Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

GESTIÓN DE DE RESIDUOS

El informe del Consell apuesta por ubicar la planta comarcal de tratamiento de basuras en la CV-95

El Consorcio quiere someter a votación este viernes la ubicación definitiva en Orihuela, lindando con Jacarilla, de la primera instalación de tratamiento para 180.000 toneladas de residuos tras 20 años de intentos con el rechazo del PSOE

A la izquierda terrenos agrícolas del paraje de la Cuesta del Pelegrín escogidos como ubicación para la planta comarcal de residuos. En el centro la CV-95. A la derecha, el término municipal de Jacarilla

A la izquierda terrenos agrícolas del paraje de la Cuesta del Pelegrín escogidos como ubicación para la planta comarcal de residuos. En el centro la CV-95. A la derecha, el término municipal de Jacarilla / Tony Sevilla

D. Pamies

D. Pamies

ORIHUELA

La reunión de la junta y comisión del Consorcio Vega Baja Sostenible de gestión de residuos comarcales para este viernes tiene previsto resolver la ubicación definitiva de la primera planta comarcal de valorización de residuos y fracción orgánica con su ubicación en término de Orihuela, junto a la CV-95, en el paraje de la Cuesta del Pelegrín, lindando con el término municipal de Jacarilla. 

Decisión

El Consorcio no ha llegado a informar públicamente de que este punto está en el orden del día del debate aunque cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la Vega Baja, que forman parte junto a la Diputación y la Generalitat del organismo público, conoce el contenido del expediente en el que se resuelve con una votación en su «solución definitiva» en su primera fase al plan comarcal de residuos.

Como avanzó INFORMACIÓN la decisión se basa en dos informes. La propuesta para la construcción de la planta comarcal en Torremendo realizada por la UTE en abril de 2024 que gestiona la recogida de residuos, Prezero-Cívica (Ortiz), y el informe del Ayuntamiento de Orihuela en el que señala cinco afecciones ambientales muy relevantes de esa ubicación al sur de Torremendo, en el paraje de La Pistola. Este último informe no es resolutivo. Solo es informativo. Pero ahora se conoce que en ese expediente se incluyen otros dos documentos.

Planta de tratamiento de residuos urbanos de Guadassuar (València) similar a la que se plantea en la Vega Baja

Planta de tratamiento de residuos urbanos de Guadassuar (València) similar a la que se plantea en la Vega Baja / Perales Iborra

Riego de inundación

Un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat, firmado por jefe de Residuos, que concluye que los terrenos para ubicar la planta en el punto kilómetro 9,600 de la CV-95 son idóneos. Realiza, sobre todo, una valoración desde el punto de vista del riesgo de inundabilidad por lo que retira dos parcelas que presentan peligro geomorfológico según el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación (Patricova). El documento que cierra el expediente es la propia propuesta de acuerdo a los miembros del Consorcio para que se decidan por ese emplazamiento y la petición a la UTE Prezero -Cívica para que valore su idoneidad.  

Ni vertedero, ni valorización energética

Fuentes conocedoras de la propuesta señalan que, tanto desde ayuntamientos del PP, que cuentan con una amplia mayoría del voto a la que se suma el de la institución provincial y la autonómica, como los del PSOE han sido informados en varias reuniones de dos aspectos que preocupan en este proyecto. En primer lugar, la planta de tratamiento se proyecta sin vertedero de eliminación.

No habrá vasos de vertido del rechazo: asegura que lo que no se pueda reciclar, el rechazo, se llevará a otras plantas. El Consorcio mantiene que una planta como la que se quiere levantar, similar a la de Guadassuar en València, solo generará un 30 % de rechazo. De las casi 190.000 toneladas a tratar solo irían a vertedero 55.000.

En segundo lugar, no está prevista la construcción de una instalación de valorización energética, lo que comúnmente se conoce como una incineradora. La Generalitat va a aprobar en la revisión del Plan Integral de Residuos la autorización a estas incineradoras. Una por cada provincia. Pero descarta que vaya a la Vega Baja.

Operarios de la planta de tratamiento de residuos de Guadassuar, en la cinta de selección manual. Es una instalación similar a la que se quiere ubicar en la Vega Baja

Operarios de la planta de tratamiento de residuos de Guadassuar, en la cinta de selección manual. Es una instalación similar a la que se quiere ubicar en la Vega Baja / Perales

La planta de la UTE diseñó en Torremendo contemplaba una incineradora con capacidad para quemar 24.000 toneladas de la mezcla de residuos del contenedor de residuos doméstico "resto" gris que no se pudiera aunque como instalación complementaria si se la solicitaba el Consorcio. De ahí las dudas de muchos ayuntamientos. También ha generado bastantes dudas sobre el uso final de la planta el hecho de que se contemple sobre 200.000 metros cuadrados.

En esas reuniones con los ayuntamientos se especificó que además de la planta de tratamiento mecánico para el residuo mezclado -contenedores grises-, la planta dispondría de una nave de valorización de fracción orgánica para compost e instalaciones auxiliares. Esos suelos permitirán rodear las naves con zonas ajardinadas y otros elementos que reduzcan su impacto visual.

Los municipios también dudan de la capacidad de la CV-95 para asumir el tráfico de camiones de recogida. En este sentido se señaló que se impondrán itinerarios distintos para cada uno de los municipios para su distribución y que no coincidan en el mismo punto. En especial para el caso de Jacarilla.

Sobre la mesa

Todos los municipios gobernados por el PSOE en la Vega Baja, si no se descuelga alguno a última hora, solicitarán que el asunto quede sobre la mesa porque consideran que no se puede llevar a debate una decisión tan relevante para la comarca sin toda la documentación.

En concreto, el PSOE cita que no figura el informe del Ayuntamiento oriolano en el que se barajan varios emplazamientos, siempre junto a la CV-95, y entre el que figura el que se quiere escoger. Fuentes del Ayuntamiento de Orihuela consideran que la secuencia debe ser a la inversa: se decide por un emplazamiento y el Ayuntamiento informa de su disponibilidad. 

Los ayuntamientos de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar, los más cercanos a la futura planta y gobernados por el PP, han aprobado mociones en contra de la instalación. En un principio votarían con el PSOE o se abstendrían. En el caso de Jacarilla la instalación choca con las previsiones de construcción de vivienda turística que figuran en el Plan General de Ordenación Urbana.

20 años de intentos y fracasos

La Vega Baja solo cuenta con una planta de transferencia de residuos en Dolores y ecoparques móviles. El Consorcio también gestiona ahora la puesta en marcha de una red de ecoparques fijos.

El Bajo Segura suma casi dos décadas de intentos por contar con este tipo de planta para dejar de exportar residuos a otras zonas de la provincia como Elche, Alicante o Xixona, y Murcia, con el sobrecoste que tiene tanto en transporte como eliminación para los municipios.

La aprobación del plan de residuos comarcal se remonta a principios de los años 2000 y la gestión estaba condicionada por la actividad de una empresa oriolana dirigida por Ángel Fenoll que durante décadas, ofreció la eliminación de residuos a precios muy competitivos, a los que accedían todos los ayuntamientos, porque los enterraba en fincas agrícolas sin tratar o sin cumplir la normativa ambiental en el vertedero de La Murada-Abanilla, ya clausurado. Además realizaba la recogida de basura en muchos municipios de la comarca.

En 2008 se adjudicó la contrata de gestión a la UTE formada por Cespa-Ortiz. La adjudicación estaba siendo investigada, a través de intervenciones de las comunicaciones por Fiscalía Anticorrupción desde 2005 y derivó en el caso Brugal, al que se le dio carpetazo, quince años después, con la absolución de todos los investigados en todas sus tramas al invalidarse esos pinchazos telefónicos por una cuestión formal. La investigación señalaba a cargos públicos por amañar supuestamente el contrato con compensaciones hacia el empresario oriolano. No se demostraron esas acusaciones de la Fiscalía basadas fundamentalmente en unas escuchas que se invalidaron.

De la primera ubicación en Torremendo, con un enorme rechazo social se pasó a la siguiente en Albatera y Cox. Se rescindió el contrato original y se volvió a elaborar otro. La Diputación volvió a renunciar a esa ubicación ante el rechazo vecinal en Albatera. La UTE, ya como Prezero, que adquirió Cespa, y Ortiz como Cívica -que cambió de nombre comercial- pelearon en los juzgados su derecho a mantener la contrata, y ganaron.

Tracking Pixel Contents