Unos 70 hosteleros de Guardamar se niegan a retirar los cerramientos de las terrazas y aseguran que solo lo harán si lo autoriza un juez

La denominada "Plataforma de afectados por el reglamento para la ocupación de la vía pública en los comercios de Guardamar del Segura" anunció ayer que solo retirarán tarimas y cerramientos de la vía pública como dispone la ordenanza municipal si les obliga un juez. Anuncia, además, que llevará a cabo movilizaciones todos los viernes para reclamar al municipio que modifique la normativa local, aprobada por mayoría en 2022, con un periodo de moratoria de dos años para que los establecimientos se adaptaran que se ha cumplido ahora. En una comunicación anterior este colectivo anunció que los más de 70 hosteleros, aseguran, que rechazan la ordenanza impedirán el acceso del alcalde José Luis Sáez y los miembros de su equipo de gobierno a sus establecimientos como personas "non gratas".

El colectivo teme por el futuro de sus negocios en el momento que se acerca el periodo vacacional de Semana Santa, a mediados de abril, con una gran demanda del turismo residencial.

Mediciones y señalizaciones

En un nuevo comunicado esta plataforma recién creada asegura que el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, "amenaza" a los empresarios a través de sus redes sociales al afirmar que un 55 % de las terrazas tienen todavía sin tramitar su licencia necesaria para contar con la autorización municipal.

"Está enviando al notificador del Ayuntamiento a medir las terrazas y a hacer fotos para dar a entender que están haciendo cosas. También han dicho que van a colocar la señales verticales y horizontales donde están ubicadas las terrazas -las que ya cuentan con esa autorización-, de manera inmediata".

Estos trabajos son los que indica la normativa municipal que se deben llevar a cabo una vez que se ha agotado el periodo de moratoria de dos años que el Ejecutivo local dio de margen al sector para adaptarse a la ordenanza. Guardamar, un municipio con 19.500 habitantes empadronados, cuenta con 132 negocios con terraza que pagan ocupación de vía pública. Aproximadamente el 45 % ya se han adaptado a la ordenanza. Según fuentes municipales los trabajos se están realizando "sin incidencias".

Los miembros de la Plataforma insisten en que "siguen esperando a que el alcalde recapacite y se reúna con ellos”.

Estos hosteleros aseguran que han demostrado que el alcalde socialista José Luis Sáez "ha mentido". A su juicio han "rebatido todos y cada uno de sus argumentos y no hizo caso de nuestras alegaciones presentadas en tiempo y forma, ya que justifica -su rechazo- con base en unos informes técnicos que no son para nada concluyentes para la obtención del beneficio o interés general que pretende a la ciudadanía con su aplicación, sino que deja probado el interés político única y exclusivamente. Algo que sería irresponsable a la par que ilegal por parte del gobierno local".

El alcalde ha aclarado que los hosteleros, efectivamente, registraron durante la elaboración de la ordenanza y tras su aprobación inicial, tal y como recogió INFORMACIÓN, alegaciones en tiempo y forma, pero que fueron los técnicos municipales, los que legalmente deben informarlas, quienes las rechazaron. Desde el punto de vista administrativo no hay otro cauce distinto al que se llevó a cabo para resolver esas alegaciones.

Coacciones y presiones

“Visto que el Ayuntamiento está moviendo ficha y que lejos de acercar posturas, está con sus actuaciones coaccionando y presionando a los empresarios instando a que tramiten sus licencias, para poder, de lo contrario, empezar a poner sanciones, la plataforma ha decidido contratar al prestigioso despacho de Abogados López Graña, para que inicien de forma inmediata las medidas legales oportunas, en aras de conseguir cuanto antes paralizar la ordenanza”.

En este sentido, fuentes del equipo de gobierno han indicado que desde el punto de vista jurídico el recorrido de cualquier acción judicial para suspender la normativa o solicitar medidas cautelares a la hora de que se aplique la retirada de tarimas y cerramientos fijos es, a su juicio, improbable que salga adelante frente a una ordenanza aprobada hace dos años y con dos años de periodo de adaptación.

Los hosteleros consideran que esta situación les deja "en clara desventaja en cuanto a competencia con otros municipios se refiere y se preguntan "¿Dónde llevaría usted a su familia a cenar? ¿A una terraza sin vallas, pasando los coches, que si se despista lo más mínimo se le escapa el niño, o se despista un coche? Se irá a Torrevieja, Santa Pola, La Marina o La Mata… Aún no somos capaces de digerir lo que nos quieren hacer…” , mantienen en un comunicado.

Las mismas fuentes aseguran que solo un juez les obligará a retirar sus tarimas y cerramientos, que es lo que la normativa de Guardamar ordena. Se trata, para el caso de un municipio que vive del turismo residencial, de un texto muy poco habitual orientado a recuperar el espacio público. Ciudades donde la actividad de los negocios de hostelería, como sector económico relevante, es una preferencia sobre el interés general de despejar el espacio que, en palabras de la Alcaldía, debería de ser de todos en el momento que los negocios no están en horario de apertura.

El Ayuntamiento ha comenzado a advertir con sanciones. El final de un procedimiento administrativo cuando se incumplen las ordenanzas es la multa y el decreto de clausura, y su incumplimiento posterior el precinto del establecimiento. En otros municipios, como Torrevieja, han sido las resoluciones judiciales las que, efectivamente, han llevado a cabo los cierres dando la razón al Ayuntamiento.

Vídeo de la protesta de los hosteleros de Guardamar contra la ordenanza que prohíbe tarimas y cerramientos fijos en las terrazas

Acción popular

La plataforma de afectados informa de que se convocará todos los viernes a las 12:00 horas a una concentración y lectura de manifiesto en la plaza del Ayuntamiento a todos los afectados y vecinos que quieran apoyarles o estén en contra de "esta absurda norma" que, en su opinión, tiene en jaque a la hostelería guardamarenca bajo el lema ‘Por unas terrazas dignas y seguras, sí a las tarimas”

Además de la retirada de tarimas y cerramientos fijos -las marquesinas de protección de sillas y mesas-, "sin posibilidad de volver a usarlas" tras las inversiones realizadas por los autónomos y empresas para instalarlas, la ordenanza, asegura la Plataforma, pide la retirada en horario no laboral de cualquier utensilio aunque sea de señalización o protección. Es decir, que jardineras y elementos de mobiliario no ocupen las zonas de aparcamiento y aceras cuando los establecimientos están cerrados.