LOS MONTESINOS
El alcalde de Los Montesinos Butrón y la diputada Juárez esquivan el juicio en el TSJCV y la causa vuelve a los juzgados de Torrevieja
El Tribunal acepta la nulidad de parte de las actuaciones solicitada por las defensas y Butrón y dos imputados más deberán declarar de nuevo en el juzgado de Instrucción
La Fiscalía suma el delito de prevaricación al de acoso para el caso de la teniente alcalde y diputada autonómica Ana Belén Juárez

Ayuntamiento de Los Montesinos en una imagen de archivo / Tony Sevilla
José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos y la teniente alcalde del municipio y diputada autonómica, Ana Belén Juárez, han esquivado el juicio señalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el momento en el que la sala había iniciado las sesiones de cuestiones previas.
La causa, en la que se acusa a ambos de un delito de acoso laboral y -ahora también en el caso de Ana Belén Juárez-, de prevaricación, vuelve al juzgado de Torrevieja que abrió la causa hace ahora más de 14 años.
Retraso
Butrón y su teniente de alcalde logran de esta forma retrasar el proceso judicial, quizá durante años y con probabilidad de que sea finalmente archivado. Antes, el alcalde deberá comparecer de nuevo para declarar como imputado en el Palacio de Justicia torrevejense.
La defensa del regidor montesinero solicitó el pasado 21 de enero ante el TSJCV que la causa volviese al Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja al esgrimir un fallo de procedimiento. En concreto porque no se le había tomado declaración como imputado por hechos ocurridos con posterioridad a la denuncia en 2012.
Prescripción
Por su parte, la diputada Ana Belén Juárez Pastor, cuyo aforamiento retrasó el juicio ya señalado en la Audiencia Provincial y lo elevó al TSJCV, solicitó la prescripción del delito de acoso laboral. La Fiscalía se opuso y amplió su acusación que pasa a ser de acoso a «acoso y prevaricación».
Tanto la acusación particular, del funcionario que denunció los hechos, como el Ministerio Fiscal se opusieron a las nulidades reclamadas por Butrón y Juárez. Por otra parte, la petición de acusación por el delito de cohecho, que mantenía el funcionario denunciante, también se ha descolgado del procedimiento.
Nulidad parcial
El tribunal resolvió finalmente el rechazo de la prescripción de los delitos para el caso de Juárez. Y, por otra parte, acabó aceptando una nulidad parcial de actuaciones, así como la petición de Butrón para que el proceso vuelva al juzgado de la magistrada decana Juana López Hoyos, el de Instrucción 2 de Torrevieja, con el objetivo de que se le tome declaración tanto a él como al secretario e ingeniero imputados por los hechos posteriores a 2012.
Como es habitual el primer edil, que lo es desde 1993 con sucesivas mayorías absolutas, no ha hecho pública esta resolución. Se ha limitado a sugerir que todo el procedimiento se ha archivado. Algo que no se corresponde con la realidad todavía. Sí que ha aludido en sesiones plenarias anteriores a que está «sufriendo un calvario judicial». Aunque su estrategia legal durante estos años de procedimiento ha sido precisamente la de alargarlo para evitar pasar por el banquillo de los acusados.
Los hechos
El jefe de Urbanismo de Los Montesinos denunció ante el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en marzo de 2012 supuestas irregularidades en la gestión urbanística, con denuncias que fueron archivadas, y desde ese momento, según el Ministerio Público, «los acusados actuando conjuntamente procedieron a desplegar una actividad de represalia y violencia psicológica».

José Manuel Butrón y Ana Belén Juárez en una imagen de archivo / INFORMACIÓN
En concreto el jefe de Urbanismo denunció que el regidor socialista supuestamente le ofreció un aumento de sueldo por silenciar irregularidades urbanísticas y le abrió varios expedientes cuando se negó.
Prevaricación
La prevaricación, también según la acusación particular consistió en que, presuntamente, los cuatro acusados alteraron «arbitrariamente el procedimiento administrativo para la apertura y tramitación de expedientes sancionadores; concertando la eliminación del informe preceptivo del secretario/técnico de personal y su sustitución por el informe de un letrado externo que, además, era el abogado de otro de los acusados».
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