La oposición carga contra el bipartito de Orihuela por el expediente a la tesorera y habla de "caza de brujas"
PSOE, Ciudadanos y Cambiemos ponen el foco tanto en la falta de personal como en la equiparación salarial y sostienen que roza el acoso laboral

Manuel Mestre (Vox), el alcalde Pepe Vegara (PP) y el secretario, en un pleno / Tony Sevilla
La decisión del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, de abrir a la tesorera del Ayuntamiento un expediente de responsabilidad patrimonial para reclamar a la funcionaria 90.000 euros por retrasarse en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social ha provocado la reacción de la oposición, que ha cargado en bloque contra el bipartito de PP y Vox hablando incluso de "caza de brujas".
Los hechos se remontan al presunto incumplimiento de su obligación de realizar el pago de las cotizaciones. Como adelantó este periódico, en octubre la Seguridad Social impuso al Ayuntamiento un recargo de casi 90.000 euros por el retraso en el pago de los seguros del mes de agosto. Este tipo de seguros de los empleados municipales se pagan mensualmente. En este caso, se tenían que haber ingresado entre el 1 y el 30 de septiembre, pero la tesorera ordenó el pago fuera de plazo, el 1 de octubre. Entonces, fuentes del bipartito explicaron que se debió a "un error", aunque también avanzaron que se le abriría un expediente.
La Alcaldía envió el 29 de octubre a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat una denuncia por dejación de funciones, algo que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público tipifica como una falta muy grave, con la idea de abrirle un expediente disciplinario. Sin embargo, la Generalitat ha resuelto que independientemente de las consecuencias económicas derivadas del ejercicio de la tesorera, no hay argumentos sólidos para concluir que haya un incumplimiento de la obligación de realizar el pago de las cotizaciones, sino una actuación concreta y aislada que generó un retraso, lo que no ha evitado que Vegara haya seguido adelante con la reclamación económica.
La tesorera, de 35 años, llegó al Ayuntamiento oriolano en comisión de servicios en septiembre de 2023, haciéndose con el puesto de titular cuatro meses después, en enero del año pasado. Desde entonces han trascendido algunos encontronazos ente el alcalde y la funcionaria, que se encuentra de baja desde el pasado 25 de noviembre, casi un mes después de que el regidor remitiera la denuncia a la Generalitat.
Carolina Gracia, portavoz del PSOE, lamenta que el alcalde haya adoptado "una actitud de confrontación con los funcionarios". A su juicio, "Vegara está más interesado en señalar y en castigar que en solucionar los problemas", en referencia a que en ninguno de los dos presupuestos aprobados se ha tenido en cuenta las demandas indicadas por parte de Intervención y Tesorería en cuanto a falta de personal y equiparación de salarios.
Las diferencias entre la Alcaldía y las áreas de Tesorería e Intervención fueron notorias a lo largo del año pasado. Así, mantuvieron un pulso que llevó al rechazo de los presupuestos del ejercicio anterior por la creación de cuatro altos cargos -con un gasto de 400.000 euros- sin que se produjera una equiparación salarial a la del secretario, con distintas competencias pero la misma jerarquía que ostentan la interventora y la tesorera, con sueldos inferiores. De hecho, los presupuestos acabaron saliendo adelante con la firma de un interventor accidental (que cubría la baja de la titular).
Después, las dos funcionarias de alto rango presentaron un recurso contra el Catálogo de Puestos de Trabajo. La tesorera tampoco firmó la cuenta general que cada año se remite a la Sindicatura de Comptes, lo que generó que se perdieran subvenciones.
La tesorera ha hecho referencia en algunas ocasiones a la falta de personal y de recursos en el área de Tesorería en un municipio de gran población como es el oriolano, contando solo con dos auxiliares y una ordenanza, lo que impide su normal funcionamiento, así como a que por parte de Alcaldía recibe un trato desigual con respecto a otros funcionarios, señalando incluso hostigamiento, y que no se respeta su independencia en el ejercicio de sus funciones, en referencia a que Vegara la desautorizó para efectuar cambios en los pagos, emitiendo un oficio para invalidar las instrucciones de Tesorería con las que se pretendía tramitar menos expedientes.
Si bien es verdad, continúa Gracia, que el retraso en el pago de las cotizaciones ha tenido una repercusión económica, la resolución deja claro que no se trata de una dejación de funciones deliberada ni malintencionada.
"Una caza de brujas"
En esta línea, Luisa Boné, edil de Ciudadanos, manifiesta que "si bien estamos de acuerdo en depurar responsabilidades de cualquier funcionario que incumpla con sus obligaciones, nos parece una caza de brujas la actuación que está llevando a cabo el equipo de gobierno contra la persona que ocupa el puesto de tesorera".
En opinión de la concejala, primero Vegara intentó que la Dirección General de Administración Pública la sancionara a través de un expediente disciplinario. "Como le ha salido mal, ahora se inventa un plan b ni más ni menos que para abrir un expediente de responsabilidad patrimonial", critica la exconcejala de Recursos Humanos en el anterior mandato.
Además, advierte al bipartito de que debería llevar más cuidado con los pasos que da porque "todo esto huele muy mal, y cada vez se parece más a un acoso laboral que a otra cosa".
Por último, señala que le preguntaría a Vegara "por qué no actuó igual con aquellos funcionarios que gestionaron los expedientes de la subvención Edusi perdiendo millones para nuestro municipio", concluyendo que "parece que si trabajas para su causa todo bien, pero como le lleves la contra, te toca buscar trabajo en otro Ayuntamiento".
Hay que recordar que los funcionarios de los fondos Edusi se llevaron más de 80.000 euros en pluses pese a perder 7,5 millones. Los técnicos del equipo que tramitó las ayudas, de las que solo se justificaron 1,1 millones de los 8,7 concedidos, recibieron complementos de productividad por "la ejecución efectiva" que finalmente no llegó a buen puerto.
"Es una obviedad que hay áreas del Ayuntamiento en las que hace falta un refuerzo de personal, como es Tesorería, y además no parece que haya voluntad política de ponerle remedio a esta situación que lastra a Orihuela", sostiene Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos, que añade que "no sabemos cómo se va a redefinir la organización del Ayuntamiento y consideramos que hay mucha opacidad en ese aspecto por parte del gobierno municipal".
Intervención
Mientras, la interventora titular ha sido trasladada en comisión de servicio al área de Tesorería del Consistorio de Crevillent durante al menos un año. La interventora, al igual que la tesorera, pidieron que se les equiparara el sueldo al del secretario general, sobre todo a raíz de que el presupuesto de de 2024 incluyera la creación de cuatro altos directivos. Mientras, ocupará su puesto la interventora accidental, que es la mujer del secretario del Ayuntamiento. Dos exfuncionarios han denunciado ante la Fiscalía de Anticorrupción acusando al habilitado nacional de presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, nombramiento ilegal y tráfico de influencias para beneficiar a su mujer en distintos puestos en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno de PP y Vox salió en bloque en defensa del secretario, afirmando que los informes avalan "la legalidad" del nombramiento de la funcionaria como tesorera e interventora accidental y tachando las acusaciones de "vendetta".
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