Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura

La Generalitat Valenciana, junto al Gobierno de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, han remitido a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, una carta en el que adjuntan un informe técnico con en el que reivindican que el Gobierno de España dé marcha atrás en su previsión de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Remarcan que esa medida, si se lleva a efecto, pondrá en serio peligro la sostenibilidad de la agricultura de regadío de Alicante, Murcia y Almería, que ya "ha hecho importantes esfuerzos de modernización y mejora de la eficiencia en el uso del agua".

La mitad

La actualización de las normas de explotación implica un recorte de 100 hectómetros cúbicos del agua que reciben actualmente para el riego Alicante, Murcia y Almería. El trasvase Tajo-Segura ha enviado una media de 320 hectómetros cúbicos de agua de media al año en sus más de cuatro décadas de funcionamiento al sureste. En torno a 220 para la agricultura y cien para el abastecimiento urbano. Las reglas de explotación dejan ese caudal casi a la mitad para el regadío.

La carta a la ministra, firmada el 24 de octubre, ya había sido anticipada este verano y, de nuevo, el pasado día 13 de octubre, en un encuentro en el puerto de Alicante convocado por el jefe del Consell, Carlos Mazón, que contó con la presencia de los consejeros de Agricultura y Agua de Murcia, Sara Rubira Martínez, y Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, además del conseller Miguel Barrachina. Ahora se produce cuando el Tribunal Constitucional acaba de tumbar una de las últimas oportunidades judiciales que tienen los territorios afectados por el recorte para intentar invalidarlo al desestimar el recurso presentado por la Región de Murcia. Este mismo Tribunal tiene en su mano estudiar los recursos pendientes del Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, de la Comunidad del Campo de Cartagena y de la Diputación Provincial.

Dependencia estructural

En la carta se señala a la ministra que es "imprescindible que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua".

El mismo documento indica que actúan en calidad de representantes de los regantes y consejeros en materia de Agricultura y Agua de las comunidades autónomas de la Región de Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana, territorios que comparten -inciden-, "una dependencia estructural del Trasvase Tajo-Segura" para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano (al que, sin embargo, no afecta este recorte), la agricultura y el desarrollo "socioeconómico de nuestras regiones".

La modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, aseguran los firmantes, puede generar "una profunda preocupación entre las instituciones y los sectores productivos de tres regiones que generan un valor agrario muy elevado, representando un 42,5% del valor agregado bruto nacional", para un territorio en el que viven 4,2 millones de personas.

Alto Tajo

La misiva se acompaña de un informe técnico en el que se explica que es innecesario elevar los caudales ecológicos del Tajo porque el río ya registra volúmenes por encima de los que fija el propio Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en enero de 2023. Ese plan los eleva de 6 metros cúbicos por segundo a 8,6 en 2027 a su paso por Aranjuez.

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Esas subidas son justificadas por el Gobierno en sentencias del Tribunal Supremo en las que se avala que los caudales ecológicos deben ser fijados por ley, aunque sin citar en qué medida, y son las que trasladan los técnicos a la revisión de las normas de explotación, que deben modificarse legalmente cada vez que se revisa el plan de cuenca.

Con la modificación de estas normas se reducen los caudales a trasvasar en nivel 2 de normalidad hidrológica, mientras que hacen prácticamente imposible el trasvase de nivel 1, cuando más agua se reserva en los embalses de cabecera.

Los responsables políticos autonómicos de los tres territorios piden a la ministra que el informe "sea estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos".

Junto a este informe, los tres gobiernos autonómicos del Partido Popular unidos en bloque para intentar parar el recorte del trasvase, también remiten un estudio elaborado por PwC, presentado en Murcia por los regantes, que cuantifica los efectos socioeconómicos del Trasvase, donde se contemplan todas las actividades económicas vinculadas al agua transferida con destino a regadío en el año 2024, ya avanzado por INFORMACIÓN.

Usos recreativos y la Comunidad de Madrid

Señala, además, que técnicamente el agua que según la Administración central hace falta detraer de los embalses de cabecera para aumentar ese caudal y que alimentan el trasvase Tajo, los de Entrepeñas y Buendía, no se va a emplear para ese cometido. Los gobiernos autonómicos afectados sostienen que el agua va a permanecer embalsada en ambos reservorios del Alto Tajo por motivos lúdicos y turísticos. Insiste este informe en que realmente el río que debe mejorar la calidad y cantidad del caudal fluvial es el Jarama, más caudaloso que el Tajo -hasta en un 50 % del volumen de agua-.

Y, aunque en el contenido que ha trascendido de este estudio técnico remitido al Gobierno de España no aparece, se indica también que el Jarama requiere de actuaciones que permitan mejorar sustancialmente los procesos de depuración de agua.

La legislación pide el aumento de caudales para diluir la contaminación, pero un aspecto esencial de la mejora de esa calidad es la depuración, que depende casi en exclusiva de la Comunidad Autónoma de Madrid.

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