El Consell endosa a Orihuela la limpieza del antiguo asilo que sigue abandonado tres años después de comprarlo
La Generalitat traslada al Ayuntamiento que adecentar el patio es "un asunto de su competencia" a raíz de una queja vecinal, mientras que la AMPA Oriol se manifiesta este martes para que se agilice la reforma

Vista del patio interior del antiguo asilo en estado de abandono, a la espera de las obras de rehabilitación para albergar la residencia Oriol / Información
La maleza se está apoderando del antiguo asilo de Orihuela hasta el punto que vecinos de la calle Duque de Tamames han remitido escritos al Ayuntamiento y a la Generalitat para dejar constancia de que en la zona del patio abandonado la falta de limpieza y poda provoca que las hojas, ramas y desperdicios de los árboles caigan a la zona contigua de una comunidad de propietarios, temiendo que una colilla o cualquier incidencia provoque algún incendio, ya que la vegetación está muy seca. No en vano, la queja la enviaron a finales de julio, coincidiendo con una fecha con alta probabilidad de incendios.
Después, volvieron a insistir a la conselleria a principios de septiembre, y así se ha dado una situación kafkiana: ese mismo mes la Conselleria de Medio Ambiente remitió un escrito al Ayuntamiento para trasladarle que la falta de limpieza y poda en la zona del patio abandonado se trata de "un asunto de su competencia".
Entre unos y otros la casa sin barrer porque, aunque compete al Consistorio que los solares e inmuebles se mantengan en buen estado, el edificio es propiedad de la Generalitat desde que hace tres años, durante la anterior legislatura, el Consell lo compró por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca.
Sin embargo, desde entonces las obras de reforma están pendientes. Mientras, el deterioro se va agravando y nadie se hace cargo de la limpieza, como reclaman los vecinos.
Todo ello pese a que hace justo dos años el entonces secretario autonómico del Sistema Sociosanitario visitó el inmueble junto a un equipo técnico de la Conselleria de Servicios Sociales para elaborar el presupuesto del coste para rehabilitarlo, que finalmente se determinó por más de 2 millones de euros, incrementando el coste de 1,8 millones de la última valoración que se había hecho tras la compra. Lo que hallaron en el interior fueron numerosos desperfectos en las estancias. Lo que permanecía mejor conservado eran sus espectaculares vidrieras.
En aquella ocasión, el Consell no dio fechas, pero sí un compromiso "firme" de darle prioridad y "celeridad" para iniciar "de manera inmediata" las actuaciones. Ahora, otros dos años después su estado de abandono se acrecienta.
La Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso empezaría este pasado mes de enero. Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde 2019- y precarias en Torrevieja, con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde la AMPA, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida cuando la dana de hace seis años anegó las instalaciones del centro ocupacional Oriol en el Palmeral, dando comienzo a un tortuoso y largo periplo para los 70 usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales y sus familias.
Sin embargo, lo último que les han trasladado es que por problemas técnicos-jurídicos la licitación se iniciaría a partir de este mes con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría este verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028, seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.
Responsabilidad
Desde el PSOE exigen a la Generalitat que asuma su responsabilidad: "No puede ser que a estas alturas deriven al Ayuntamiento el mantenimiento de un edificio que no es de su titularidad o -lo que es peor- que lo hagan por desconocimiento de la titularidad del inmueble", recordando al mismo tiempo que "el asilo y el Palacio Marqués de Rafal, los dos edificios titularidad de la Generalitat, están en la misma situación, sin mantenimiento, sin visitas de técnicos y cerrados, lo que supone un deterioro asegurado que a la hora de intervenir en ambos edificios incrementará los costes de las obras o lo que es peor daños en estructura".
Protestas
Todas estas idas y venidas y promesas de unas y otras instituciones han acabado con la paciencia de la AMPA Oriol. Ante "este nuevo retraso inaceptable y degradante", los familiares velven a echarse a la calle con dos concentraciones: una este martes a las 11 horas en la plaza Sara Montiel -junto al asilo- y otra el 4 de noviembre a las 10 horas en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social.
El "abandono institucional está generando perjuicios irreversibles y la pérdida de oportunidades de plena integración social y laboral, a la que tienen derecho", dicen desde la AMPA, los 30 usuarios de la residencia, que seguirán en Torrevieja, y los 40 del centro ocupacional, que se trasladarán a las instalaciones del Palmeral reformadas por el Ayuntamiento.
Desde la dana, han realizado multitud de iniciativas, desde recogida de firmas, concentraciones en el Ayuntamiento y en Valencia, hasta varias quejas al Síndic de Greuges, que les ha dado la razón, para que las administraciones local y autonómica resolvieran la situación de los afectados.
Nueva queja
Hace un mes, Antonio Trujillo, presidente de la AMPA Oriol, volvió a registrar -por cuarta vez- una queja ante el Síndic de Greuges, para dejar patente que la Administración autonómica podría haber vulnerado los derechos de los usuarios de la residencia Oriol, que siguen en su ubicación "provisional y precaria" en la ciudad salinera, reiterando que la Conselleria de Servicios Sociales ha incumplido los compromisos adquiridos.
La institución constata que la conselleria informó en abril del año pasado de que ya se había preparado la documentación necesaria para licitar la redacción de los proyectos básico y de ejecución de la reforma del asilo. Sin embargo, 18 meses después todavía no se ha producido la licitación.
Ante la "inactividad" de la conselleria, el síndic admite la queja y le da un mes de plazo para que le envíe un informe que detalle los motivos para justificar "esta grave demora" y el calendario previsto y plan de ejecución para que la rehabilitación se realice cuanto antes.
Moción
Por su parte, el PSOE oriolano ha presentado una moción, que se debatirá en el pleno de este jueves, para que el Ayuntamiento exija a la Generalitat "una solución urgente y definitiva", así como mostrar el rechazo institucional ante "la inacción y falta de gestión del Consell", que demorará el traslado de los usuarios hasta la próxima legislatura.
La iniciativa insta al Consell de Carlos Mazón a cumplir sus compromisos y licitar de manera inmediata las obras ante "un retraso injustificado", ha manifestado la portavoz socialista, Carolina Gracia, que ha añadido que siguen sin cumplir con el último plazo que dieron para la publicación de la licitación este mes, que está a punto de concluir.
La moción también exige la creación de una comisión con representantes de la AMPA, personal del centro, Ayuntamiento y conselleria para hacer seguimiento de las actuaciones.
Centro ocupacional en el Palmeral
A su vez, los usuarios con diversidad funcional del centro ocupacional siguen de "okupas" en el centro cívico de La Aparecida, los vecinos de esta pedanía no pueden hacer uso de estas instalaciones.
La adjudicataria de las obras de reforma del inmueble ha pedido una nueva prórroga para finalizar la rehabilitación, y ya van tres. La última fue de 15 días y finalizaba el pasado día 15. Ahora, con esta petición a la que se le ha dado el visto bueno, el fin se pospone al próximo 31. La empresa argumenta que la ejecución completa depende de que la Administración tramite y apruebe las modificaciones pendientes.
El cambio ha supuesto un sobrecoste de un 12%, dentro de un tope del 20% que permite la ley, lo que se traduce en 156.000 euros más. Tras incontables gestiones, reivindicaciones y retrasos, la licitación se sacó en mayo del año pasado y cuatro meses después se adjudicó en septiembre a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después. Es decir, 200.000 euros menos que al final es una rebaja de 44.000 euros tras las modificaciones.
El Ayuntamiento prevé entonces que los usuarios se trasladen en noviembre con un horizonte máximo fijado en el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad.
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