El presunto cabecilla de la trama de venta ilegal de chatarra en Orihuela se acoge a su derecho a no declarar

Segundo intento frustrado para oír al presunto cabecilla de la trama de venta ilegal de chatarra en el Ayuntamiento de Orihuela durante el mandato de PSOE y Ciudadanos en 2023. El funcionario citado como investigado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela por un supuesto delito de malversación se ha acogido este martes a su derecho a no declarar, según el abogado del Consistorio, que está personado en la causa como acusación al considerarse como posible perjudicado.

El empleado público que, según los testigos, era el encargado de la campa municipal dentro de la Concejalía de Infraestructuras mientras la dirigía el edil Ángel Noguera, de la formación naranja, estuvo llamado a declarar el pasado 18 de diciembre, cuando el juzgado aplazó la sesión porque la fiscal, que quería llevar el caso personalmente sin delegarlo en otro compañero, no pudo comparecer por encontrarse en ese momento en funciones de guardia. Sí lo hicieron entonces los citados en calidad de testigos, que corroboraron las versiones que dieron en comisaría.

La venta de chatarra fue formalizada por funcionarios del Ayuntamiento, los cuales, según consta en sus declaraciones, lo hacían siguiendo instrucciones del encargado, otro funcionario -desde 1982- que es el que no ha declarado finalmente.

En mayo de 2023, la Policía Nacional investigó esta presunta venta ilegal de todo tipo de elementos de hierro y chatarra, material que el Ayuntamiento sustituye de plazas y calles -como farolas, mobiliario, etc.-, sin que existiera contrato y cuya venta no habría sido ingresada en las arcas municipales, fuera de toda contabilidad e inventarios.

La presunta trama en el Consistorio oriolano, que está investigando el Juzgado de Instrucción Número 1, arroja escenas con tintes esperpénticos. La punta del iceberg que evidenciaba la posible existencia de una red ilícita de comercio con el metal se produjo el 17 de marzo de 2023, cuando un vehículo, cuyo titular era el Ayuntamiento, transportó desde el local de acopio municipal a una empresa de reciclajes de hierros y metales en el polígono industrial Puente Alto un grupo escultórico de palmeras en acero, en concreto, cinco esculturas de hierro y cobre que la firma Muher realizó por encargo de la antigua CAM, que las donó en 2008 al Consistorio con motivo del aniversario de la muerte de Miguel Hernández.

El conjunto adornó el Rincón Hernandiano junto a la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Casa Museo del poeta hasta que fue retirado y depositado en dependencias municipales -para más inri- situadas junto a la Policía Local.

Según el atestado de la Policía, que ha motivado la investigación judicial, la instrucción contactó telefónicamente con la empresa Muher Art-chitecture a efectos de solicitar una valoración económica de los elementos artísticos donados. El valor asciende a 50.000 euros por unidad, sin IVA, lo que supone una cantidad de 250.000 euros.

Al peso

Sin embargo, a pesar de su valor no solo económico sino también cultural, además de tratarse de unas piezas muy escasas en todo el mundo realizadas por una prestigiosa firma de arte, estos elementos en forma de palmera del patrimonio público -y por tanto de todos los oriolanos- acabaron en la chatarra, vendidas al peso. En total, casi 4 toneladas de hierro por las que se pagaron 940,8 euros, en efectivo y sin que se ingresaran en las cuentas municipales.

El investigado, en su declaración como testigo, en 2023, explicó que desde hacía dos años su destino era la brigada de alumbrado en la ciudad y de infraestructuras en la Costa, aunque dijo desconocer quién era el encargado del almacén municipal. Según los testigos, era él mismo. Incluso, los operarios de obras y jardines lo conocían con un apodo que daba nombre a un solar de titularidad municipal que se utiliza para el acopio de material destinado al mantenimiento del litoral.

También negó que en ese momento se estuviera reciclando material y que hubiese dado orden alguna al respecto, afirmando que si fuera así daría cuenta a la técnico municipal. Con todo, reconoció que tres días antes del traslado de las palmeras a la chatarra, el 14 de marzo, el Seprona notificó una sanción por el almacenamiento incontrolado al aire libre de residuos orgánicos, podas, metales, escombros, suelos de caucho, maderas, ordenadores, etc.

Por ello, según declaró, ordenó a los operarios para que limpiasen la zona, indicando que se hiciese una clasificación entre lo que era útil y lo que no, tomando la decisión final los operarios, al mismo tiempo que indicó que él no se encontraba en el lugar cuando se realizó la carga de los elementos para llevarlos a la chatarra, desconociendo incluso la empresa y el peso del metal retirado. Otro testigo declaró que después del traslado lo denunciado por la Guardia Civil -como restos orgánicos- seguía en las instalaciones municipales.

Sí reconoció, sin embargo, que el abono por la venta se realizó en metálico, obteniendo 1.800 euros que les fueron entregados, con los que pagó aires acondicionados y televisiones para su instalación en los edificios de las cuadrillas de obras y jardinería.

La Policía concluía que también se usó para sufragar almuerzos entre los empleados. Es más, esta práctica ilícita se estaría realizando desde al menos 2019. Otros testigos señalaron que cada vez que se acercaba la Navidad recibían la orden de vender metal y otros elementos del patrimonio municipal que se habían retirado y permanecían en un depósito con destino a Puente Alto. La empresa del polígono llegó a declarar que recibía material de funcionarios del Ayuntamiento cada seis meses o una vez al año.

A su vez, el PP, que interpuso la denuncia que dio lugar a la investigación policial, desvelaba que otros enseres -también de depósitos en la Costa- siguieron el mismo destino, solo que hacia otras mercantiles en la carretera de Alicante-Murcia, Almoradí y Los Montesinos.

Los populares acompañaban la denuncia con dos vídeos en los que se observaba el traslado de las palmeras de acero. Todo ello sin procedimiento administrativo que lo avalara ni sin que llegara a ninguna cuenta municipal.