La desalación solo podrá reponer 38 hectómetros de riego de los 105 que se perderán con el recorte del trasvase

El "apagón hídrico" de 2027 no será de un solo día y tendrá "graves" consecuencias para el sector agrícola y la economía de la provincia de Alicante. La ampliación de la producción de agua de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas prevista por el Gobierno solo será capaz de reponer el 35 % de los recursos hídricos que perderán los agricultores usuarios del trasvase Tajo-Segura cuando el recorte previsto de los envíos del acueducto a las provincias de Alicante, Murcia y Almería sea una realidad en 2027. En el más optimista de los escenarios se incorporarían 38 hectómetros de agua desalada más al año frente a los 105 hectómetros de agua del trasvase que llegarán de menos.

Esta es una de las principales conclusiones abordadas en la jornada técnica organizada por Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, que preside Roque Bru, y que bajo el lema "El apagón hídrico de 2027, las nuevas normas de explotación del trasvase", contó este viernes con el secretario general del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), José Ángel Abellán; el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante (UA) Andrés Molina y el diputado nacional del PP y catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UA, Joaquín Melgarejo para analizar las polémicas nuevas normas de explotación que regirán el trasvase. La mesa estuvo moderada por la catedrática Inmaculada López Ortiz, directora de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante.

El recorte en cifras

Según la estimación realizada por Joaquín Melgarejo con la decisión "ideológica" que atribuyó al Gobierno, el sureste pasará de recibir una media de 310 hectómetros anuales -media desde que se puso en marcha el trasvase hace 46 años, con 200 para riego y 110 para abastecimiento-, a contar con solo 73 para el riego (otras fuentes lo elevan a unos cien) y 90 para el abastecimiento, porque en sus datos incorpora el agua que se desviará a la tubería manchega del trasvase Tajo-Guadiana para abastecimiento.

Los demandas

Abellán desveló, por su parte, que se acaba de presentar ante el Tribunal Supremo (TS) la esperada demanda del SCRATS contra la actualización del Plan de Cuenca del Tajo, el aumento de los caudales ecológicos que contempla y las nuevas normas de explotación en las que se ha expresado ahora la rebaja de caudal a recibir. En el recurso se hace constar la total descoordinación entre la actual aplicación del Plan del Tajo y su incompatibilidad con las previsiones del Plan del Segura, la "voluntad" exclusivamente política, señaló, de poner fin al trasvase o la "inexplicable ausencia" de un "análisis" en su elaboración del coste-beneficio que implicaría el aumento de los caudales ecológicos, en especial, por su impacto económico en la cuenca receptora.

De forma inminente, según indicó el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Molina, ese mismo tribunal debe pronunciarse muy pronto por el recurso presentado por la Región de Murcia, tras tumbar el Supremo los impulsados por la Generalitat Valenciana y Andalucía. Además, está pendiente que se incorpore la iniciativa en el mismo sentido de la Diputación Provincial de Alicante.

Coincidieron Abellán y Melgarejo en indicar que la proyección de pérdida de recursos hídricos se realiza teniendo solo en cuenta el recorte del trasvase. Recuerdan que a los 105 hectómetros hay que añadir los 213 hectómetros extraídos del subsuelo mediante pozos por los regantes, autorizados en su día por la Administración, y que desde 2027 ya no se podrán explotar por el mal estado en el que se encuentran las masas subterráneas de agua, medida que se adoptará en cumplimiento de la legislación europea. Una pérdida de recursos subterráneos que afecta en mayor medida a Murcia que a Alicante.

Inaplicable

Por otra parte, el catedrático Andrés Molina señaló que ni siquiera los expertos en Derecho han podido discernir qué implicaciones tiene la farragosa sentencia dada a conocer hace unos días por el Supremo que, en un principio, liquida el escalonamiento previsto en la aplicación del recorte del trasvase hasta 2027. Este fallo ha sido interpretado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente, Emiliano García-Page, como el fin del trasvase en la práctica, y entienden que apostaría por aplicar ya el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo Medio.

Molina señaló que considera que la sentencia del TS es "mala", desde el punto de vista de su redacción, y hay que reclamar una resolución aclaratoria, si bien especificó que, si realmente el fallo supone la eliminación del escalonamiento, es "inaplicable" porque se contradice con las previsiones del Plan Hidrológico del Segura, con el que está coordinado el Plan Hidrológico del Tajo, y que señala que el recorte del trasvase solo se podía aplicar una vez que se hubieran puesto en marcha las medidas para paliar el impacto del incremento de caudales ecológicos sobre los envíos del trasvase a Alicante, Murcia y Almería.

Admitió, sin embargo, que hay dos importantes argumentos contra el Plan del Tajo y su recorte que "desafortunadamente" ya no se pueden esgrimir en esos recursos: el principio de jerarquía normativa, en el que se debería haber modificado la ley de 1980 que regula el acueducto para imponer los caudales ecológicos ahora, porque el Supremo señala que lo que hay que asumir es la actual legislación ambiental; y el que apuntaba a las graves irregularidades formales con las que se celebró el Consejo Nacional del Agua, que aprobó los decretos de los planes de cuenca en 2022 sin presentar los propios textos de los decretos previamente. El Supremo reconoce en sus sentencias sobre los recursos desestimados de la Generalitat y Andalucía que el citado órgano colegiado del Consejo del Agua no siguió su funcionamiento ordinario, pero eso no es suficiente para anular un plan hidrológico. Molina afirmó que los recursos de la Región de Murcia, del SCRATS y de la Diputación Provincial de Alicante han incorporado informes técnicos muy sólidos en los que se justifica la arbitrariedad a la hora de fijar el aumento -valoró- de los caudales ecológicos.

Consecuencias económicas

El catedrático y diputado nacional del Partido Popular Joaquín Melgarejo puso cifras al impacto económico del recorte, no solo para la agricultura, también para el conjunto de los sectores económicos. Al respecto, se calcula una "contracción en la provincia de Alicante de unos 198 millones de euros al año con la pérdida de 5.700 puestos de trabajo tiempo completo". Y para el caso del sector agrícola, de 61 millones al año con una reducción de 22 hectómetros al año de agua disponible del trasvase, que riega un total de 53.000 hectáreas en la provincia.

El recorte supondrá 198 millones de euros en pérdidas al año y la 5.700 puestos de trabajo tiempo completo en la provincia de Alicante, según Melgarejo

Melgarejo cuestionó el anuncio del portavoz y secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, de la construcción de dos nuevas desaladoras en la cuenca del Segura: una en Águilas para 50 hectómetros y otra en Torrevieja con capacidad para producir 100. Se preguntó por qué ese cargo público no hizo alusión a esas plantas cuando rechazó en el Congreso votar una iniciativa de la Asamblea de Murcia para blindar el trasvase, que el PP perdió por un voto (con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo), para luego anunciarla Lucas en rueda de prensa "como respuesta al rechazo social" que ya está cosechando el recorte.

Y se respondió Melgarejo: "Porque esas desaladoras son una ocurrencia y un invento, son mentira". También señaló el atasco desde 2021 en las previsiones del Gobierno en la interconexión de la planta de Torrevieja con el interior de Murcia y Riegos de Levante Margen Izquierda, y en el bloqueo a la construcción de la polémica planta solar para rebajar el consumo energético de la desalación: el 60 % del coste del metro cúbico del agua desalada que se sitúa en torno a un euro.

Fue Abellán quien recordó, en este sentido, que no hay presupuesto, ni proyectos para esas actuaciones y subrayó que la planta de Torrevieja, de similares dimensiones a la segunda que se plantea ahora, comenzó a construirse en 2005 y la primera "agua producto" salió de la planta en 2013. Solo estabilizó su generación de agua en 2016 (antes los regantes no demandaban agua desalada) y la máxima en 2023 con 84 hectómetros. Destacó que ha tardado casi quince años en estar al máximo rendimiento desde que se iniciaron las obras y recordó, además, que el agua desalada siempre necesita mezclarse con otros recursos como los subterráneos o del trasvase para que sea efectiva y recurrir solo a esta fuente tiene impacto en la productividad agrícola.

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