Orihuela impone una sanción de 21.000 euros a la empresa de las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Orihuela ha abierto un expediente de sanción por incumplimiento de contrato a Vectoris, la anterior adjudicataria del servicio de personal y mantenimiento de los centros y espacios deportivos del municipio, por unos hechos que no respondían a incidencias puntuales. En concreto, por no tener la plantilla mínima exigida en el pliego de condiciones, lo que se considera una infracción muy grave.

Dada la gravedad, que incluye un beneficio económico indebido por parte del contratista en perjuicio de lo público, este tipo de penalidad está cuantificada en su grado máximo (10%), que se aplica en el importe mensual de la factura, que es de 210.322. En total, la multa asciende a 21.032 euros -las sanciones no contemplan IVA-. Se trata de una propuesta de sanción por parte de los técnicos que tendrá que resolverse si finalmente se lleva a cabo tras el plazo de alegaciones que tiene la empresa.

En octubre de 2024, se tramitó de emergencia esta licitación que acabó adjudicándose a la empresa solo unos días después, en noviembre, con una oferta económica de casi 2,3 millones de euros por nueve meses -aunque quedando supeditado a la adjudicación del servicio de forma definitiva-, resolviendo así el entuerto ocasionado por la marcha de Clequali, la anterior concesionaria, que entró en concurso de acreedores.

En agosto, se aprobó la primera y única prórroga del contrato de emergencia con una duración de tres meses (hasta el pasado día 7), aunque finalmente el nuevo servicio arrancó el 1.

Entretanto, los técnicos municipales encargados del control y supervisión del contrato detectaron una serie de irregularidades e incluso mala fe por parte de la adjudicataria al prestar el servicio con una plantilla menor a la exigida sin ninguna justificación y de forma reiterada, aunque la sanción llegó en septiembre ya casi cuando estaba a punto de culminar la contrata.

Por ejemplo, no se cubrió desde un inicio la plaza de técnico responsable de eventos deportivos ni se sustituyeron bajas que se prolongaron en el tiempo en los plazos previstos en diferentes puestos como en conserjería, administración y mantenimiento, lo que supuso una grave merma en los servicios prestados en cuanto a seguridad, atención al público y desarrollo de las actividades en centros deportivos como el Palacio del Agua.

No en vano, la naturaleza del contrato recaía sobre todo en personal, representando la carga de los recursos humanos un 70% del presupuesto, por lo que se traducía en que al reducir los costes salariales la mercantil aumentaba su margen de beneficio.

De esta forma, se concluía que todo ello afectaba también de forma directa a los usuarios de un servicio público esencial, una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, la Costa y pedanías, la mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.

Nuevo servicio

El Consistorio formalizó hace unos días la adjudicación definitiva del contrato para la prestación de los servicios de personal, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales, por un importe de 14,1 millones de euros y una duración de tres años, prorrogable por dos más, de forma que las adjudicatarias comenzaron a prestar el servicio el pasado día 1, fecha en la que entrará en vigor el nuevo contrato con mejoras como la actualización de maquinaria, la ampliación de horarios con la apertura de instalaciones los domingos por la tarde, el incremento de horas de trabajo del personal y la asunción por parte de las empresas de servicios como los reconocimientos médicos de los usuarios o el arbitraje escolar, entre otras.

El contrato abarca las instalaciones en la ciudad, como el Palacio del Agua, el campo municipal de Los Arcos, el Pabellón Municipal Bernardo Ruiz, el polideportivo del Palmeral y Las Espeñetas, y en las pedanías los polideportivos de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, Desamparados y Torremendo, además del Centro Municipal Deportivo de Playas de Orihuela (Orihuela Costa).

Es además un suculento contrato que supone uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato del alcalde, Pepe Vegara, y ha sido uno de los quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación.

Anterior contrata

El cese de la actividad de la anterior empresa -Clequali- al presentar concurso de acreedores obligó a improvisar un contrato de urgencia, que recayó en Vectoris hasta la adjudicación definitiva, que se resolvió en agosto, pero se paralizó de forma cautelar por el Tribunal de Recursos Contractuales tras analizar el recurso que presentó una de las licitadoras, precisamente Vectoris -a la que luego se le sanciona en septiembre-, sobre los lotes 1 y 2, que finalmente, después de levantarse la suspensión, recayeron en la mercantil Aossa Global, con sede en Sevilla, cubriendo personal deportivo, mantenimiento y ejecución y evaluación de cada uno de los programas, escuelas deportivas y actividades del término municipal, por 10.254.194 euros. Por su parte, la empresa Serveo Servicios, con sede en Madrid, gestiona el lote 3 (servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza) por un importe total de 3.889.137 euros.

Clequali, la empresa que prestaba el servicio desde 2017 y que en 2024 ya no tenía contrato con el Ayuntamiento, pero seguía prestando el servicio, presentó concurso de acreedores ese mismo año y anunció el cese de su prestación con una precaria situación financiera, lo que derivó en impagos de las nóminas de sus 130 trabajadores en Orihuela.

Con todo, el Ayuntamiento no le abrió ningún expediente por incumplimiento. En cambio, la empresa denunció que su situación financiera fue sobrevenida porque el municipio dejó de abonar las certificaciones pese a que la propia Administración consideraba el servicio como esencial. Clequali presentó una demanda contra el Consistorio, al que le reclama 1,2 millones, que se mantiene en los juzgados.

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