Juzgan a dos exediles del PP de Callosa de Segura por alterar supuestamente un contrato para el hermano del exalcalde Javier Pérez

Los exconcejales del Partido Popular de Callosa de Segura, Francisco José Rodríguez Bernabé y Manuel Illán Cutillas son juzgados esta semana en el Palacio de Justicia de Orihuela acusados de delitos de fraude, prevaricación y tráfico de influencias por amañar supuestamente, con la ayuda de un funcionario arquitecto técnico municipal y un técnico externo al Ayuntamiento, un concurso para adjudicar un contrato por valor de 91.000 euros (IVA incluido) a una empresa propiedad de Manuel Pérez Trigueros, hermano de Javier Pérez Trigueros.

En 2010, momento en el que ocurrieron los hechos, Javier Pérez era alcalde de Callosa de Segura con las siglas del PP. La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de acusación una pena de dos años y diez meses de cárcel para ambos exregidores y diez mil euros de multa. 

La acusación del Ministerio Público señala que los acusados desplegaron actuaciones en fraude y perjuicio de los intereses municipales «siendo conscientes de lo ilícito de su proceder», y con la única finalidad de beneficiar «injustamente» a la mercantil Análisis y Control de Redes Privadas SL (Anco), propiedad de Manuel Pérez. 

Hace quince años

En 2010 el Ayuntamiento se hizo con una de las subvenciones anticrisis impulsadas por el Consell para poner en marcha una red inalámbrica municipal de acceso controlado a internet en espacios públicos. Pese al elevado importe del suministro, el municipio escogió un procedimiento negociado sin publicidad con carácter de urgencia, una vía totalmente excepcional, en el que se invitó a cuatro empresas. Entre ellas, la que era propiedad del hermano del alcalde. Las propias invitaciones fueron rubricadas por Javier Pérez Trigueros.

Después de que se abrieran los sobres con las ofertas, el 17 de septiembre de 2010, el proyectista del contrato, también acusado en este procedimiento, incorporó al expediente, después de que se conocieran los detalles de las ofertas, un dictamen en el que decía que no resultaba posible ni viable que el plazo de ejecución pudiera reducirse en más de un 50 % del previsto. En el pliego inicial se valoraban con mayor puntuación las propuestas que más acortaran el plazo. Pero con ese cambio sobrevenido no puntuarían las ofertas que lo rebajaran por debajo de los dos meses y medio. 

Así todas las empresas no puntuaron en ese apartado... A excepción de Anco, que proponía un plazo de ejecución de 106 días naturales, 3,5 meses, obteniendo 10 puntos en este aspecto valorativo, «lo que resultó trascendental para conseguir la adjudicación», según la Fiscalía. Y Anco se llevó el contrato, con un informe externo encargado por el presidente de la mesa de Contratación y edil de Urbanismo, Francisco Rodríguez, con la connivencia del edil de Contratación, Manuel Illán, y el arquitecto técnico sin que figurara expresamente un acuerdo de la mesa de contratación y sin que el resto de sus miembros se enterasen.

Perjuicio al erario

La Fiscalía señala que los acusados contravinieron de forma consciente y radical los principios de la legislación sobre contratación en el sector público sobre la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, con lo que, además de actuar de forma arbitraria en la adjudicación del contrato, ocasionaron perjuicio en el erario público. 

El informe pericial que encargó el juzgado cuestiona todo el proceso hasta el punto que sostiene que la citada empresa no sólo no debió ser la mejor valorada, sino que a su juicio era la menos capacitada para poner en marcha la red de internet.

Gobierno con la izquierda

Se da la paradoja de que el asunto llega a juicio por la denuncia impulsada por el equipo de gobierno de izquierdas durante el mandato de 2015-2019, encabezado por el actual concejal Fran Maciá como alcalde del PSOE. Ahora, Javier Pérez Trigueros y la formación que encabeza, el partido independiente UCIN, es el principal sostén del Gobierno tripartito que forma con el PSOE e IU, que desplazó al PP del poder local mediante una moción de censura en agosto de 2024.

Fuera de la mesa

También resulta llamativo del procedimiento que el objetivo de la denuncia fuera el propio Javier Pérez Trigueros y su hermano, Manuel, como propietario de la empresa, pero que el veterano político local, que fue alcalde del PP durante 13 años, no figure como encausado al no formar parte de la mesa de contratación en la que se resolvió el contrato. La propia Fiscalía reconoce que la participación de Javier Pérez Trigueros fue totalmente activa durante la tramitación del expediente de contratación, firmando actas de recepción, asistiendo, presidiendo y ejerciendo su derecho al voto en todas las juntas de gobierno en las que se acordaban cuestiones relativas al contrato, pero no asistió a la mesa de contratación.

Pérez Trigueros, que llegó a ser investigado en la causa «no tuvo intervención en el expediente de contratación irregularmente tramitado, solo en intervención en actos meramente formales o de trámite, pero no en los determinantes de la irregular adjudicación».

Además, el Ayuntamiento, que había denunciado los hechos, retiró su personación como acusación al asumir la alcaldía el PP en 2019. La justificación fue que uno de los investigados tenía como abogado al mismo letrado que entró a trabajar en los servicios jurídicos municipales. La red wifi de 91.000 euros se desplegó, pero no consta que se llegara a activar. 

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