El Ayuntamiento asumirá con medios propios el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa
El concejal Víctor Valverde confirma que el servicio se va a prestar de manera directa a través de una empresa municipal en lugar de una adjudicataria y que los trabajadores serán subrogados

Una calle de Orihuela Costa con el pavimento deteriorado / Tony Sevilla
La empresa que prestaba sus servicios en el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa ha finalizado este lunes su contrato con el Ayuntamiento, una vez rechazada la prórroga por un año más y la posibilidad de que continuara sin contrato mientras que se licitaba un nuevo pliego, como adelantó este periódico.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido que el servicio se va a prestar de manera directa a través de una empresa municipal, según ha avanzado este martes el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, que también ha explicado que es la propuesta que hay sobre la mesa desde el lunes por la mañana "para andar todos los pasos y que en lo más breve posible la Costa vuelva a tener su servicio de mantenimiento".
Todo ello, pese a que la mercantil, la oriolana Zaplana Caselles, ya comunicó en octubre al Consistorio la resolución del contrato por impagos que superan los 500.000 euros, ya que no se le abonan las facturas desde abril.
En un primer momento, el equipo de gobierno barajó la posibilidad de una nueva licitación, aunque acabó decantándose por la empresa pública Ildo, aunque un informe de Secretaría rechazó esta propuesta.
Ahora, "se está valorando con qué empresa de las que tiene el Ayuntamiento se puede asumir el servicio para preparar todos los informes necesarios", según apuntan fuentes municipales. Por tanto, se prevé que el servicio se prestará con medios propios en lugar de adjudicarlo a una empresa externa, al igual que ya hizo con el contrato de mantenimiento de las zonas verdes del litoral, pese a que la licitación en ese caso ya estaba en marcha. De momento, hay presupuestado un millón de euros, lo que supone un incremento de 400.000 euros.
Mientras, la Costa se ha quedado sin un servicio esencial para sus vecinos que incluye el mantenimiento de calzadas, aceras, señalización vial, infraestructuras públicas y abastecimiento de agua para los lavapiés de las playas. Precisamente, la mejora del asfaltado de las calles es uno de los principales reclamos vecinales. Sin olvidar que un mantenimiento deficitario puede acarrear una cascada de reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial contra el Consistorio oriolano.

Algunos de los trabajadores del servicio reclamando al Ayuntamiento la subrogación / Información
Y al mismo tiempo, la veintena de trabajadores que se dedicaban a estas labores se han quedado en la calle. En los últimos días, han reclamado al Ayuntamiento una salida digna con un contrato de emergencia para garantizar su continuidad y la de la prestación, una medida similar a la que tomó el Consistorio tras el abandono de Clequali en el servicio de las instalaciones deportivas. Así, habían colocado carteles en las furgonetas en los que se podía leer: "Exigimos un contrato de emergencia. Veinte familias nos quedamos en la calle. Exigimos la subrogación por parte del Ayuntamiento. Es nuestro derecho".

Carteles en las furgonetas del servicio / Información
En este sentido, Valverde ha avanzado este martes que "se contempla, por supuesto, la subrogación de los trabajadores" para que continúen en la empresa municipal que finalmente preste el servicio.
Zaplana Caselles prestaba el servicio desde 2020 con un contrato de 766.136 euros anuales. El resultado en este tiempo tampoco ha sido el esperado por la falta de materiales, incluso de asfalto, porque la licitación para el suministro quedó desierta en junio de 2023 y no se inició otro proceso para solventar el problema.
Las deudas y el cruce de acusaciones entre la mercantil y la Administración han marcado la contrata. La demora en los pagos por los trabajos realizados fue una constante en el periodo en el que la Concejalía de Infraestructuras estaba en manos de la formación naranja, escudándose en un incumplimiento por parte de la empresa al no tener una nave para guardar la maquinaria que una vez extinguido el contrato debe devolverse, algo que hizo que la concejala de Contratación, Mónica Pastor (PP), resolviera el año pasado imponer penalidades por incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, que corresponde un 5% del valor de la contrata: 126.634 euros.
Por su parte, la adjudicataria ha sostenido que estas deficiencias detectadas eran un intento más de asfixiarla económicamente, señalando directamente al entonces concejal, Ángel Noguera (Ciudadanos), de "obstaculizar y hasta boicotear" el contrato por "animadversión". Noguera tuvo que declarar en junio del año pasado como investigado por presunta prevaricación
Hace poco se abrió juicio oral al exedil, al que Anticorrupción le pide 14 años de inhabilitación por prevaricación. La Fiscalía lo acusa de bloquear el pago pese a que las facturas contaban con la aprobación previa de los técnicos responsables supervisores del contrato tras comprobar que los servicios se habían prestado de forma efectiva.
Noguera rechazó firmarlas durante dos años y ocho meses -entre febrero de 2020 y noviembre de 2022-, una decisión que suponía paralizar todo el procedimiento de pago de los trabajos mensuales del proveedor.
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