Orihuela Costa necesita 15 millones para una segunda toma de agua potable que garantice el suministro

Orihuela Costa tiene un problema de caudal y abastecimiento de agua. El motor del turismo y el urbanismo en el municipio -y también poblacional, con un importante número de viviendas turísticas y cada vez más habitantes censados durante todo el año- necesita obras hidráulicas que la doten de agua potable. El Ayuntamiento tiene entre manos varias acciones. Por un lado, una segunda toma -y sus conducciones-, que ya está autorizada por la Mancomunidad de Canales del Taibilla y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La empresa concesionaria del servicio de agua potable en el municipio, Hidraqua, ya ha advertido que sin esta infraestructura no se puede continuar con el desarrollo urbanístico en la zona. Para ello, será necesaria una inversión de 15 millones de euros en un horizonte de cuatro años.

Por otro lado, está pendiente, desde hace más de 20 años, la construcción de un segundo depósito. Su tramitación, después de que se paralizara en octubre por parte del secretario del Consistorio, ya está en el departamento de Contratación para licitarse en breve, según el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz.

Los presupuestos de 2024, aprobados en marzo del año pasado, contemplaban un capítulo de inversiones reales de 40,9 millones de euros. Entre ellas, una de las más cuantiosas era el depósito de agua potable en el litoral (2,8 millones).

Hay que recordar que Hidraqua ha llegado a emitir informes reconociendo la imposibilidad de abastecer los desarrollos urbanísticos previstos. La mercantil alertaba de que la capacidad para suministrar agua potable a las viviendas se encontraba al 100%. Así, determinaba que, "teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico continuo de la Costa, se puede aseverar que no hay capacidad para poder abastecerla".

En enero de 2023, con el bipartito de PSOE y Ciudadanos, el equipo de gobierno propuso la aprobación definitiva de los bienes a expropiar para instalar un depósito de 6.000 metros cúbicos en Los Dolses, en una parcela anexa al actual depósito de "El Canal".

En concreto, la propuesta hablaba de la necesidad de ocupar 3.384 metros cuadrados para su construcción, que ya se contemplaba en 2001 en el "Proyecto para el abastecimiento de agua potable a la zona costera del término municipal de Orihuela (fase II)".

De ello dependerá el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos que están pendientes de desarrollarse en La Regia, Cala Mosca y PAU-7. Mientras, con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desactualizado y que no responde a las necesidades reales al datar de los años 90, se siguen aprobando modificaciones puntuales.

Recalificación

La más reciente se produjo en el pleno del jueves, con los votos a favor de PP y Vox, en contra de PSOE y Cambiemos y la abstención de Ciudadanos, para recalificar una parcela deportiva privada a uso residencial en el sector 0-1 Las Filipinas, en el entorno del campo de golf de Villamartín.

El objetivo de la mercantil propietaria del suelo -Santa Cruz Urbana- es construir viviendas, pese a que el uso previsto era para instalaciones deportivas, precisamente en una zona que carece de infraestructuras y servicios públicos debido a un rápido crecimiento urbanístico.

Los terrenos de 9.000 metros cuadrados tienen una edificabilidad permitida de 2.161, lo que se traduce en un techo máximo de 45 viviendas o 113 habitantes.

El expediente, que se inició en 2015, cuenta con informes favorables incluso de suficiencia de recursos hídricos, defendió Ruiz, que también lo definió como "un solar lleno de ratas y maleza" cuya construcción conlleva compensaciones para el Ayuntamiento, como una zona verde urbanizada de mil metros cuadrados y un vial público con 32 plazas de aparcamiento, además de una plusvalía por el cambio de uso deportivo a residencial de un 5% sobre 36,96 metros cuadrados; esto es, la constructora tendrá que abonar a las arcas municipales 10.147 euros, aunque este parámetro en 2018 se cifraba en 300 metros cuadrados y 65.000 euros. El promotor también tendrá la obligación de destinar un 10% del sector a vivienda pública.

Con todo, en estos diez años de tramitación constan en el expediente hasta seis informes que reclaman subsanaciones del proyecto, que la mercantil ha ido realizando, según Ruiz, que insistió en que es una modificación de poco calado y que no afecta al medioambiente, mientras que Enrique Montero, de Cambiemos, y Milagros Lacárcel, del PSOE, se opusieron a seguir recalificando terrenos como en la época del pelotazo urbanístico, incrementando el colapso con un urbanismo intensivo sin implementar servicios y sin asegurar el abastecimiento de agua.

Ruiz, por su parte, insistió en que la obligación del Consistorio es continuar con el expediente para evitar responsabilidades patrimoniales -y un perjuicio dinerario al municipio- por unos derechos adquiridos hace años.

Tras esta aprobación provisional ahora tendrá la última palabra el Consell.

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