La UDEF asegura que los acusados de enterrar basuras de forma ilegal en La Murada conocían la gravedad del delito e intentaron ocultarlo

Los agentes especializados de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investigaron el enterramiento ilegal de, al menos, un millón de toneladas de basuras en terrenos agrícolas de La Murada (Orihuela) entre 2005 y 2011, ratificaron este martes, en la segunda sesión de la vista oral del juicio que se sigue en la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche por un delito contra el medioambiente, que los investigados conocían plenamente la gravedad de esas prácticas ilegales. La Fiscalía reclama penas de siete años de cárcel para el empresario agrícola Francisco Poveda, propietario del suelo, y cinco para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor -hijo, hermano y sobrino del conocido empresario oriolano-; también para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, y el empresario José Vera, que facilitó la adecuación del suelo.

El empresario oriolano Ángel Fenoll, principal investigado en la causa, gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos, no será juzgado por incapacidad provocada por enfermedad. El juzgado sobreseyó su investigación hace un año.

Esposados

"Vamos a acabar esposados". Es lo que confesó el empresario agrícola Francisco Poveda a Ángel Fenoll, según refleja la transcripción de una conversación telefónica intervenida por la UDEF dentro de la investigación llevada a cabo a raíz del caso Brugal. En ella, los agentes captaron esta conversación donde se expresaba el "nerviosismo" de la trama que supuestamente enterró un millón de toneladas de basuras en fincas agrícolas de La Murada, según señaló el testimonio de uno de los mandos de la unidad central de la UDEF en Madrid que respaldó durante años la investigación del caso Brugal. El mismo señaló que la opción de enterrar la basura en las proximidades del vertedero, según esas conversaciones intervenidas entre mayo y junio de 2008, se producía porque el vertedero de Proambiente estaba colmatado y el vaso de vertido número 4 no estaba autorizado.

Policía Local

En la vista oral testificaron también cuatro agentes de la Policía Local oriolana que realizaron distintos atestados en los que demostraron sobre el terreno el enterramiento ilegal de miles de toneladas de basuras. En uno de los casos, en 2008, mientras se estaba produciendo. Estas escuchas telefónicas se realizaron, además, en paralelo a la investigación del caso Brugal, sin conexión con los atestados de la Policía Local, que solo se unificaron tras la denuncia de un exempleado de la empresa Proambiente cuando se realizaron las catas sobre el terreno en 2011, y la presentada por el Ayuntamiento oriolano en 2012.

En la vista tuvo protagonismo especial el testimonio de una policía local, adscrita en aquel momento a la Policía de Pedanías, que junto a otro agente siguieron en mayo de 2008 a un camión de basura y fotografiaron la operación de enterramiento de los residuos en el momento de producirse en una finca agrícola de La Murada. La agente explicó que mientras indicaba a Francisco Poveda que dejara de emplear la pala para enterrar en zahorra el agujero donde se había depositado la basura este, supuestamente, lo hacía más rápido.

En la misma intervención se identificó a Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor, hermano y sobrino del conocido empresario de Orihuela, Ángel Fenoll. La agente señaló que la Policía Local tenía una orden específica de actuar ante las denuncias verbales recibidas durante semanas por los vecinos de la zona sobre la presencia de camiones de basuras en parcelas agrícolas de varios diseminados del extenso término municipal oriolano, como Los Randeros, Los Rubira y la propia pedanía de La Murada.

Tapar

Uno de los mandos de la Policía Nacional señaló en el juicio, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que, según esos pinchazos telefónicos, cuando comenzaron a llegar las denuncias vecinales y las inspecciones de la Policía Local, los investigados intentaron que el acusado Javier Bru realizara un contrato ad hoc con el propietario de los terrenos para "tapar" con estiércol los enterramientos, aunque en el interrogatorio de la defensa de los acusados admitió que no hay constancia de que finalmente se rubricara. La empresa de Bru, ligada estrechamente a las empresas de Fenoll según la Fiscalía, aunque su defensa lo niega, facturó a Proambiente más de once millones de euros entre 2005 y 2011.

Fincas contaminadas y protestas vecinales en La Murada, donde se enterraron un millón de toneladas de basura en terrenos agrícolas entre 2005 y 2011

Ver galería

Residuos sanitarios

En la segunda sesión del juicio tanto los agentes de la Policía Nacional especializados como los de la Policía Local describieron los hallazgos realizados sobre el terreno cuando la investigación avanzó y en enero de 2012 se llevaron a cabo distintas catas para comprobar los enterramientos.

Los policías de la UDEF señalaron que las excavaciones mostraron un panorama "dantesco", de olor nauseabundo e insalubridad manifiesta en el que la pala extractora de la maquinaria utilizada, era incapaz de llegar al fondo de los enterramientos de varios metros de profundidad y los vehículos debían ser auxiliados porque terminaban "flotando" sobre los residuos. Además, en algunas fincas sobre los enterramientos se ubicaron cultivos de cítricos en producción.

Dos de los agentes señalaron que, además de residuos orgánicos y lixiviados contaminantes de la descomposición de esa basura, se encontraban toneladas de residuos no orgánicos y materiales sanitarios como jeringuillas, además de electrodomésticos y todo tipo de plásticos y vidrios. La mayor parte de los miembros de la comisión que acudió junto a la Guardia Civil a realizar estas catas tuvo que ponerse mascarilla.

Toda esta basura sigue enterrada en una extensión de medio millón de metros cuadrados. Según la calificación de la Fiscalía Anticorrupción, 500 hectáreas distribuidas en 11 fincas de La Murada (Orihuela) en las partidas de Los Vives, Los Rubira, Los Sigüenzas y Los Corrales están contaminadas por cientos de miles de toneladas de basura.

Identificación de las fincas

La defensa de los acusados insistió en cuestionar con su interrogatorio cómo pudieron determinar los investigadores que los suelos a los que se referían los acusados en las escuchas telefónicas -a las que dieron validez para este argumento-, eran las mismas en las que se llevaron a cabo las catas y se hallaron miles de toneladas de basura. Señalaron a un exempleado de Proambiente como el que indicó los emplazamientos realmente y no el conocimiento de la Policía Local. También pusieron en duda la interpretación que de las conversaciones realizaron los agentes en sus resúmenes a la hora de aportar contexto a las transcripciones y los informes, e insistieron en que explicaran su forma de trabajar en estos casos.

Suscríbete para seguir leyendo