La exedil del PP Gómez dice en el juicio que el plan de choque de limpieza de Torrevieja debía ser gratis y Acciona lo niega

Carmen Gómez, exteniente alcalde y exconcejal de Aseo Urbano de Torrevieja, declaró este miércoles en el juicio en el que está acusada de prevaricación que le explicó a un ejecutivo de Acciona, al que no pudo identificar por su nombre ante la Audiencia Provincial, que el plan de choque de limpieza de julio y agosto de 2019 que encargó a dedo a esta empresa (presupuestado en 256.000 euros) debía ser gratis.

Su argumento fue que otros servicios similares realizados por la misma mercantil con anterioridad habían sido facturados en el ámbito del servicio ordinario y no deberían costarle nada a los vecinos de Torrevieja, especialmente si la prestación trataba de resolver un problema de limpieza en las urbanizaciones en plena temporada alta.

Estas declaraciones de Gómez contradicen la versión de todos los testigos llamados a declarar en el juicio que se ha celebrado en la Sección XI de la Audiencia Provincial con sede en Elche, entre ellos técnicos municipales y ejecutivos de Acciona. También difiere de lo que figura en la causa y del anuncio público del plan de choque en el que la propia concejala admitía el importe mensual de la prestación y que no tenía contrato.

Pena

La Fiscalía pide una pena de 12 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación a la exregidora. Solicitud en la que se ratificó este miércoles en sus conclusiones finales. El fiscal Anticorrupción señaló que el juicio oral, las declaraciones y las pruebas documentales en la fase instrucción prueban tal delito porque la exconcejal "ordenó" el servicio sin pedir informes, sin contar con consignación presupuestaria ni informe jurídico favorable y finalmente sin contrato, pese a las advertencias primero verbal y luego por escrito del técnico supervisor del servicio de recogida basura de que debería poner en marcha un concurso público.

Ese ingeniero se ratificó en su declaración en el juicio en que había advertido verbalmente a Gómez. Y la exconcejala señaló en la última jornada de la vista oral que el técnico no le alertó y que mintió en sede judicial.

Un testigo propuesto por la defensa que ahora es Técnico de Administración General (TAG), y en 2019 ejercía de funcionario auxiliar temporal en el área de Alcaldía, señaló que firmó el recibí del informe del supervisor de la contrata donde especificaba que no se podía realizar el encargo sin un concurso y lo derivó a Alcaldía. La acusada aseguró este miércoles que nunca lo recibió.

"Radiar" el supuesto delito

Además, el Ministerio Público pidió el visionado de casi un cuarto de hora de rueda de prensa del alcalde torrevejense, Eduardo Dolón, al que Gómez eximió de cualquier responsabilidad de la "idea" del plan de choque en fase de instrucción, en la que anunció junto a la inculpada la iniciativa de limpieza que se ponía en marcha.

El Ministerio Fiscal remarcó que, a su juicio, en ella "se radiaron" las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo para llevar a cabo el plan de choque, cuando Gómez y el alcalde Dolón citaron el importe de la prestación y que se iba a hacer sin contrato.

Quien fuera durante seis años concejala de Aseo Urbano, Contratación, Personal y Parques y Jardines en el equipo de gobierno del Partido Popular liderado por el actual alcalde aseguró que nadie de Acciona llegó a reclamar el pago de los 256.000 euros en los que se estimó el precio del servicio (IVA incluido).

Reclamar

En esta vista oral del juicio que tras tres sesiones queda visto para sentencia, declararon como testigos dos exdelegados de la contrata y un letrado representante legal de la multinacional.

Así, el representante legal de Acciona, Ignacio García Calvo señaló que el objetivo de cualquier empresa es reclamar por los servicios prestados y no cobrados, y que en este caso así se hizo en varias ocasiones sin recibir respuesta por parte del Ayuntamiento.

El mismo abogado de la empresa señaló que se abordará ese pago en la liquidación del anterior contrato (que se prolongó entre 2004 y 2016). Tres años después de adjudicarse el nuevo servicio todavía no se ha realizado esa liquidación.

Vicente Blasco, que fuera delegado de Acciona en Torrevieja durante más de una década sí matizó a preguntas de la defensa que todos los servicios de limpieza se podían considerar extraordinarios desde el momento en el que no tenía contrato y que todos contaban, mes a mes, con reparos de intervención. Blasco dejó el puesto justo con el cambio de gobierno en 2015, con lo que no tramitó el plan de choque.

El fiscal Anticorrupción apuntó a que Gómez "reculó" y no tramitó el abono que le reclamaba la empresa multinacional tras comenzar la oposición del PSOE y de Los Verdes en aquel momento a preguntar y denunciar públicamente este plan de choque sin contrato.

Prioridad

La defensa de la concejala señaló que la prioridad del plan de choque era la limpieza de la ciudad en un momento, verano de 2019, en el que las deficiencias de este servicio eran muy evidentes y asimiló la iniciativa, totalmente extraordinaria y que vino de la mano del cumplimiento de una promesa electoral, según reiteró por su parte la Fiscalía, a un servicio esencial como el aseo urbano y la recogida diaria de basura.

El letrado defensor, José Pedro González, igualó la irregularidad del plan de choque, de carácter administrativo exclusivamente, a otras situaciones similares vividas en la prestación del servicio entre 2016 y 2022. Recordó que, al contrario de lo que ha hecho en otras ocasiones en los últimos 20 años, Acciona (que volvió a adjudicarse la contrata por 400 millones de euros y 15 años en 2022), no ha reclamado el importe del plan de choque por la vía contencioso-administrativa, lo que demostraría, según su interpretación, que no fue un servicio extraordinario.

Conclusiones

En sus conclusiones la defensa de Gómez insistió en igualar el encargo a dedo del contrato del plan de choque con el resto de irregularidades en la prestación de recogida de basuras y limpieza viaria, que consideró de índole administrativa, por el periodo en el que el Ayuntamiento, hasta que resolvió la adjudicación del nuevo contrato de basuras, desembolsó hasta 100 millones de euros con continuos informes de reparo. También bajo mandato del alcalde de izquierdas José Manuel Dolón.

Para sostener esta afirmación se hizo eco de un decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción de un procedimiento en el que ese período fue investigado por la Fiscalía. Señaló que para que haya prevaricación debe haber una actitud manifiesta y descarada de actuar en contra de la legislación y no es el caso.

El letrado evitó en sus conclusiones analizar la rueda de prensa y las propias declaraciones de su defendida sobre el supuesto encuentro con un ejecutivo de Acciona en el que se habría tratado que no reclamara el importe.

Como argumento fundamental en su defensa el letrado mostró el antes y después de muchas zonas de Torrevieja tras la limpieza del plan de choque encargado.

¿Dónde está la factura?

La Fiscalía señaló que la empresa Acciona realizó un presupuesto e incluso presentó una factura proforma de la prestación, según figura en la documentación que el Ayuntamiento tuvo que aportar a la denunciante, la exconcejala socialista Fanny Serrano, tras reclamarlo al Síndic de Greuges. Sin embargo, cuando la Fiscalía solicitó la misma documentación al Ayuntamiento, el presupuesto detallado en la factura había desaparecido.

Gómez se extendió en su turno de última palabra para reiterar su inocencia y cuestionar las declaraciones de varios testigos. Además de citar una frase del informe del propio fiscal Anticorrupción en la que se archivaba una causa relacionada con la investigación de la contrata de las basuras para reclamar su absolución.

La exconcejala, obligada a dimitir tras confirmarse la apertura de dos juicios contra ella por su gestión en el Ayuntamiento, ya fue juzgada hace un mes por otro tribunal en la Audiencia Provincial por un caso de supuesta prevaricación en la que se pide una pena de once años de inhabilitación para ejercer cargo público por el encargo de suministros y obras por valor de más de cien mil euros sin contrato para un taller de empleo en el parque de La Siesta.

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