La Fiscalía pide la condena por prevaricación de la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez por encargar 180.000 euros en suministros sin contrato

La exconcejal de Contratación y Parques y Jardines de Torrevieja Carmen Gómez Candel (PP) encargó entre enero y junio de 2015 suministros y obras por valor de 180.000 euros para la realización de un taller de empleo fraccionando los pagos y vulnerando los principios básicos de concurrencia y publicidad de Ley de Contratos del Sector Público para el desarrollo de un taller de empleo formativo en el que se iba a construir el parque de La Siesta, según aseguró en sus conclusiones finales la Fiscalía este miércoles. Ha sido en la última sesión del juicio seguido en la Sección VII de la Audiencia Provincial con sede en Elche, que ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía mantiene una petición de una pena de once años de inhabilitación por un delito de prevaricación para la exedil Gómez e idéntica para el director del taller Pedro Martínez de la Torre, que habría asumido las órdenes de la concejala y al que atribuyó los mismos hechos.

Su voluntad

La Fiscalía señala que los acusados hicieron "de su voluntad fuente del derecho contraviniendo de forma consciente y radical la legislación sobre contratación en el sector público".

Los abogados de ambos inculpados pidieron su absolución. Ellos mismos se declararon inocentes en su última intervención, que aprovecharon también para culparse mutuamente de los hechos imputados en la que ha sido última sesión del juicio, siguiendo la tónica durante las cuatro sesiones de la vista oral ante la mirada de la Fiscalía y el presidente del tribunal, el magistrado José Teófilo Jiménez Morago.

La coartada

El Ministerio Público señaló que apenas dos meses después de iniciarse aquel taller, la Intervención municipal, que había detectado irregularidades, y el técnico agente de Desarrollo Local responsable del programa de formación ordenaron por escrito al director del taller que no se autorizaran más gastos sin contrato y se dejó de actuar sobre el terreno.

Entonces Gómez ordenó el inicio, como concejal de Parques de Jardines, y al mismo tiempo su tramitación, en su función de edil de Contratación, de la licitación de un contrato valorado en casi un millón de euros para "encubrir" las irregularidades previas, dijo la fiscal. Tras iniciarse ese expediente al que la concejala confirió carácter urgente y "con prioridad absoluta", las obras continuaron "porque todo se había arreglado", según las declaraciones del director del taller de empleo. Siempre según las conclusiones de la acusación pública, Gómez quiso rematar "su coartada" ya en periodo de gobierno en funciones de junio de 2015 después de que el PP perdiera la mayoría absoluta, aprobando la redacción del proyecto. El nuevo Ejecutivo de coalición de izquierdas decidió denunciar los hechos.

La exconcejal popular se involucró y comprometió desde un principio en el taller, supervisó las obras y ordenó al director del mismo que continuara con los trabajos tras ser paralizados por los reparos advertidos por Intervención y la ADL, aseguró la Fiscalía.

Pese que Gómez se defendió señalando que ella no era concejal encargada del área de Fomento, sí lo era, según la Fiscalía, por sus funciones como edil de Parques y Jardines y, sobre todo, de Contratación.

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Los encargos de obras y servicios, algunos directamente troceados en contratos menores para rebajar su valor, y dos de ellos por más de 50.000 euros sin contrato, sumaron 180.000 euros y hubieran exigido un procedimiento de adjudicación abierto por concurso abierto o, al menos, negociado con publicidad, que hubiera permitido la concurrencia de empresas interesadas, reiteró la Fiscalía. Hasta la sesión de ayer la Fiscalía no había empleado el argumento del fraccionamiento en su acusación.

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Por órdenes verbales

El entonces director del taller, Pedro Martínez de la Torre, recibió la orden del ADL de abstenerse de comprometer más gasto para el mismo. En un primer momento, paralizó la petición de suministros, pero un par de meses después, cuando la entonces concejala de Gómez inició el contrato, recibió su orden "verbal" para continuarlo, como aseguró el acusado en su declaración en el juicio pese a que sus jefes directos eran la ADL y el concejal de Fomento en aquel momento, José Sánchez. Este último, que no fue denunciado, tampoco ha comparecido como testigo en la causa, cuya instrucción se ha prolongado durante nueve años.

El único testigo

El contrato ad hoc para encubrir las irregularidades en los encargos y efectuado a posteriori fue el principal argumento de la Fiscalía para apuntalar su petición de pena por prevaricación. El otro fue la declaración de un testigo, el gerente de la empresa Transamar, el único de los cinco testigos de empresas, que, con bastante claridad, reconoció en el juicio que Carmen Gómez, sin tener ninguna competencia real en el taller, según mantuvo su defensa, ejercía de "cabecilla" en una reunión previa al inicio del mismo realizada a pie de obra. Según este testigo, la exconcejala señaló en esa reunión cómo debía desarrollarse el taller y los encargos a proveedores. El mismo afirmó que todo se hacía sin contrato y de forma verbal.

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El resto de empresarios, que siguen siendo proveedores habituales del Ayuntamiento, negaron cualquier intervención de Gómez, en algunos casos desdiciéndose de lo declarado inicialmente ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción. También declararon en este sentido tres de los profesores del taller de empleo, uno de ellos hermano de la exconcejala Gómez Candel.

Prueba de cargo

José Pedro González Rubio, abogado de Carmen Gómez, señaló que la acusación hacía un "totum revolutum" en el que confundían las delegaciones de la entonces concejala porque el hecho de que fuera edil de Parques y Jardines y Contratación no implicaba que tuviera relación con el taller de empleo. Los únicos responsables, dijo, eran el concejal de Fomento que figura firmando facturas con la Agencia de Desarrollo Local y, en especial, el director del taller, que no advirtió a la ADL que se habían reiniciado los encargos y los gastos.

Reiteró que el "famoso" contrato al que la Fiscalía atribuye la función de cubrir las irregularidades, no tenía nada que ver con el propio taller de empleo. La defensa afirmó que era exclusivamente un procedimiento para terminar la obra. También puso en duda la credibilidad de las declaraciones del único testigo que reconoció la implicación de Gómez en el encargo de las obras, a las que calificó de "balbuceantes". El letrado señaló que la Fiscalía no tiene prueba de cargo para condenar a su defendida.

Cuestionó el abogado que la acusación pública hubiera renunciado al testimonio de quien impulsó la denuncia, el entonces concejal de Izquierda Unida, Víctor Valverde. También se cayó de la lista de testimonios la interventora Carmen Corral, que puso los reparos a los gastos.

El Parque de la Siesta, espacio objeto de los trabajos de aquel taller de empleo, solo ha sido una realidad nueve años después tras una adjudicación abierta por cuatro millones de euros que al final incluyó un sobrecoste de un millón adicional. Esta intervención destruyó todo el trabajo previo realizado en el parque por el taller de empleo, algo que no se ha juzgado en el procedimiento, porque la Fiscalía no ha solicitado responsabilidad patrimonial para los acusados en caso de ser condenados. Esta circunstancia, sin embargo, sí había sido solicitada por la acusación popular del PSOE, que se retiró del procedimiento poco antes de iniciarse el juicio.

Sin carácter penal

La defensa de Pedro Martínez de la Torre señaló que los hechos no deberían calificarse de prevaricación. Se trataría de irregularidades administrativas que en cualquier caso tenían solución en un ámbito que no es el penal, por ejemplo, con las reclamaciones que han realizado las empresas de la facturación de los trabajos. Por su parte señaló a Carmen Gómez como única responsable de los hechos imputados, porque el director del taller de empleo carecía de competencia alguna para encargar los trabajos.

El taller tenía un objetivo de formación y un periodo de seis meses. Como ha quedado claro en el juicio, se planteó pocos meses antes de las elecciones municipales de 2015, durante el primer mandato de Eduardo Dolón, en un momento en el que la restricción para proyectos de inversiones para obras era total en el Ayuntamiento.

Otros talleres de empleo se habían realizado antes en Torrevieja con un desembolso de dinero público muy importante para esquivar esas restricciones, realizados además, sin apenas control sobre los contratos, que recaían en empresas proveedoras habituales del Ayuntamiento a dedo. Después de esta denuncia ya no se han vuelto a plantear con unidades de obra tan cuantiosas y los gastos se limitan a los materiales de formación.