Los regantes reclaman blindar por decreto el uso del agua subterránea para evitar su recorte en 2027

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha expresado su alarma ante el “drama” que representaría la reducción prevista en la ley sobre el uso de aguas subterráneas a partir de 2027, que exige la normativa marco del agua europea, y ha solicitado que se asegure mediante un real decreto que esa medida no se aplique, con el fin de ofrecer certidumbre al sector agrícola.

Esta medida impacta principalmente en la agricultura de la Región de Murcia, aunque también afecta, en menor grado, a la provincia de Alicante, que cuenta con una alternativa única en España: el trasvase Júcar-Vinalopó, diseñado específicamente para la recuperación ambiental de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó mediante el cierre de pozos a cambio de recibir -y pagar- el agua trasvasada desde el azud de La Marquesa, junto a la desembocadura del Júcar.

En cualquier caso, según estudios de la Universidad de Alicante recogidos por la consultora PwC, el peso económico de la extracción de aguas subterráneas en la agricultura de la provincia en las zonas regadas por el trasvase es de 114 millones de euros anuales, cantidad que se eleva por encima de los 320 en la Región de Murcia.

Justo derecho de agua

Lucas Jiménez, presidente del Scrats, participó este viernes en la reunión de la comisión permanente de Proexport, la patronal murciana de exportación agrícola, donde reivindicó “el justo derecho al agua” en la cuenca del Segura y anunció la próxima asamblea del sindicato, que tendrá lugar en Lorca el 11 de noviembre. Esta zona depende de manera crítica de los recursos hídricos subterráneos, al igual que el Altiplano murciano de Jumilla y Yecla, que, a diferencia de Lorca, además carece de aportes del trasvase Tajo-Segura.

En esa asamblea, los regantes analizarán “el posible drama anunciado en torno al uso del agua subterránea en la cuenca del Segura”, según señaló Jiménez.

Así llega el agua del trasvase del Tajo al embalse de La Pedrera

El recorte al que se refiere forma parte del real decreto ley de Planificación Hidrológica del Segura aprobado en 2023, que establece la suspensión de casi el 50 % del volumen actual de agua subterránea utilizada en la cuenca del Segura a partir de 2027. Ese mismo año también se prevé un aumento de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo hasta 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que limitará aún más el agua disponible para el trasvase en cien hectómetros anuales.

Según explicó Jiménez, el Plan de Cuenca de 2023 contempla una disminución de 213 hectómetros cúbicos en el uso de aguas subterráneas para 2027, a lo que se suma una reducción adicional de 105 hectómetros cúbicos procedentes del trasvase Tajo-Segura pores ese aumento de los caudales ecologicos.

Ambiental

Esta normativa responde a la necesidad de cumplir con la legislación ambiental europea, en concreto con la Directiva Marco del Agua, que exige recuperar tanto la calidad como el volumen de los acuíferos sobreexplotados por la actividad agrícola. Ese 50 % corresponde a extracciones de acuíferos donde los recursos hídricos se capan, con concesiones autorizadas, ya a gran profundidad y presenta niveles altos de de salinidad, entre otros componentes derivados del regadío intensivo, que deben corregirse con el cierre.

Pero el Scrats, que representa a 80.000 regantes y 62 comunidades de regantes, entre ellas Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, una de las más grandes de Europa, señala que la Administración no aporta alternativas a esa decisión. Lo que significa que una parte importante del sector no podrá sostener la actividad agrícola en la que están empeñados miles de pequeños empresarios.

Cuenca del Segura

En conjunto, la cuenca del Segura dejaría de recibir 318 hectómetros cúbicos de agua. Aunque el plan prevé incorporar 34 hectómetros cúbicos procedentes de desaladoras, esta cifra no compensaría la pérdida, lamentó Jiménez, quien además adviritió que ni siquiera se alcanzará esa cantidad porque “los plazos no se cumplen”.

En este sentido, señaló que, de los 1.300 millones de euros comprometidos por el Gobierno central para infraestructuras de desalación, para 2027 solo se habrán ejecutado entre 80 y 90 millones.

Tranquilizar

Ante este panorama, afirmó que la única forma de tranquilizar al sector agrícola sería garantizar que no se limitará el uso de aguas subterráneas, algo que solo puede hacerse mediante “una norma de igual rango” que el real decreto ley que estableció los recortes.

Jiménez también volvió a incidir en la anunciada -aunque aún no implementada- modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que, según los regantes, supondría “el fin del trasvase para los regadíos”.

"Es legal pero no es justo"

Aunque reconoció que los tribunales han respaldado la legalidad de los recortes al trasvase en la planificación hidrológica, insistió en que “es legal, pero no es justo”, ya que considera que la decisión se basó en motivos políticos y no en una necesidad real de mejorar el estado ecológico del río Tajo.

En el sector agrícola de los usuarios del trasvase, con el último varapalo judicial, en el que el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Región de Murcia, se ha instalado cierto escepticismo sobre las posibilidades que tienen los recursos que el Alto Tribunal tiene por dirimir como son el del propio Scrats y el de la Diputación de Alicante de anular esa planificación hidrológica. Porque el Supremo ya ha desestimado antes los recursos de la Generalitat, Comunidad de Madrid, Andalucía y ahora la Región de Murcia.

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