Otro verano más sin paso peatonal entre Aguamarina y La Caleta en Orihuela Costa

"Tener todo cuanto antes" es el objetivo del Ayuntamiento de Orihuela para reabrir el paso peatonal que conecta Aguamarina con La Caleta en Cabo Roig, a la altura de la urbanización Bellavista. A mediados de abril, con el justiprecio ya marcado por el Jurado Provincial de Expropiación, la idea era llegar a tiempo de cara al verano, pero ahora esa ilusión se desvanece. Los plazos no dan. Antes habrá que demoler los muros en los accesos, pavimentar e instalar alumbrado público, una actuación que contará con un presupuesto de 38.305 euros y dos meses de plazo para la ejecución de las obras.

Las obras para demoler los accesos, pavimentar e instalar alumbrado público costarán más de 38.000 euros

"Está todo en marcha", insisten desde el Consistorio, pero aún quedan trámites. Entre ellos, el permiso del Servicio Provincial de Costas, que ya dio su autorización, pero en abril de 2023, con un plazo máximo de un año.

También está ya depositado en la caja el importe de la expropiación de los terrenos para proceder a la ocupación, algo que el Ayuntamiento ya comenzó a tramitar cuando el Jurado Provincial de Expropiación fijó la cantidad en 26.180 euros.

La expropiación, que aprobó el pleno en diciembre de 2023, acabó en el jurado provincial después de que la Administración local y los propietarios no llegaran a un acuerdo. Los propietarios presentaron en enero del año pasado una valoración de 1,2 millones de euros por sus parcelas de solo 227 metros cuadrados junto al acantilado, lo que suponía casi 17 veces más de lo que calcularon los técnicos municipales (69.113 euros).

Rebaja

Con todo, esta propuesta suponía una rebaja sobre los 3 millones que llegaron a pedir. Los terrenos a expropiar son, por un lado, 142 metros cuadrados de los 52 vecinos del residencial, que pusieron un precio de unos 170.000 euros, cuando antes reclamaban 2 millones, y, por otro lado, 85 metros cuadrados de uso hotelero de la mercantil Cabo Roig SA, que ha pedido 987.000 euros (antes un millón). La valoración que hizo en su día el Consistorio fue de 44.000 euros.

Los vecinos del residencial llegaron a pedir 3 millones por la expropiación de los terrenos

Finalmente, el jurado determinó que el Ayuntamiento deberá abonar poco más de 26.000 euros. Hay que recordar que los presupuestos de 2024 destinaban una partida de 600.000 euros para la expropiación de los terrenos y las obras necesarias para reabrir un idílico paseo peatonal por el litoral oriolano que ha estado abierto al público durante años y que permanece cerrado desde que en diciembre de 2021 el Ayuntamiento lo clausuró acatando una sentencia judicial, obligando a los vecinos y numerosos visitantes a dar un gran rodeo de dos kilómetros para salvar un tramo de apenas 60 metros de longitud.

Un largo camino

El residencial fue aprobado antes de la Ley de Costas y el PGOU en 1990, que dispuso que la primera línea fuera de equipamiento público. Sin embargo, el Ayuntamiento no expropió este tramo que daba continuidad al paseo de todo el frente litoral. Los vecinos del residencial construyeron un muro en 2013 para cerrar este sendero junto al acantilado y pegado a los jardines de sus viviendas.

El Gobierno local, a instancias del entonces edil de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, inició en 2013 el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística contra la urbanización, que instaló primero una valla y más tarde un muro, que impedía el tránsito por ese tramo.

Avalado por el TSJ, en marzo de 2015, operarios del Ayuntamiento rompieron a mazazos la puerta y el muro para la apertura pública del sendero. Los vecinos de la urbanización lo recurrieron y en 2016 el Juzgado Contencioso-Administrativo de Elche les dio la razón, anulando las resoluciones adoptadas al declararse probado que el paseo sobre el acantilado del Residencial Bellavista I nunca fue dominio público y condenando al Ayuntamiento a restituirlo.

La Administración local, ya gobernada por el PP, no recurrió la sentencia, por lo que pasó a ser firme, aunque el Consistorio ha ido recurriendo su ejecución. El Servicio Provincial de Costas, en mayo de 2017, señaló que el terreno en Aguamarina estaba afectado por una servidumbre de paso y, por lo tanto, los 52 vecinos del residencial no lo podían cerrar y debían dejar el paso libre.

El 4 de octubre de 2018 se dictó otro auto que ordenaba que se procediera al vallado y restitución del muro demolido, contra el que el Ayuntamiento interpuso un recurso de apelación que tumbó el TSJ en sentencia de noviembre de 2020, en la que señalaba que el muro se construyó por parte de los vecinos de manera legal al hacerse antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas en la que se basa el Servicio Provincial de Costas para hablar de una servidumbre de paso, y cuyo informe asumió el Ayuntamiento, y condenó al Consistorio a ejecutar la sentencia de 2016 que dicta la reconstrucción del vallado perimetral demolido y anuló el acuerdo de la junta de gobierno de 2013 y el decreto de demolición de 2015.

De ahí que para acatar la sentencia, que obligaba al Ayuntamiento a restituirlo a su estado original, en diciembre de 2021 se volviera a cerrar. 

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