Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura quieren "acabar con el regadío" en el Levante

Las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura suponen una merma progresiva hasta 2027 de un 40% de las cantidades a trasvasar y de un 50% de las aportaciones para el regadío siendo preferente el abastecimiento para el consumo humano.

Se traduce en la práctica, según el sector, en una puñalada a la agricultura. Esta actualización busca "acabar con el regadío" en Alicante, la Región de Murcia y Almería, a juicio de Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), que ha asegurado este miércoles que la agricultura levantina que depende de este recurso no podrá vivir con los recortes planteados.

El representante de más de 60 comunidades de riego y 80.000 regantes prevé además muchos meses de trasvases cero. En este sentido, ha criticado que "suben la lámina con un descaro tremendo", ya que con las nuevas reglas de explotación "desaparece el nivel 3 desde prácticamente ya, desde el primer escalón de caudales ecológicos, para el regadío" y se "elevan las curvas de nivel 2 para que sea más difícil entrar en él", mientras que el nivel 1 "lo convierten en un sueño, en una quimera imposible de conseguir".

Jiménez ha indicado, en una rueda de prensa celebrada en la sede de Scrats en Murcia, en la que ha estado acompañado por miembros de su junta de gobierno, que el trabajo realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) tiene por objetivo "no molestar a la población del Levante en el abastecimiento, mantener el nivel del agua lo más elevado posible en Entrepeñas y Buendía para favorecer las actividades lúdicas y recreativas del alto Tajo y acabar con algo en lo que no creen, que es el regadío y la ganadería".

La comisión de explotación del trasvase ha dado a conocer este martes el informe del Cedex encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con propuestas para la actualización de las reglas de explotación, necesaria para dar cumplimiento a los caudales ecológicos previstos en el Plan Hidrológico del Tajo, que se aprobó en enero de 2023, y que debe ser "progresiva" hasta 2027 para ajustar el volumen a trasvasar anualmente a Alicante, Murcia y Almería a las propias reservas existentes en los embalses de la cabecera del Tajo.

Hasta ahora lo habitual es el nivel 2, que permite 27 hectómetros mensuales. Con el nivel 1 se trasvasan 60 y con el 3 hasta 20 con la autorización del Miteco. El documento plantea reducir las derivaciones de forma que este año se podrían trasvasar 320 hectómetros cúbicos desde los embalses de la cabecera del Tajo hacia el Levante, 278 en 2026 y 193 en 2027. Así, se recortarían los volúmenes de agua a trasvasar tanto en nivel 2 como en nivel 3, de 27 a 24 hectómetros cúbicos al mes (23 en 2026 y 18 en 2027) y de 20 a 11 (10 en 2026 y 9 en 2027), respectivamente.

Las nuevas reglas elevan hasta los 1.600 hectómetros cúbicos las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para declararlos en nivel 1 y 2, mientras que en la actualidad ese umbral se sitúa en los 1.300 y 600. Al mismo tiempo plantea que los embalses entren en nivel 3, es decir, en "situaciones hidrológicas excepcionales", en el cual no se cede caudal, cuando acumulen 530 hectómetros cúbicos, mientras que ahora esa lámina se fija en 400, una cifra que ya se elevó en 2014 desde los 240.

Costes

Alicante se juega más de mil millones de euros al año en la producción hortofrutícola que depende del trasvase. En concreto, la provincia exporta todos los meses a Europa, norte de África e incluso Senegal toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, imposibles de producir sin el agua del Tajo. La facturación mensual de las exportaciones oscila entre los 85 y los 90 millones de euros. Cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar tiene un impacto económico de 4 millones euros.

Solo en este sector se estima la pérdida de 8.000 empleos directos, además de que el recorte no solo afectará al regadío, sino que perjudicará al abastecimiento urbano e industrial.

Treinta y cinco municipios de la provincia y sus industrias, entre ellos Alicante, Elche, Santa Pola y todos de la Vega Baja se verán afectados por el incremento de los precios si deja de llegar agua del Tajo. Es decir, el incremento del uso del agua desalada implicará una subida en el precio de la factura de agua de los hogares de Murcia, Alicante y Almería.

"Un dardo envenenado"

El presidente de Scrats ha avanzado que la próxima semana convocará a las administraciones autonómicas y diputados de los partidos en la Región de Murcia, Alicante y Almería para "que se posicionen" porque las nuevas reglas "llevan un dardo envenenado, que es subir también el mínimo no trasvasable a 530 hectómetros cúbicos", lo que "llevará consigo la obligación de tramitar parlamentariamente las modificaciones legales a que haya lugar".

Por ello, pedirá que haya "un compromiso por parte de los diputados de las distintas formaciones políticas de nuestras regiones muy claro en contra de cualquier votación que se produzca en sede parlamentaria en contra de los intereses de alicantinos, de murcianos y de almerienses", ha añadido, al mismo tiempo que ha advertido de que la situación será "nefasta" a partir de 2028, cuando se apliquen completamente estas medidas.

Movilizaciones

Desde Scrats se abrirán los canales de participación y de protesta a "todos aquellos que tengan esa sensación de indignación, malestar y, sobre todo, de miedo, porque lo que nos está prometiendo, esa suma astronómica de millones que llevamos sumando estos años para la desalación, resulta ser una auténtica farsa".

El presidente de los regantes levantinos ha dicho sentirse como un "ciudadano de segunda" ante la forma de proceder del ministerio, y ha anticipado movilizaciones y llamado a la unidad de "todo el sector económico" de estas provincias que se verá impactado por las restricciones.

Las nuevas reglas, ha recordado, han sido "dictadas" por la exministra Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. "Llegó lo que sabíamos que iba a llegar cuando Pedro Sánchez cumplió su amenaza en 2023, la que hizo en Albacete un año antes de que iba a poner fin al Tajo-Segura, al menos para regadío, y ahora la puntilla se la pone el ministerio".

Ha denunciado la "muy poca o nula defensa" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, "que se tragó silenciosamente en el Consejo de Ministros de 2023 una reducción infumable del mejor regadío de Europa, el que se practica en Alicante, Murcia y en Almería".

Desalación

En este punto, Lucas ha criticado al Gobierno central por no ofrecer alternativas reales, especialmente en desalación, lo que ha calificado de "indignante" y lo ha relacionado con las películas de los años 60 en los que la actriz Lina Morgan "aparecía haciendo el papel de tontita y con el truco de las estampitas", que "era un billete falso" que, en el caso del trasvase Tajo-Segura, "se llama desalación", porque la que existe "no cubre el golpe que le van a dar al regadío".

Según Jiménez, "lo que nos están diciendo es que las soluciones que se planteen las tenemos que pagar los regantes, y ya les advertí en una reunión que mi comunidad de regantes, a ese precio resultante, no quiere un metro cúbico de agua. Si hemos de morir, moriremos honradamente, pero no empeñados", ha enfatizado.

Todo, ha defendido, "en beneficio único y exclusivamente de un líder político en Castilla-La Mancha [en referencia a su presidente, Emiliano García-Page], que está desaforado en su ataque, ya casi roza lo personal hacia esta institución, y hacia unos usos recreativos y unos usos lúdicos" en el alto Tajo.

Trasvase histórico

El Miteco plantea ahora estas modificaciones con un retraso de dos años, cuando aún está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie ante los recursos presentados por la Región de Murcia y el Scrats contra los caudales ecológicos. En un momento, además, en el que se observa que las actuales reglas de explotación, surgidas del Memorándum de 2013 aunque modificadas en 2015 y 2020, son efectivas para mantener un mínimo trasvasable e incluso elevarlo dado la favorable situación hidrológica actual. 

De hecho, se da la paradoja de que las nuevas reglas de explotación se han presentado al mismo tiempo que se han autorizado 180 hectómetros cúbicos para los meses de abril, mayo y junio al estar los embalses de Entrepeñas y Buendía en nivel 1 desde finales de marzo, con 1.511 hectómetros cúbicos, lo que permite autorizar trasvases automáticos de 60 hectómetros mensuales, en función de la legislación. Si ya estuvieran en vigor las nuevas normas, el trasvase que se habría aprobado sería de 72 hectómetros cúbicos, ya que los embalses estarían en nivel 2.

Para Jiménez, precisamente el Miteco lo hace este mes "porque, por primera vez, entramos en nivel 1 desde que se aprueban las reglas, y algo tiene que ofrecerle al vocinglero de García-Page ante los gritos que pega".

Consulta pública

Las nuevas reglas han de ser sometidas todavía al proceso de consulta pública. Para la próxima semana se ha convocado otra reunión de la comisión para presentar el borrador del nuevo real decreto que regule las normas de explotación del trasvase. 

Ángel Urbina, portavoz de los regantes en la provincia de Alicante, ha manifestado que cuando el Miteco tenga el borrador de las reglas de explotación debería llamar a las comunidades autónomas afectadas, así como al Sindicato de Regantes, para explicarlo y contestar a los documentos que se presentaron en su día.

El Miteco, por su parte, ha asegurado que se explicarán todos los detalles del informe y los pasos posteriores, tanto a los usuarios como a las comunidades autónomas afectadas, sin perjuicio de todas las aportaciones que se reciban durante el proceso de información pública al que debe someterse el proyecto de actualización del real decreto.