El Tribunal Constitucional ampara a un policía local de Torrevieja acosado por los mandos tras denunciar irregularidades y responsabiliza al Ayuntamiento

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga ha estimado por unanimidad un recurso de amparo interpuesto por un policía local de Torrevieja que denunció acoso laboral por parte de los mandos. Condena en firme al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 95.816 euros, más intereses de demora desde 2016, por omitir cualquier investigación y hostigar al agente. Aquí la sentencia.

El Tribunal considera vulnerado su derecho a la integridad física y moral, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, por el acoso laboral sufrido entre abril de 2013 y septiembre de 2016, tras denunciar a algunos de sus compañeros por irregularidades en lo relativo a la falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas y a la realización de inspecciones selectivas en locales de ocio.

El acoso

Le cambiaron turnos sin avisar, le denegaron vacaciones, le impusieron turnos sin el descanso obligatorio, se le retiró el arma reglamentaria de su armero y hasta se alertó a Tráfico de que era posible que hubiera perdido las facultades para conducir. También se le denegó la paga extraordinaria y otros emolumentos, se airearon escritos humillantes dirigidos a él y se le retiraron las ayudas escolares.

Según varios testigos, se le sometió a situaciones denigrantes, se le insultaba casi a diario y delante de todo el mundo por parte de algunos mandos y policías en la propia Jefatura. Y nadie hizo nada. Algo que ahora prueba finalmente el Tribunal Constitucional.

El agente, que tuvo que dejar la plantilla de la Policía Local de Torrevieja para trasladarse a otro destino, inició la batalla judicial hace ocho años. Su demanda fue estimada en el juzgado de Primera Instancia -que es además la que reproduce el TC-.

El Ayuntamiento de Torrevieja la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó ese recurso. El agente apeló entonces ante el Tribunal Supremo, que la desestimó. Pero insistió en la vía judicial pese a tener que hacer frente a más de 10.000 euros en costas.

Finalmente, el Constitucional le ha dado la razón en firme.

El policía local ha estado respaldado desde el primer momento por la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, que todavía le mantiene su condición de protección como denunciante.

Con esta sentencia el Ayuntamiento suma ya 200.000 euros en costes por casos de acoso laboral a siete policías locales en los últimos quince años.

Dolón y Esteve no cumplieron, y el TSJCV, tampoco

La sentencia de amparo imputa la vulneración de derechos del agente al Ayuntamiento de Torrevieja, entonces bajo el primer mandato del alcalde y diputado autonómico Eduardo Dolón, y siendo Agustina Esteve -actual delegada del Consell en Alicante-, la concejala de Seguridad de su equipo de gobierno, por su conducta "omisiva de prevenir, investigar y sancionar las actuaciones de acoso de sus empleados públicos y la de hostigamiento que desarrolló institucionalmente contra el demandante". Además, en la demanda se señalaba a un extécnico de Recursos Humanos, a un exinspector y al actual comisario jefe de la Policía, Vicente Gutiérrez Sola, como responsables.

De ahí el daño moral y la indemnización. Del fallo no se derivan responsabilidades penales porque no era el objeto del procedimiento, que era una demanda administrativa.

También responsabiliza el Constitucional a la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "por el incumplimiento de su deber de control judicial de estos derechos, al no aplicar correctamente la jurisprudencia constitucional sobre el desplazamiento de la carga probatoria en su protección".

La Sala Primera toma como fundamento los hechos declarados probados en la vía judicial previa.

En paralelo

Entre estos hechos, se exponía la existencia de una denuncia penal previa del demandante contra algunos de los miembros de la Policía Local -que en algunos casos han derivado en condenas con penas de prisión- y el desarrollo, coincidente con esa decisión, de una serie de actuaciones sostenidas y reiteradas en el tiempo de hostigamiento hacia su persona e intereses laborales protagonizadas por sus compañeros o superiores, entre otros a los que había denunciado, o por la propia administración local en el ejercicio de sus competencias.

Situaciones de acoso

Asimismo, se exponía el conocimiento efectivo que tenía el Ayuntamiento de la reiteración de situaciones de acoso producidas en la Policía Local, que incluso se encontraban judicializadas, y la relevante incidencia que estas conductas tuvieron en la salud física y mental del demandante.

La sentencia afirma que, ante este panorama indiciario, era necesario que el Ayuntamiento "hubiera desvirtuado tales indicios, acreditando que su actuación era ajena a cualquier intención vejatoria, lo que no se verificó en este caso".

El equipo de Gobierno del Partido Popular no se pronunció sobre esta sentencia difundido por el departamento de Comunicación del Tribunal Constitucional en todo el país. El Ayuntamiento torrevejense suma, con esta, seis condenas en firme por acoso de mandos a policías locales en los últimos quince años que le van a costar a las arcas municipales más de 200.000 euros en indemnizaciones.

Los mismos protagonistas

La sentencia en primera instancia que reproduce el TC señala que el consistorio siendo consciente «de los numerosos procesos judiciales por la misma causa -la de acoso laboral a policías locales- en los que curiosamente han intervenido como instigadores o consentidores casi siempre las mismas personas, ha actuado con una desidia y dejadez absoluta a la hora de adoptar medidas para acabar con esa situación».