El Ayuntamiento de Torrevieja recurre ante el Tribunal Europeo la sentencia que señala al alcalde Dolón por por no frenar el acoso laboral a un policía

El Ayuntamiento de Torrevieja va a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia ratificada por el Tribunal Constitucional que condena al municipio por el acoso laboral sufrido por un agente de la Policía Local. Es lo que ha asegurado el concejal secretario de la junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, a preguntas de INFORMACIÓN.

La sentencia a recurrir condena al pago de una indemnización de más de 95.000 euros al policía afectado, más intereses de demora desde 2016, y señala a los cargos públicos responsables de la Policía Local por no atajar esa situación.

Corrupción

El Constitucional señalaba que se vulneró el derecho a la integridad física y moral del agente, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, por el acoso laboral que sufrió entre abril de 2013 y septiembre de 2016, tras denunciar la supuesta corrupción de algunos de sus compañeros en servicios policiales en la que detectó falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas o a la realización de inspecciones selectivas en locales de ocio, entre otras irregularidades, que dejaron de producirse tras sus denuncias.

Plazos

El plazo medio de resolución de procedimientos de este tribunal de la Unión Europea, que cuenta a su vez con dos salas de resolución en función del tipo de procedimientos, es de dos años. La causa debería plantearse ante el Tribunal General del órgano judicial, encargado de abordar procedimientos de particulares, empresas e instituciones que no sean planteados contra estados miembros de la Unión.

Con esta medida, el equipo de Gobierno del PP se garantiza de aquí a 2027, año de elecciones municipales, poder alegar públicamente sobre este asunto que está recurrido y que la sentencia condenatoria no es firme.

Responsabilidad

La resolución del Tribunal Constitucional, inédita para los casos de acosos laborales en la Administración y en la que cuestiona las resoluciones previas del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Valenciano, ha tenido repercusión a nivel nacional. Aunque no desde el punto de vista penal, el Constitucional señala la responsabilidad directa del Ayuntamiento de Torrevieja, la del alcalde cuando ocurrieron los hechos, Eduardo Dolón, y la de la actual delegada del Consell en la provincia, Agustina Esteve, entonces concejal de Seguridad, a la hora de no atajar el acoso de los mandos al agente. Fue una conducta, dice el fallo que se quiere recurrir, "omisiva de prevenir, investigar y sancionar las actuaciones de acoso de sus empleados públicos y la de hostigamiento que desarrolló institucionalmente contra el demandante" por parte de los cargos públicos.

La presentación del recurso ante el Tribunal Europeo sobre una sentencia del Tribunal Constitucional, tiene mucho margen de incertidumbre. Si se desestima, además de las costas procesales, el Ayuntamiento deberá asumir los intereses de demora generados durante el nuevo proceso.

Aclaratoria

El procedimiento se inició hace ocho años. El agente demandó al Ayuntamiento por la vía contencioso-administrativa en primera instancia en Elche. Y ganó. El Ayuntamiento recurrió entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ganó, anulando la sentencia previa. El afectado apeló ante el Tribunal Supremo esta sentencia, que desestimó su recurso. Pero presentó el caso ante el Constitucional, máximo órgano jurisdiccional de España y -contra todo pronóstico-, el Alto Tribunal le dio la razón.

En paralelo a este recurso en Europa, del que el concejal y también abogado aseguró que se está a la espera del momento en que el Ayuntamiento sea emplazado por el Tribunal, el municipio remitirá al Tribunal Supremo, que desestimó la apelación del afectado ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, un escrito en el que le insta a aclarar en qué sentido debería hacer efectiva la sentencia del Constitucional.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) estimó el pasado mes de febrero un recurso de amparo interpuesto por un policía local de Torrevieja que denunció acoso laboral por parte de los mandos. Condena en firme al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 95.816 euros, más intereses de demora desde 2016, por omitir cualquier investigación y hostigar al agente. Aquí la sentencia.

La sentencia

Siempre según la sentencia del Constitucional, al agente, que tuvo que dejar su plaza en Torrevieja, le cambiaron turnos sin avisar, le denegaron vacaciones, le impusieron turnos sin el descanso obligatorio, se le retiró el arma reglamentaria de su armero y hasta se alertó a Tráfico de que era posible que hubiera perdido las facultades para conducir. También se le denegó la paga extraordinaria y otros emolumentos, se airearon escritos humillantes dirigidos a él y se le retiraron las ayudas escolares para sus hijos.

Según varios testigos, fue sometido a constantes situaciones denigrantes en público, se le insultaba casi a diario y delante de todo el mundo por parte de algunos mandos y policías en la propia Jefatura. Y, siempre según la resolución, nadie con responsabilidad para atajar la situación la atajó.

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