La exedil de Torrevieja Carmen Gómez acusada de prevaricación asegura en el juicio que es víctima de una venganza política

«Soy víctima de una venganza política», de «una vendetta», reiteró ayer en su declaración ante los magistrados de la Audiencia Provincial, Carmen Gómez Candel, exconcejala de Contratación, Aseo Urbano, Parques y Jardines y Personal del Ayuntamiento de Torrevieja, a la que se juzga por un delito de supuesta prevaricación. La Fiscalía le pide una pena de once años de inhabilitación para ejercer cargo público en relación con el encargo de suministros y obras sin contrato realizado en el taller de empleo Mediterráneo VIII, que tuvo lugar en el primer semestre de 2015. También se sienta en el banquillo de los acusados por el mismo delito quien fuera director del mismo, Pedro Martínez de la Torre.

Se juzga si hubo prevaricación en las solicitudes realizadas a varias empresas de una serie de suministros y obras por un valor aproximado de 200.000 euros sin contrato que las avalara. Tales encargos, realizados por los profesores del taller de empleo a supuestas instancias de la entonces concejala del Partido Popular o del director del taller de empleo, habrían incumplido la Ley de Contratos del Sector Público. Es lo que trata de esclarecer el tribunal y si tales hechos son constitutivos de un delito de prevaricación. 

El Ayuntamiento de Torrevieja renuncia a acusar en el caso del taller de empleo

Los gastos relacionados con el taller, iniciado en enero de 2015, fueron paralizados por el funcionario supervisor de la Agencia Local de Desarrollo Local, actual director general de Economía, Juan Carlos Carmona, al recibir una circular en ese sentido por parte de la Intervención municipal.

Esta área, la principal de supervisión económica de un Ayuntamiento, comenzó a recibir facturas de suministros y obras del taller de empleo para su fiscalización que superaban ampliamente los umbrales que exigen un procedimiento de contratación del que carecían. 

Dimisión

La exedil del Partido Popular fue entre 2019 y 2022 la regidora en la que más confió el alcalde, Eduardo Dolón, a la hora de delegarle competencias. Dimitió el 28 de diciembre de 2022. La exconcejala, en la tercera sesión del juicio, aseguró que lo hizo por su voluntad porque considera que es incompatible mantener un cargo público con sentarse en el banquillo de los acusados. Su decisión se precipitó, también a instancias del equipo de gobierno al que pertenecía, al conocerse que al margen de la causa por la que se le juzga ahora se le había abierto un segundo juicio oral por otro supuesto delito de prevaricación, en relación con la orden de realizar un plan de choque de limpieza en el municipio sin contrato, juicio este último pendiente de señalamiento.

Una inversión

El taller de empleo se proyectó para llevar a cabo un parque en la principal zona verde de La Siesta. Su desarrollo se materializó en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, un momento en el que el Ayuntamiento torrevejense no tenía maniobrabilidad para adjudicar obras de inversión debido a la normativa para atajar el gasto público. La actuación del taller llegó a ser visitada por el entonces candidato a la Generalitat, Alberto Fabra.

La exconcejala remarcó ante los magistrados de la Sección 11 de la Audiencia Provincial con sede en Elche que nunca tuvo nada que ver con el taller, porque no tenía competencias para ello y que si acudió a la zona en obras era en su condición de concejala de Parques y Jardines, o a saludar a profesores y alumnos conocidos, dado que fue directora de talleres de empleo anteriormente, pero sin intervenir en este caso en las decisiones de formación y obra del taller. 

Respuesta a todos

Gómez se declaró inocente y desplegó un testimonio con profusión de detalles y explicaciones, sin evitar las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Se anticipó a algunas de ellas -en algún momento con actitud desafiante-, y cuestionó en varias ocasiones por qué el entonces concejal de Fomento y Empleo, José Sánchez, al que no citó por su nombre, no ha sido llamado a lo largo de más de una década que se ha prolongado esta causa, ni como testigo, para dar explicaciones cuando era el responsable último del taller. 

Un taller grandilocuente y la presencia de la edil

Por su parte, Pedro Martínez de la Torre, quien fuera director del taller, se acogió a su derecho de no responder a las preguntas de la Fiscalía y solo lo hizo para las de su abogado y el tribunal. Explicó cuáles eran las funciones de un director -ha sido profesor de este tipo de cursos de inserción durante 35 años-, y señaló que las previsiones de la unidad de obra financiadas por el Ayuntamiento eran desproporcionadas y «grandilocuentes» para un taller cuya labor fundamental es la de formar a personas desempleadas.

Intentó con sus respuestas echar por tierra la estrategia de defensa de la exconcejala al asegurar que Gómez estuvo «omnipresente» en las decisiones de gasto que se adoptaron en el taller. Desde la primera reunión a pie de obra en la que también participaron la entonces profesora del taller y ahora concejala de Obras, Sandra Sánchez, el hermano de la exconcejala Guillermo Gómez Candel, también contratado como profesor en este taller, y el propio acusado; hasta el momento en el que en abril de 2015, tras un par de meses de paralización de gasto ordenado por el ADL, Gómez, aseguró el director del taller en su declaración, ordenó reiniciarlas. 

No era la responsable del área

También señaló que cuando el nuevo equipo de gobierno de coalición de izquierdas llegó al poder municipal en junio de 2015, que es el que registró la denuncia sobre las irregularidades, le pidieron un informe sobre los suministros firmados con albaranes por los profesores y constató que algunos de ellos se reclamaban al municipio pese a no haber sido suministrados de forma efectiva por esas empresas. 

Admitió Martínez, a preguntas del tribunal, que sabía que la competencia del taller era de la Concejalía de Empleo y de la ADL y no de la de Parques y Jardines y al repreguntar el magistrado por el motivo por el que siguió sus directrices indicó que entendía que quien mandaba sobre el taller era Gómez porque era la única que daba órdenes sobre los demás.  

Testimonios

La defensa de la exconcejala, asumida por el letrado José Pedro González, apuntaló con los testimonios que Gómez no podía intervenir porque carecía de competencias, además de responsabilizar de los encargos de material al otro acusado, el director del taller. Lo hicieron con sus respuestas el hasta hace una semana director general de Urbanismo del Ayuntamiento torrevejense, Víctor Costa, y la directora general de Contratación y Personal, Rosa Narejos, que se centró en destacar que el área que dirige es mera "tramitadora" de los expedientes de Contratación de Alcaldía y concejales, además de profesores y suministradores de material y obras que declararon en la primera y segunda sesión del juicio. Sí dijo Costa que el taller se abordó con una falta de previsión manifiesta a tenor de cómo se desarrolló.

Aunque Costa, que es técnico arquitecto, aseguró en la vista que contaba con proyecto de ejecución, el director del taller acusado mantuvo que lo único que había era una especie de memoria previa realizada para justificar la concesión de las subvenciones del Servef.

El contrato a posteriori

La Fiscalía, por su parte, enfocó su interrogatorio a los acusados precisamente en lo contrario: por qué intervino Gómez si supuestamente no era la responsable del taller. El Ministerio Público, en otra cuestión que centró la vista, considera que la exedil, como concejal de Parques y Jardines, inició en abril de ese año, cuando solo quedaban dos meses para concluir el taller, la tramitación de un contrato de suministros y "trabajos" que validó la junta de gobierno local para el parque cuando se detectaron las irregularidades.

En lectura de los hechos que realiza la Fiscalía, este último contrato lo hizo para «cubrir» con carácter retroactivo precisamente los costes asumidos previamente, supuestamente irregulares por carecer de contrato durante los meses anteriores.

Gómez, a través de su letrado, insistió en que este contrato, iniciado como concejala de Parques y de «urgencia», nada tenía que ver con el taller. "Estaban separados". Este contrato nunca prosperó, y el parque se construyó mucho después, a través de un concurso abierto, por más de cinco millones de euros, y se inauguró en marzo de 2024. 

También en que en la denuncia del equipo de gobierno confundió las competencias de Contratación y Parques y Jardines de la edil con las de Empleo, que llegó a ejercer en aquel mandato, pero no cuando se desarrolló el taller.

Vales

Víctor Costa, que dejó el cargo de director general de Urbanismo de Torrevieja hace una semana, testificó ayer que como arquitecto de apoyo al área de Intervención que era en el momento de los hechos solo supervisó gastos pagados con reservas de crédito por menos de 3.000 euros que no requerían procedimiento de tramitación, sin considerar que hubiera fraccionamiento.

El informe

No supo explicar por qué en el expediente de supervisión de la obra en el que se validaron algunas de las actuaciones no aparece un informe que se asegura que firmó constatando que todos los suministros se habían empleado de forma efectiva sobre el terreno en la obra. El informe se cita con sus iniciales, pero no existe físicamente en el expediente.

Exculpatorio

La mayor parte de los testigos que han comparecido durante las tres sesiones del juicio, entre ellos gerentes de empresas que siguen siendo proveedoras preferentes del Ayuntamiento -todavía hay empresas que no han cobrado aquellos trabajos del taller de empleo- y profesores del taller, no solo negaron que Gómez interviniera en las contrataciones, también que tuviera nada que ver con los cursos.

Alguno de ellos, que tienen obligación de decir verdad como testigos, entrando en contradicción con sus declaraciones ante la Guardia Civil y durante la fase de instrucción del procedimiento.

El juicio culminará con una nueva y última sesión en el que las partes personadas expondrán sus conclusiones para quedar el procedimiento visto para sentencia.

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