El plan para la nueva empresa de Suelo de Orihuela: 1,5 millones para tres proyectos

El bipartito de PP y Vox en Orihuela lleva al pleno del jueves el proyecto de estatutos y la memoria de viabilidad económica y financiera para la creación de la empresa municipal de Vivienda y Suelo, que se avanzó hace más de un año, en julio del año pasado, con una asignación presupuestaria de 5 millones de euros.

Ahora, la nueva empresa prevé un presupuesto de 1.463.475 euros, de los que 170.000 se destinarán a gasto de personal, que se sufragarán previsiblemente con un préstamo una vez se genere esta partida en los nuevos presupuestos para 2026, que aún están pendientes. Todo ello para tres proyectos iniciales.

Uno de ellos para la construcción de una promoción de 25 viviendas públicas, de las que 15 se proyectan en la calle del Río, en un solar que estaba destinado a la ampliación de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El terreno se encuentra frente al aulario de la Universidad.

Hasta 2011 la parcela tenía un cartel de una próxima construcción de viviendas de tres dormitorios, garajes, trasteros y local comercial. Después estuvo en venta durante unos cuantos años. El terreno, que da al campus universitario de Las Salesas, se utiliza actualmente como parking.

Un polémico proyecto que cuando salió a la luz derivó en la plataforma ciudadana "Tu pueblo y el mío" emitiera un comunicado para exigir al equipo de gobierno "la rectificación inmediata" ante lo que consideraba "un nuevo atropello a los intereses universitarios de la ciudad".

Hay que recordar que en 1996 se firmó un convenio entre la UMH, el Consell y el Consistorio para crear el Campus de las Salesas, que estaría compuesto por tres edificios: Casa del Paso, Romancero de Ausencias y Gallo Crisis, pero solo se construyó el primero, que se inauguró en 1999.

El PSOE, tras la comisión informativa de este lunes para fijar los puntos del pleno, ha avanzado que ha pedido la certificación urbanística donde se asegure que ese suelo no está afectado por el expediente de ampliación de la UMH.

Los otros dos proyectos son la creación de un registro de demandantes de vivienda pública y la puesta en marcha de una oficina de vivienda.

Oficina Xaloc

El PSOE ha preguntado en la comisión el motivo por el que se incluye esta última medida cuando Orihuela ha recibido más de 240.000 euros de la Generalitat para poner en marcha la oficina Xaloc, de la que el bipartito ha desistido, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz. "Es incomprensible que el Gobierno local no ejecute los proyectos para los que ya dispone de financiación y pierda subvenciones", ha lamentado la concejala socialista Milagros Lacárcel.

También Cambiemos ha criticado que el equipo de gobierno haya dejado perder la oficina Xaloc y más de 110.000 euros para su funcionamiento, un servicio impulsado por la Generalitat en colaboración con los ayuntamientos para ofrecer información, asesoramiento y gestión en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana.

Este convenio, promovido en su momento por Cambiemos, garantizaba hasta 2024 la financiación de la oficina y su personal, pero el Ayuntamiento no ha renovado su adhesión para 2025.

"Todo apunta a que la vivienda no es una prioridad para este equipo de gobierno, pese a ser uno de los principales problemas que afrontan las familias de nuestro municipio", han manifestado desde Cambiemos.

En julio de 2023, Ruiz avanzó que la oficina Xaloc estaría en marcha "de forma inmediata", pendiente desde 2021, cuando el gobierno de Emilio Bascuñana junto con su socio de Ciudadanos firmó un convenio con la Generalitat. El principal escollo fue encontrar un local y el personal necesario. PSOE y Ciudadanos también se comprometieron a abrirla en su pacto de moción de censura.

Riesgos

Según Lacárcel, el informe que irá al pleno no contempla futuras actuaciones como planeamiento o expropiaciones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad económica del Ayuntamiento: "Si la empresa no es rentable, será el Ayuntamiento y por tanto todos los vecinos quienes asuman las pérdidas".

Además, la edil ha tachado de "fiasco" la constitución de esta nueva empresa municipal. "Los 5 millones de euros previstos para su creación no se han podido ejecutar porque la sociedad aún no existe administrativamente", ha advertido, al mismo tiempo que ha recordado que esos fondos podrían haberse empleado en atender necesidades más urgentes del municipio, como las basuras, la limpieza viaria o el mantenimiento de los colegios.

"Orihuela necesita una política de vivienda seria, planificada y con visión de futuro, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario: improvisación, pérdida de recursos y decisiones que pueden comprometer el dinero de todos los ciudadanos", ha concluido Lacárcel.

El equipo de gobierno dio hace un año los primeros pasos para constituir la empresa municipal con la constitución de una comisión técnica para realizar una memoria sobre los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica, en la que debía determinarse la forma de gestión, así como un borrador de estatutos sociales que ahora van a pleno junto al informe de viabilidad económica, que el Ayuntamiento encargó en marzo por 18.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Entretanto, el Ayuntamiento planteó una modificación presupuestaria de 2 millones de euros para dotar económicamente a la empresa municipal Uryula Histórica, que se encarga del Centro de Atención Temprana y la Escuela Infantil La Murada, para asumir la rehabilitación del centro histórico, mientras que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda se ocuparía del resto de proyectos y del territorio. 

Objetivos

Uno de los objetivos del equipo de gobierno con esta nueva empresa es desarrollar un proyecto de revitalización de la ciudad, y también de sus pedanías y la Costa.

En concreto, las tareas más inmediatas de la empresa municipal serán las de promoción de vivienda en régimen de protección pública en todo el municipio (sobre solares del Patrimonio Municipal del Suelo y sobre los que se adquieran para este fin), con especial referencia al ámbito del centro histórico y su entorno para posibilitar -junto a otras actuaciones- que la población -jóvenes generaciones- vuelva a habitar este importante espacio urbano.

La mercantil municipal, de capital integro público, gestionará los asuntos urbanísticos, pero no será ejecutora material de las obras, por lo que se tratará de una sociedad promotora y, por tanto, tendrá prohibido ejecutar directa y materialmente las obras, que se adjudicarán en régimen de libre concurrencia.

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