomó incluso cuando ya estaba en marcha la adjudicación y varias empresas habían presentado sus ofertas. Una opción que ha sido descartada a raíz de un reciente informe de Secretaría, por lo que gana peso la opción de licitar un nuevo contrato, algo que conllevaría meses de tramitación.

De momento, hay presupuestado un millón de euros, lo que supone un incremento de 400.000 euros.