El bipartito de Orihuela deja a un único supervisor del polémico contrato de viales en la Costa

La Concejalía de Contratación, que dirige Mónica Pastor (PP), deja a un único supervisor del contrato de mantenimiento de viales en el litoral de Orihuela, a propuesta del concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), un servicio que arrastra polémica desde la anterior contrata y que incluso está judicializado, además de haber provocado numerosas quejas vecinales.

En junio, el bipartito de PP y Vox decidió municipalizar el servicio, encargándolo a la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM) por un importe de 6,6 millones de euros durante cinco años. Fue entonces cuando también se nombraba a dos técnicos municipales como supervisores responsables de la ejecución.

Sin embargo, Mestre ha dirigido un escrito a la Concejalía de Contratación para designar a uno de ellos para realizar un control de la encomienda de gestión, justificando la propuesta en que al haber un única persona encargada se agiliza el sistema administrativo, siendo más efectiva la gestión, la coordinación y la toma de decisiones al estar centralizada en un único técnico. En suma, argumentaba el edil, de esta forma se realizará un seguimiento óptimo, por lo que solicitaba esta asignación a la mayor brevedad posible.

Solo tres días después de la petición de Mestre, Pastor ha firmado el decreto que deja solo un supervisor. Llama la atención porque el que queda fuera es el que está designado como técnico de Playas y porque precisamente es el elegido el que está denunciado por Ciudadanos en lo que la formación naranja ha denominado como el "caso viales". El partido político también ha llegado a afirmar que el bipartito "se deshace" de funcionarios "incómodos".

En septiembre, el grupo que dirige José Aix presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Orihuela por un posible delito de prevaricación, malversación y falsificación en documento administrativo, en el marco de un presunto fraude en la contratación por parte del Ayuntamiento que se habría llevado a cabo de manera continuada desde marzo de 2023 hasta febrero de este año.

Así, el portavoz, también edil en el anterior mandato 2019-2023, y el entonces concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, denunciaron a varios cargos del PP y a este funcionario municipal que ahora se ha quedado como único supervisor, así como a la empresa adjudicataria y su gerente, acusándoles de un fraude continuado contra los intereses del Ayuntamiento, "para beneficiar con más de 3,5 millones de euros en cinco años a una empresa que incumplió el contrato desde el primer día".

Sentencia

Se producía, además, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Elche desestimaba el recurso que en su día interpuso la adjudicataria, la oriolana Zaplana Caselles Construcciones, frente al decreto de Noguera que iniciaba un expediente de incumplimientos de la mercantil de sus obligaciones contractuales, en marzo de 2023.

Para Ciudadanos esto indicaba que la mercantil había incumplido el contrato desde el mismo inicio de la prestación del servicio y hasta su finalización, incluso posteriormente a la prórroga que el Ayuntamiento, ya en manos de PP y Vox, le concedió entre marzo de 2024 y febrero de 2025, aun a sabiendas de esos incumplimientos.

Incumplimientos

El juez concluía que la empresa ha incumplido porque nunca aportó al servicio una construcción en forma de nave industrial, de 1.174 metros cuadrados, que fue clave para que Zaplana Caselles ganara la licitación, dado que la oferta de esa construcción le dio precisamente la diferencia de solo 0,72 puntos frente a la licitadora que quedó en segundo, por lo que fue un punto decisivo.

Era uno de los argumentos principales por los que Noguera se negaba a pagar las facturas, lo que a su vez provocó trifulcas en las juntas de gobierno ante sus socios del PP, que eran partidarios de abonarlas, ya que que los servicios se habían prestado. La propia sentencia reconocía que esos incumplimientos son causa de rescisión del contrato, según establece el pliego de condiciones.

El PP, por su parte, también se apoyaba en que los informes técnicos decían que todo estaba correcto, siendo el autor de estos informes el funcionario que ahora es el único supervisor del contrato, igualmente denunciado, que llegó a manifestar que efectivamente la empresa sustituyó las instalaciones (nave industrial) por otros terrenos, y que estos cumplían con los pliegos, aunque no ciertamente con la oferta, "algo absolutamente irregular que en su momento se negó a informar", afirmaba la denuncia. Mientras, Noguera se negaba a dar conformidad a las facturas hasta que el técnico municipal informase correctamente sobre la ausencia de la nave.

Incluso, ese mismo empleado público denunció por un supuesto acoso laboral a Noguera, por su insistencia en que hiciera informes declarando la inexistencia de la nave en base a la oferta, algo que el técnico nunca hizo.

Moción de censura

De hecho, todo ello fue uno de los muchos desencuentros entre Cs y PP que ocasionó la moción de censura de abril de 2022 que desalojó a los populares del poder. Ya con Cs y PSOE en el Gobierno se inició el expediente de incumplimiento de la empresa, que el PP anteriormente, ocupando la Concejalía de Contratación, nunca había tramitado. El expediente declaró la existencia de incumplimiento, pero no estableció sus consecuencias. Solo posteriormente, cuando ya el PP y Vox gobernaban, se decidió detraer cantidades económicas de las facturas, llegando a valorarse una penalidad de 126.000 euros a imponer a la empresa.

Con todo, se concedió en febrero de 2024 una prórroga anual a Zaplana Caselles. Incluso, varios técnicos del Ayuntamiento, entre ellos el funcionario que ya no está como supervisor, señalaron después errores en el importe de la contrata e incumplimientos por parte de la adjudicataria, subrayando que era algo que se había mantenido y consentido con "grave perjuicio para los intereses municipales".

La polémica en este contrato no acaba ahí. Hay que recordar que en enero se abrió juicio oral a Noguera, al que Anticorrupción pedía 14 años de inhabilitación por prevaricación. La Fiscalía lo acusaba de bloquear el pago pese a que las facturas contaban con la aprobación previa de los técnicos responsables supervisores del contrato tras comprobar que los servicios se habían prestado de forma efectiva.

La mercantil rechazó una segunda prórroga en febrero, lo que hizo que el Ayuntamiento decidiera municipalizar el servicio, prestándolo a través de la sociedad municipal SGM, reactivándose el servicio cinco meses después, en julio, con una inversión anual de 1.322.226 euros, lo que supone un incremento de cerca de 560.000 euros con respecto al contrato anterior.

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