Un juzgado ordena facilitar al PSOE el expediente de la asesora del alcalde de Torrevieja que supuestamente suplantó a una trabajadora social

El juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Elche ha estimado el recurso presentado por la concejala Carolina Ponce (PSOE) contra la decisión del Ayuntamiento de Torrevieja de negarle acceso al expediente municipal que investiga una denuncia interna en el área de Servicios Sociales contra una asesora del alcalde, Eduardo Dolón (PP), que supuestamente se hizo pasar por trabajadora social suplantando la identidad de personal de ese área, con injerencias en el trabajo de funcionarios sin el conocimiento de los afectados.

Derecho fundamental

El juzgado estima el recurso por considerar que el alcalde Eduardo Dolón, con su rechazo a darle acceso al expediente, ha lesionado el derecho fundamental a la información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española de participación política, estrechamente ligado al derecho de los miembros de las corporaciones locales a la información necesaria para el desempeño de sus cargos. La Fiscalía respaldó la petición de la concejala socialista.

El primer edil y el concejal de Servicios Sociales, Óscar Urtasun, alegaron públicamente para negar la información que el expediente recoge datos de menores, cuando la legislación ampara a los cargos públicos a conocer esos datos en su función de participación política mientras no trasciendan a terceros.

Ponce explicó en su declaración en el juzgado que ya aclaró en su primera petición al equipo de gobierno, antes de recibir la negativa de Urtasun y de Dolón, que no era necesario conocer los datos del menor. En la segunda solicitud acotó el objeto haciendo hincapié en que no necesitaba esos datos y que se podían censurar. Luego obtuvo información por un anónimo "de que alguna persona había realizado una injerencia en el expediente". 

Encubrir

La concejala Ponce exponía en el contencioso que consideraba que el motivo de no facilitar el acceso no era la protección de datos del menor, "sino encubrir irregularidades relacionadas" con el cargo de confianza designado por el primer edil destinado a reforzar el área de Servicios Sociales.

Nulidad del decreto

La sentencia acuerda la nulidad de pleno derecho del decreto firmado por el alcalde el día 25 de noviembre de 2024 en el que se bloqueaba ese acceso y se reconoce a la concejala el derecho de acceder al documento requerido "previa censura o anonimización en cuanto al contenido que dicho documento" pudiera tener en relación con datos relativos a personas menores de edad.

La resolución puede ser recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El concejal del área ha señalado públicamente en varias ocasiones que el Ayuntamiento ha investigado de forma interna la denuncia sin que la denunciante, supuestamente, se haya ratificado después, algo que la oposición no puede confirmar porque carece de acceso al expediente. También ha sostenido que su negativa a facilitar el documento se fundamentaba en una consulta a la Generalitat, que delega en los municipios esta atención social. De hecho la abogacía de la Generalitat se personó en el procedimiento junto al Ayuntamiento.

Motivos

Desde que se conocieron los hechos no ha llegado a trascender el motivo por el que supuestamente la asesora, que sigue en el área de Servicios Sociales, suplantaba la identidad e intervenía supuestamente en el trabajo de otros funcionarios.

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