La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela

No se ha podido realizar una estimación económica de lo que costará restaurar los terrenos de las fincas agrícolas de La Murada (Orihuela) donde entre 2005 y 2011 fueron enterradas ilegalmente más de un millón de toneladas de basura. La cifra es necesaria para fijar la responsabilidad civil de los supuestos responsables del delito ecológico cuyo juicio comenzaba el pasado viernes. Aún sin fijar, se sabe, eso sí, que será multimillonaria. Eso si las resoluciones judiciales primero, y administrativas después, así lo deciden y no abandonan a su suerte estos parajes contaminados.

Distribución

Según la calificación de los hechos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción, 500 hectáreas distribuidas en 11 fincas de La Murada (Orihuela) en las partidas de Los Vives, Los Sigüenzas y Los Corrales están contaminadas por cientos de miles de toneladas de basura. Otra más se encuentra en el vecino municipio de Abanilla (Murcia).

Un sustrato de varios metros de profundidad, mayoritariamente de residuos urbanos aunque también se han detectado en superficie de otro tipo como los sanitarios a los que, literalmente, se les echó tierra encima. En la Audiencia Provincial con sede en Elche ha comenzado el juicio contra los supuestos responsables de este delito ecológico, entre ellos tres miembros de la familia Fenoll, responsables durante años del vertedero de Proambiente situado junto a los terrenos afectados. Un millón de toneladas de basura. Y esta cifra es sólo a la baja.

Estimaciones

El Ministerio Público coloca un «al menos» delante de cada una de las estimaciones realizadas por técnicos para cada una de las fincas agrícolas. Los informes ecotoxicólogos incorporados a la causa señalan que los residuos no son peligrosos de forma aislada pero sí su abandono actual que ha generado lixiviados, emisiones a la atmósfera de gases como el metano, contaminación del acuífero situado en la misma zona e impacto directo en parcelas que lindan con las investigadas y en zonas protegidas del hábitat mediterráneo, en especial de aves rapaces.

Sin embargo, la mayor parte de las fincas se encuentran en producción agrícola de regadío intensivo de cítricos -con agua del trasvase Tajo-Segura-. Además, se detectó acumulación de residuos en el lecho de la rambla Salada, un paraje de especial valor ambiental y paisajístico.

Fincas contaminadas y protestas vecinales en La Murada, donde se enterraron un millón de toneladas de basura en terrenos agrícolas entre 2005 y 2011

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Delito continuado

En este caso se habla de un delito continuado contra el medio ambiente por el que se pide a cinco acusados cinco años de cárcel y a un sexto, dueño de la mayor parte de los terrenos, siete años de prisión. El contexto en el que se produjeron los hechos irá trascendiendo las siguientes vistas del juicio.

Hay que remontarse treinta años atrás para explicar cómo pudieron acabar un millón de toneladas de basura como sustrato de fincas agrícolas. La Vega Baja tiene aprobado desde hace más de veinte años, y aún sin desarrollar, un plan zonal de residuos que debía dotar a la comarca de instalaciones de eliminación y tratamiento de basura. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000 el único vertedero disponible en el Bajo Segura era el de Proambiente, propiedad de la familia Fenoll, con precios de ganga. Si eliminar la basura en Elche o Xixona costaba 40 euros la tonelada, más el gasto de transporte, Proambiente ofrecía lo mismo por menos de la mitad. La mayor parte de los Ayuntamientos de la Vega Baja -del PSOE y del PP-, estaban encantados. Acudían a las instalaciones del vertedero a dejarse agasajar por el entonces todopoderoso empresario de las basuras Ángel Fenoll, el patriarca de la familia, que amarraba así buena parte de las contratas municipales de recogida de residuos de la comarca. Las cosas comenzaron a torcerse en 2005 cuando la policía nacional por orden del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ordenó la investigación de los negocios de los Fenoll con la intervención de sus teléfonos móviles.

Brugal

Era el principio de la Operación Brugal, que desembocó en registros en 2007 y 2009 y del final de la buena estrella empresarial de Don Ángel y familia. Entre otras muchas irregularidades, en las conversaciones se detectaron las prácticas de enterramiento de basura a las que tuvieron que recurrir supuestamente desde Proambiente, situado entre Abanilla y Orihuela, porque las administraciones murciana y valenciana, con el Brugal y las crecientes movilizaciones vecinales habían puesto el foco en la falta de condiciones y capacidad del vertedero y sus constantes incidencias y no iba a autorizar su ampliación. Según la investigación, Proambiente terminó enterrando la basura sin tratar en fincas agrícolas. El sellado del vertedero y el vaciado periódico de los lixiviados costó 8 millones de euros y terminó en 2021. Más otros seis de mantenimiento. Pagó la administración. Eliminar cada tonelada de basura enterrándola cuesta ahora en instalaciones autorizadas casi 100 euros...

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