INFRAESTRUCTURAS
El PSOE acusa a Mazón de maniobrar para privatizar la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja y convertirla en un "negocio"
"Se cargaron una iniciativa pública para impulsar la comarca tras la dana sufragada con los presupuestos del Consell para dedicarse a regalar las infraestructuras al sector privado. Están en su negocio", asegura el secretario de Infraestructuras del PSPV Pere Rostoll
D. Pamies
El PSPV ha denunciado las "maniobras" de Carlos Mazón y del PP para convertir las infraestructuras de la Comunitat Valenciana en un “negocio privado”. Los socialistas valencianos ven "con enorme preocupación" el anuncio del conseller Vicente Martínez Mus de construir el desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja a través de un pago por disponibilidad -una concesión administrativa-.
A juicio de los socialistas "eliminando de un plumazo las cantidades previstas en los presupuestos autonómicos para poner el derecho de los ciudadanos a la movilidad en manos privadas".
“Esta decisión del Consell sobre la CV-95 es muy preocupante. Mucho. Convierten las infraestructuras en un negocio hinchando los costes. Ya sabemos que Mazón y el PP, de negocios privados y de negocios privados para amigos, saben mucho. Tienen un máster", declaró Pere Rostoll, secretario de Infraestructuras, Transportes y Movilidad Sostenible del PSPV.
Rotonda de la CV-95 con el cruce de la carretera de Torremendo / Tony Sevilla
Iniciativa pública
La "conversión" de la CV-95 en un proyecto "privado" evidencia, a juicio de Rostoll, la voluntad "destructiva" del PP de liquidar el Vega Renhace del Consell del Botànic y pone de manifiesto la falta de proyecto de Mazón tanto para la Vega Baja como para toda la Comunitat Valenciana.
"Se cargaron una iniciativa pública para impulsar la comarca tras la dana sufragada con los presupuestos del Consell para, a partir de ahora, dedicarse a regalar las infraestructuras al sector privado. No están en la solución de los problemas de la gente. Están en su negocio", remarcó Rostoll.
Desde el PSOE de la Vega Baja consideran que lo que tildan como "operación" del Consell con la CV95 supondrá “daños colaterales" que, afectarán directamente a la ciudadanía.
D. Pamies
Modelo de negocio
Valoran los socialistas que con este "modelo de negocio" para las infraestructuras "se hipoteca" el futuro de los presupuestos con pagos a la empresa concesionaria que se pueden alargar por un periodo de hasta 40 años, según la ley. Además, señalan que el mantenimiento de la carretera también se lo queda la concesionaria con lo cual la seguridad vial de los ciudadanos va a quedar igualmente en manos privadas.
"Nos van a hipotecar para el futuro, como ya hicieron durante 20 años, y encima le van a traspasar la seguridad vial de la gente en esa carretera al negocio privado. Es absolutamente inadmisible", asegura el secretario de Transportes y Movilidad Sostenible de la Ejecutiva Provincial del PSOE y concejal de Albatera, Mario Berna Box.
Tramo de la variante de la CV-95 en San Miguel de Salinas. El trazado propuesto ahora aleja la carretera del casco urbano / Tony Sevilla
Por su parte, el secretario general del PSOE Vega Baja Joaquín Hernández, denuncia el “clamoroso silencio” de la alcaldesa de Bigastro Teresa Belmonte y otros dirigentes del PP comarcal que se opusieron al proyecto de ampliación de la CV-95 que presentó el gobierno del Botànic.
Hernández critica que la actitud del PP en la legislatura anterior en relación a este proyecto “nos hizo perder tiempo en una infraestructura vital para nuestra comarca”.
2027
El Consell ha presentado lo que llama "hoja de ruta" del proyecto de concesión. El conseller Vicente Martínez Mus señaló esta semana en un encuentro con empresarios y alcaldes de la comarca en Torrevieja que la concesión costará 180 millones.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, elevó el viernes en su visita a Torrevieja ese presupuesto en quince millones más, hasta los 195.
En cualquier caso, la Administración autonómica ha reconocido que la inversión, que requiere de un informe de viabilidad económica y, sobre todo, un estudio de impacto ambiental cuando se apruebe su proyecto definitivo de ejecución, no se licitará para su ejecución hasta 2027.
Lo que hizo y no hizo el Botànic con la CV-95
En 2015 el Gobierno de izquierdas del Botànic heredó de los sucesivos del Partido Popular una gestión fracasada del proyecto de desdoblamiento de la CV-95. En 2007 el Consell de Camps adjudicó a una UTE la construcción de una autovía con el modelo del peaje en sombra, similar al que quiere escoger ahora la administración autonómica de pago por disponibilidad, aunque en esta última alternativa de financiación la administración paga el mismo canon anual al margen del uso que tenga la vía, de paso gratuito para los usuarios.
El Tribunal Supremo tumbó aquel proyecto porque se diseñó sin declaración de impacto ambiental favorable y la Generalitat de Fabra, también presionada por la falta de financiación en un momento de grave crisis económica para cumplir con el contrato, decidió rescindirlo.
Las empresas de obra civil adjudicatarias recurrieron la decisión y fueron indemnizadas con diez millones de euros -sin abordar obra alguna-.
Durante los ocho años del Botànic la Conselleria de Infraestructuras llevó a cabo obras para mejorar la seguridad vial de la actual CV-95 con la construcción de rotondas en San Miguel de Salinas, cruce de Torremendo, Los Montesinos, Vistabella- Jacarilla y Bigastro. Pero no afrontó el desdoblamiento. Solo al final de su segundo mandato, anunció un proyecto y en precampaña electoral licitó y adjudicó la redacción del desdoblamiento de un pequeño tramo entre Jacarilla y Los Montesinos, que el actual Consell ha mantenido. Y esbozó un trazado para todo el trayecto que mantenía las rotondas al mismo nivel y una velocidad máxima de 80 kilómetros. No era estrictamente una autovía.
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