La Plataforma en Defensa de la Cruz de Callosa pide que se exponga y el tripartito abre la puerta al diálogo

La plataforma ciudadana en Defensa de la Cruz vuelve a la carga cuando se cumplen siete años desde que el monumento se retiró de la plaza de España de Callosa de Segura, en una polémica decisión que tomó el gobierno municipal, entonces formado por PSOE, IU y Somos Callosa, amparándose en la Ley de Memoria Histórica, ya que incluía en un pedestal una inscripción con los nombres de 81 callosinos ligados al Bando Nacional caídos en la Guerra Civil.

Desde entonces permanece en una sala del Museo del Cáñamo, aunque no está expuesta al público. Ahora, la plataforma hace una propuesta clara al actual tripartito, conformado por PSOE, la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y Esquerra Unida: que la cruz sea expuesta nuevamente en un lugar público, ya sea en su ubicación original o en otro emplazamiento, "respetando la ley y promoviendo la convivencia entre todos los ciudadanos", insistiendo en que "esta acción sea un símbolo de armonía social, donde los ciudadanos de Callosa puedan sentirse representados y unidos por un bien común, sin divisiones ni conflictos". Al mismo tiempo, la plataforma hace un llamamiento a los callosinos para apoyar esta propuesta que definen como "un paso importante para fortalecer nuestra convivencia y restaurar un símbolo que tiene un gran valor cultural y espiritual para nuestra localidad".

Así, instan a la alcaldesa del municipio, Amparo Serrano (PSOE), y a toda la Corporación a buscar soluciones dialogadas entre las partes para "cerrar las heridas del pasado y avanzar hacia la reconciliación".

Además, basan su petición en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha fallado que las cruces que no contienen inscripciones conmemorativas ni exaltan la Guerra Civil o la época de Franco no pueden incluirse en el catálogo de vestigios elaborado por la Generalitat Valenciana en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, lo que suponía que se pudieran retirar en aplicación de esa normativa, "una decisión que recurrimos en su día y que hoy nos da la razón", argumenta la plataforma, para la que esta resolución jurídica es "un avance fundamental", ya que "cierra la opción de retirar aquellas cruces que están en peligro a lo largo de la geografía española y abre la posibilidad de recuperar la Cruz de Callosa, que forma parte de nuestra historia religiosa y cultural sin contravenir la normativa vigente". 

Hay que recordar que la Parroquia San Martín Obispo interpuso una demanda en 2017, antes de que el pleno municipal acordara suprimir las placas conmemorativas al tratarse de un objeto de exaltación colectiva de la Guerra Civil prohibido por la Ley de Memoria Histórica. Aunque la Iglesia solicitó entonces la paralización cautelar, tras varios meses de polémica, el Ayuntamiento retiró el monolito en enero de 2018. Después, el TSJCV desestimó el 2 de febrero de 2018 el recurso de apelación interpuesto por la plataforma ciudadana en Defensa de la Cruz, autorizando a que la Administración pudiera terminar con el desmantelamiento del pedestal.

A finales del año pasado, la Audiencia Provincial desestimaba el recurso de apelación interpuesto por la parroquia contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2023, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Orihuela, que ratificaba que la Iglesia es la propietaria de la cruz, pero no del suelo urbano de 29 metros cuadrados donde se encontraba en la plaza, así como la pretensión de condenar al Consistorio a no obstaculizar su ubicación en ese espacio.

Tras esta nueva sentencia que mantiene la titularidad pública del suelo de la plaza de España, mientras que la propiedad del monumento de la Cruz de los Caídos, tal y como se reconocía en primera instancia, pertenece a la Parroquia de San Martín Obispo, la alcaldesa manifestó a este periódico que correspondía al Obispado de Orihuela-Alicante decidir, dada su propiedad, poder plantear posibles usos o destinos para el monumento, en colaboración o no con el Ayuntamiento, quedando a la espera de las posibles propuestas del Obispado.

Posición del Ayuntamiento

Ahora, Serrano reitera que la Alcaldía está abierta a recibir a cualquier persona y escuchar sus propuestas. Pero, por el momento, asegura, "no me han solicitado ninguna reunión ni he recibido ningún tipo de petición por esta plataforma ni por cualquier otro grupo en este tema", insistiendo en que "vayan por delante las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y del TSJCV sobre la propiedad pública de la plaza de España".

Su socio de gobierno, Javier Pérez, portavoz de UCIN y exalcalde de Callosa por el PP durante trece años, se mostró contrario a la retirada de la cruz. De hecho, recuerda que él mismo promovió en su día la constitución de la plataforma y que incluso interpuso la primera denuncia de toda una avalancha que siguió después para evitar que se retirara la cruz de la plaza. Con todo, manifiesta que la reciente sentencia sobre las cruces llega tarde para Callosa.

Después de una lucha judicial hasta la extenuación, los jueces han avalado la decisión que se tomó en su día. Por ello, Pérez ahora aboga por un diálogo con la institución eclesiástica, que es la propietaria, para exponerla en un lugar público, pero no devolverla a su emplazamiento original, porque así lo determinó la justicia.

Hace solo unos días, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas presentaba una proposición no de ley (PNL) para que el Consell proteja la Cruz de los Caídos en aplicación de la Ley de Concordia y colabore con el Ayuntamiento en su restauración como patrimonio histórico de la Comunidad Valenciana y su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural), haciendo, además, un reconocimiento a la plataforma ciudadana y especialmente a la vecina Teresa Agulló que, desde el 10 de marzo de 2018 y hasta su fallecimiento, siguió una rutina: a las 19:30 horas salía de misa, subía a su casa y encendía un foco que proyectaba sobre la fachada de la iglesia una cruz idéntica al monumento. La Policía Local le puso una multa de 100 euros por ello.