GUARDAMAR DEL SEGURA
El mercadillo de la N-332 desafía al alcalde de Guardamar y abrirá mientras no decida el juzgado
La familia propietaria del negocio dominical del Fogón desde hace 30 años cree que la urbanizadora del plan urbanístico que afecta a la zona presiona al Ayuntamiento para echarlos
Recinto del mercadillo del Fogón en Guadamar del Segura / INFORMACIÓN
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Los propietarios del popular mercadillo El Fogón junto a la N-332 en Guardamar del Segura señalaron este jueves a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento guardamarenco no puede clausurar ni precintar la actividad, como ya ha hecho en dos ocasiones en las últimas semanas, mientras el juzgado no se pronuncie sobre la adopción de medidas cautelares que han solicitado.
La petición, acompañada con casi mil firmas de negocios, vecinos y usuarios, reclama mantener la actividad abierta hasta que los tribunales no decidan sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la propiedad para defenderse del decreto de cierre municipal.
"El mercadillo va a estar abierto todos los domingos mientras ese juzgado no resuelva" al margen de los precintos en todos los accesos que reponga la Policía Local por orden del alcalde José Luis Sáez, insisten.
D. Pamies
Prisas
Carmen Valenti Marí, que puso en marcha este negocio hace tres décadas, y su hijo Fernando García Valenti, gestionan estos 30.000 metros cuadrados de mercadillo y aseguran que no acaban de entender las "prisas" del alcalde, José Luis Sáez, a la hora de resolver ahora cuando el expediente se abrió en 2012 por la supuesta irregularidad en la instalación. Los dueños insisten en que tal irregularidad no existe.
Licencias y urbanizable
El restaurante del recinto tiene licencia y también las naves. El suelo sobre el que se monta el mercadillo es urbanizable, por lo que estiman los propietarios que el desarrollo de una actividad terciaria como la que realizan es compatible y legalizable. Comparan, además, este caso con otros cuyo podría ser irregular y se instalan sobre una mayor superficie en otros en puntos de la comarca e incluso en el propio término de Guardamar, al instalarse en suelos rústicos e incluso protegidos.
Y lo más importante, insisten, es que han aportado la documentación que el Ayuntamiento les ha reclamado desde que, por motivos que desconocen, les remitió el expediente el pasado mes de julio con el decreto de cierre y posterior precinto, pero no han obtenido respuesta. Afirman que delegando las competencias en la concejala de Actividades a la hora de firmar los decretos, y no en el alcalde.
La Administración local, siempre según su versión, no ha tenido en cuenta después que había registrado la petición de medidas cautelares, algo de lo que dejaron constancia en el Ayuntamiento. "Pese a eso han precintado igualmente". Su asesoría legal interpreta que ante una petición de medidas cautelares el cierre nunca debería haber sido efectivo hasta que su resolución.
Presiones
Fernando García y su madre, Carmen, sospechan que José Luis Sáez podría estar actuando supuestamente bajo presión del agente urbanizador del sector ZO 6 El Oliverón, que contempla 2.365 viviendas sobre 580.000 metros cuadrados, además de zonas terciarias junto la N-332. En ese ámbito urbanístico está enclavado también el mercadillo. El procedimiento urbanístico, muy avanzado, abarca toda la franja situada frente al polígono industrial Santa Ana, pero también amplias zonas de bancales agrícolas próximas a la pinada del Moncayo y a su zona militar, en el que los promotores han realizado una inversión millonaria en la adquisición de suelos en los últimos años.
En este sentido señalan que no rechazan la integración en ese plan, ni que se desarrolle porque es suelo urbanizable desde hace más de dos décadas, pero aseguran: "No tenemos ni idea de quiénes son los urbanizadores. No nos han llamado. Y por más que pedimos información en el Ayuntamiento, no la dan. Lo único que queremos es saber qué planes tienen y qué quieren hacer con el mercadillo. Porque tienen que tener en cuenta una actividad con más de treinta años de trayectoria, que genera puestos de trabajo y paga impuestos".
Como alternativa a la situación actual indican que el urbanizador y el Ayuntamiento deberían poner sobre la mesa la posibilidad, perfectamente legal, aseguran, de contar licencia de actividad temporal mientras no arrancan las obras de urbanización. "Pero no tenemos ninguna información. La hemos pedido al Ayuntamiento y a la urbanizadora y no responden", insisten.
En amarillo ámbito del plan urbanistico que afecta al mercadillo, situado junto campo de fútbol. En azul el polígono industrial Santa Ana al que dobla en superficie / Generalitat/AHSA
Actividad económica
La familia García Valenti explica que tiene su casa y su vida en este recinto y que muchos comerciantes dependen de los ingresos dominicales para salir adelante. Además, cuentan con más de una quincena de empleados entre el personal exterior que ordena el tráfico para el aparcamiento y los camareros y personal de hostelería de las dos cafeterías restaurantes.
El mercadillo es uno de los más populares de la provincia. Además de productos frescos como frutas y verduras es especialmente apreciado por su oferta de coleccionismo de todo tipo de objetos, productos de segunda mano, y antigüedades, en una vertiente más similar a la de un rastro, que atrae a público, "en ocasiones desde muy lejos", señalan sus promotores, todos los domingos por la mañana. También genera importante actividad colateral entre la hostelería local guardamarenca, con visitantes que se quedan a comer en el municipio tras el cierre del mercadillo a mediodía.
El equipo de gobierno
El alcalde, José Luis Sáez, por su parte, ya indicó que la Policía Local va a proceder a precintar las veces que sean necesarias y a remitir un atestado al juzgado cada vez que se reabra el mercadillo los domingos infringiendo la orden de clausura. Sí matizó el regidor que en ningún caso va a ordenar a la Policía Local el cierre por la fuerza del negocio. "No queremos que se pueda dar una situación de tensión y conflicto", aclaró, pese a que un Ayuntamiento puede reclamar el auxilio judicial para hacer cumplir una orden de clausura.
El alcalde insiste en que se le ha dado oportunidad a la propiedad para completar el expediente de legalización, sin que la documentación que presentaron fuera suficiente, y mantiene que el recinto carece de licencia para la actividad que desarrolla.
El origen en la expropiación de la N-332
Según explica el recurso contencioso que ha presentado la propiedad frente al decreto de cierre municipal, desde el año 1995 en los terrenos aledaños al Bar-Restaurante El Fogón, y como anexo a esa actividad, empezó a celebrarse la mañana de los domingos el mercadillo. Se llevó a cabo sin ningún inconveniente hasta que se produjo el desdoblamiento de la N-332 y se expropiaron parte de los terrenos. Aquella expropiación vino con polémica porque el Ayuntamiento de Guardamar intentó una cesión anticipada del suelo afectado con el rechazo de los propietarios, los mismos que los del mercadillo.
La familia cree que la negativa a entregar los suelos de esa forma -los juzgados le dieron la razón y se tuvo que fijar antes de entregarlos una tasación motivada-, derivó en la modificación del criterio municipal respecto al desarrollo de la actividad del mercadillo dominical que "no había generado controversia en más de 15 años de existencia, y el municipio urgió a que solicitaran la autorización. Se completó el expediente en abril de 2012 para la solicitud de la autorización y se registró en el Ayuntamiento sin obtener respuesta", por lo que entendieron que se daba el "silencio administrativo positivo". Sin embargo, en diciembre de ese año se deniega y un año y medio después, en 2014, se inicia el expediente de clausura. El Ayuntamiento decidió suspender el procedimiento administrativo una vez tuvo constancia de que por parte de la Guardia Civil se había impulsado un procedimiento judicial penal contra ese recinto y otros de Guardamar, que fue archivado para el caso del Fogón en 2015 porque la actividad está sobre suelo urbanizable y es legalizable. Diez años después, en julio de 2025, el municipio retoma el expediente y lo culmina con el cierre.
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