El paso de Aguamarina a La Caleta en Cabo Roig se reabrirá este verano
El Jurado Provincial de Expropiación determina un justiprecio de 26.180 euros después de que los propietarios pidieran 1,2 millones y el Ayuntamiento de Orihuela los valorara en casi 70.000
El paso está cerrado desde 2021 a la altura del residencial Bellavista / Tony Sevilla
La expropiación de los terrenos para poder reabrir el paso peatonal que conecta Aguamarina con La Caleta en Cabo Roig, a la altura de la urbanización Bellavista, costará a las arcas municipales 26.180 euros, según ha notificado el Jurado Provincial de Expropiación al Ayuntamiento de Orihuela tras votar a favor del informe de tasación realizado por parte del tribunal.
Ahora el Consistorio ha procedido a solicitar ese importe a Tesorería para depositarlo en la caja y realizar la ocupación previa con la idea de que el paseo se reabra este verano.
El proceso acabó en el jurado provincial después de que la Administración local y los propietarios no llegaran a un acuerdo. Los propietarios presentaron en enero del año pasado una valoración de 1,2 millones de euros por sus parcelas de solo 227 metros cuadrados junto al acantilado, lo que suponía casi 17 veces más de lo que calcularon los técnicos municipales (69.113 euros),
Con todo, esta propuesta suponía una rebaja sobre los 3 millones que llegaron a pedir. Los terrenos a expropiar son, por un lado, 142 metros cuadrados de los 52 vecinos del residencial, que pusieron un precio de unos 170.000 euros, cuando antes reclamaban 2 millones, y, por otro lado, 85 metros cuadrados de uso hotelero de la mercantil Cabo Roig SA, que ha pedido 987.000 euros (antes un millón). La valoración que hizo en su día el Consistorio fue de 44.000 euros.
Finalmente, el jurado ha determinado que el Ayuntamiento deberá abonar poco más de 26.000 euros. Hay que recordar que los presupuestos de 2024 destinaban una partida de 600.000 euros para la expropiación de los terrenos y las obras necesarias para reabrir un idílico paseo peatonal por el litoral oriolano que ha estado abierto al público durante años y que permanece cerrado desde que en diciembre de 2021 el Ayuntamiento lo clausuró acatando una sentencia judicial, obligado a los vecinos y numerosos visitantes a dar un gran rodeo de dos kilómetros para salvar un tramo de apenas 60 metros de longitud.
Senda peatonal abierta, en una foto de 2019 / Tony Sevilla
Un largo camino
El residencial fue aprobado antes de la Ley de Costas y el PGOU en 1990, que dispuso que la primera línea fuera de equipamiento público. Sin embargo, el Ayuntamiento no expropió este tramo que daba continuidad al paseo de todo el frente litoral. Los vecinos del residencial construyeron un muro en 2013 para cerrar este sendero junto al acantilado y pegado a los jardines de sus viviendas.
El gobierno local, a instancias del entonces edil de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, inició en 2013 el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística contra la urbanización, que instaló primero una valla y más tarde un muro, que impedía el tránsito por ese tramo.
Avalado por el TSJ, en marzo de 2015, operarios del Ayuntamiento rompieron a mazazos la puerta y el muro para la apertura pública del sendero. Los vecinos de la urbanización lo recurrieron y en 2016 el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche les dio la razón, anulando las resoluciones adoptadas al declararse probado que el paseo sobre el acantilado del Residencial Bellavista I nunca fue dominio público y condenando al Ayuntamiento a restituirlo.
El Ayuntamiento, ya gobernado por el PP, no recurrió la sentencia, por lo que pasó a ser firme, aunque la administración local ha ido recurriendo su ejecución. El Servicio Provincial de Costas, en mayo de 2017, señaló que el terreno en Aguamarina está afectado por una servidumbre de paso y, por lo tanto, los 52 vecinos del residencial no lo podían cerrar y debían dejar el paso libre.
El 4 de octubre de 2018 se dictó otro auto que ordenaba que se procediera al vallado y restitución del muro demolido, contra el que el Consistorio interpuso un recurso de apelación que tumbó el TSJ en sentencia de noviembre de 2020 en la que señala que el muro se construyó por parte de los vecinos de manera legal al hacerse antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas en la que se basa el Servicio Provincial de Costas para hablar de una servidumbre de paso, y cuyo informe asumió el Ayuntamiento, y condenó al Consistorio a ejecutar la sentencia de 2016 que dicta la reconstrucción del vallado perimetral demolido y anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2013 y el decreto de demolición de 2015.
De ahí que para acatar la sentencia, que obligaba al Ayuntamiento a restituirlo a su estado original, en diciembre de 2021 se volviera a cerrar.
Servicios en las playas
Con una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional desplegando cada día el esplendor de sus procesiones sobre el escenario de su centro histórico, otro de los atractivos de Orihuela en estas fechas son sus playas, aunque el tiempo no ha acompañado en estos primeros días.
La Concejalía de Costa ha reforzado desde el pasado día 12 y hasta el 21 los servicios con motivo del incremento de visitantes, manteniendo operativos los de socorrismo y los aseos en los 11 arenales, en horario ininterrumpido de 10 a 19 horas.
También se han reforzado las pasarelas en distintos puntos del litoral, facilitando los accesos, especialmente para personas con movilidad reducida.
Durante este periodo, permanecen abiertos los chiringuitos de las playas de Mil Palmeras, La Glea, La Caleta, Cala Capitán, Cala Bosque y Cala Cerrada.
Asimismo, el Ayuntamiento ha licitado un contrato para los próximos tres años, con un presupuesto de 36.111 euros, para realizar un estudio para conocer el grado de satisfacción de los usuarios durante la temporada alta -del 15 de junio al 15 de septiembre-, recabando información para la mejora continua del comportamiento medioambiental y la calidad de los servicios municipales de gestión de estos espacios, cumpliendo así con las exigencias en las candidaturas a Banderas Azules.
La adjudicataria procederá a su digitalización para que pueda ser recogida por medios electrónicos (tablet o teléfono móvil) creando además un código QR o enlace para que pueda ser enviado al usuario a su dispositivo para su cumplimentación siempre a pie de playa, evitando la recogida de datos entre las 13 y las 17 horas de calor extremo.
La empresa llevará a cabo el análisis descriptivo de las frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos necesarios para la interpretación de los resultados.
También deberá realizar un informe de satisfacción, antes del 30 de noviembre de cada año, en el que se continúe con el historial y comparativa de los años anteriores analizando cada uno de los parámetros, destacando oportunidades de mejora y comentarios por playas.
Si preguntaran ahora a los usuarios, la principal queja sería el mal estado de los lavapiés, muy deteriorados, algunos sin funcionar y con la frecuente estampa de tuberías visibles.
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