Las tres últimas concesiones del PP a Vox en Orihuela

Cuando a estas alturas del año nada se sabe de los nuevos presupuestos, pese a que lograron aprobar los de 2024 y 2025 -desde 2018 no se conseguía-, el PP ha realizado tres cesiones en poco tiempo a su socio de gobierno. A la reciente ayuda directa de 10.000 euros al colectivo antiabortista RedMadre, que promovió la Concejalía de Familia (Vox), se suman ahora 50.000 euros a la Universidad de Murcia (UMU) para crear el Observatorio de Opinión de Orihuela, también a través de una subvención nominativa. Ya se avanzaron en los presupuestos de este ejercicio, pero no deja de ser sorprendente para muchos el que se haya elegido a una institución murciana para conocer lo que piensan los oriolanos, y también la ristra de subvenciones a propuesta de quienes en campaña electoral hablaban de eliminar gastos superfluos y ayudas, a las que llamaban chiringuitos.

De esta medida, incluso, se ha hecho eco Jaime Gómez-Obregón, que cuenta con más de 100.000 seguidores en sus redes sociales como presidente -con sorna- del Observatorio de los Observatorios públicos, que contabiliza estas herramientas a nivel estatal. La oriolana, asegura, es la número 468.

El observatorio no ha convencido del todo en el propio seno del equipo de gobierno. Se aprobó en julio en junta de gobierno con la abstención de los populares, según ha trascendido ahora con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Anabel García (Vox), considera esta colaboración entre la Universidad Murcia y el Ayuntamiento "de interés público y social", afirmando que la creación de un observatorio de opinión pública en el municipio es "una inversión estratégica para mejorar la gestión, fomentar la participación ciudadana y garantizar que las decisiones políticas y administrativas estén respaldadas por datos científicos y alineadas con las necesidades reales".

Tres meses antes de aprobarse, en abril, la concejalía inició el expediente, y en marzo la UMU ya había presentado la solicitud a esta subvención que por ser nominativa no requiere libre concurrencia competitiva.

Según las bases, el periodo de ejecución va desde el 1 de enero hasta el próximo 7 de noviembre, cuando también finaliza el plazo para que presente la documentación justificativa, aunque fuentes municipales aclaran que este plazo es solo a nivel de contabilidad municipal, pero que no condiciona en cuanto a los trabajos a realizar, que muy pronto se van a presentar, aseguran las mismas fuentes.

Estudios

Así, deben llevarse a cabo tres estudios demoscópicos anuales (barómetros), con una muestra no inferior a 600 casos, cuyo objetivo es conocer las opiniones, actitudes y comportamientos de los oriolanos. Sus tres objetivos son medir identificar las principales preocupaciones, expectativas y demandas de la población en áreas como seguridad, empleo, urbanismo, educación, cultura y servicios públicos; fomentar la participación ciudadana, ofreciendo a la ciudadanía un canal formal para expresar sus opiniones y sugerencias y promoviendo un gobierno más participativo, ya que serán los propios oriolanos los que den su opinión sobre los servicios prestados y será a la vez un instrumento para focalizar sus demandas, y apoyar la toma de decisiones basadas en datos fiables y actualizados que sirvan para la planificación y priorización de políticas públicas.

Cada estudio tendrá una parte fija, pactada con los responsables del Ayuntamiento, y que se corresponderá con cuestiones como la percepción de la situación política y económica del municipio, sus problemas, la satisfacción con los servicios públicos, etc., y una parte variable, que dependerá de las temáticas, problemas o preocupaciones de las que en ese momento el Consistorio quiera obtener información.

También se diseñará una web para poder dar a conocer los estudios a la ciudadanía, en el marco de una política de transparencia y buen gobierno.

El trabajo del observatorio se completará con un estudio anual de carácter cualitativo. La temática la decidirá la concejalía, de acuerdo a sus intereses, desde el uso de Focus Group sobre diversas temáticas para explorar un problema concreto hasta el análisis con expertos sobre vivienda o turismo, pasando por dinámicas participativas como mini públicos deliberativos para juntas de distrito.

¿Por qué la UMU?

Fuentes municipales explican a este periódico que la elección de la UMU responde a "criterios de excelencia, experiencia contrastada y capacidad técnica, que la posicionan como una de las instituciones de referencia en el ámbito de la investigación social y el análisis de opinión en España".

El Grupo de Análisis Político Aplicado de la UMU da soporte a dos de los principales observatorios de investigación social: el Observatorio de Opinión Pública de la UMU y el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), que desde hace más de 20 años realiza los barómetros oficiales de la Región de Murcia. "Esta trayectoria avala su fiabilidad metodológica y rigor científico", sostienen. 

Además, el grupo cuenta con amplia experiencia en proyectos de carácter municipal y regional, habiendo desarrollado trabajos similares para los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena y San Javier, entre otros.

Otro de los factores decisivos ha sido su capacidad tecnológica, ya que "la Universidad de Murcia es la única institución universitaria con tecnología propia para la realización de estudios de opinión mediante sistemas CATI (entrevistas telefónicas asistidas por ordenador) y CAWI (encuestas online asistidas por ordenador)", añaden las mismas fuentes. Estas herramientas garantizan la calidad de los datos, la representatividad de las muestras y la transparencia en los resultados.

Más competencias

A su vez, la junta de gobierno ha aprobado dar más competencias al concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), tal y como ha pedido al alcalde en varias ocasiones el líder de la formación, que ha exigido más capacidad de gestión. En concreto, se le da potestad ahora para realizar contratos menores sin tener que pasar por Contratación, un "privilegio" que hasta ahora solo ostentan los ediles populares de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el de Urbanismo, Matías Ruiz.

Estos contratos son los que no superan los 15.000 euros cuando se trata de suministros ni los 40.000 para obras.

La organización Unidos por la Costa propuso también más competencias para la Costa o independencia. La propuesta vecinal pedía un refuerzo presupuestario y los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para gestionar eficientemente la identidad propia del litoral.

De esta forma, ideaban una especie de organigrama en el que Mestre dirigiría una oficina técnica de Urbanismo (licencias de actividad, apertura, licencias de obras menores y mayores, control de la legalidad), otra de Infraestructuras (mantenimiento de viales, zonas verdes, alumbrado, ramblas y cauces, playas, nuevas infraestructuras), Limpieza Viaria y RSU (para planificar los servicios, Contratación (diseño y formalización de los contratos específicos) y otros servicios como Atención al Ciudadano, Turismo, Cultura, Consumo y Medio Ambiente.

Pero eso fue hace un año. Ahora sostienen que "las playas están peor que nunca, lo de las barandillas es de pena, las zonas verdes no levantan el vuelo y los juegos infantiles siguen totalmente abandonados. Este hombre no es merecedor ni de las competencias que tiene", concluyen.

También la oposición en bloque -PSOE, Ciudadanos y Cambiemos- pidió en septiembre de 2024 un pleno extraordinario y monográfico del litoral para fiscalizar asuntos pendientes y para reprobar y retirar las competencias a Mestre, una reprobación que se repitió el pasado junio aunque por sus declaraciones homófobas.

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