Las mociones en los ayuntamientos solo tienen valor político, alimentan el debate en el centro de la soberanía popular de los municipios: los plenos municipales. Pero nada más. Casi siempre carecen de valor ejecutivo. Y en eso quedó este lunes la moción de la mayoría absoluta del PP de Torrevieja para eliminar el polémico tasazo que exige a los municipios igualar el coste del servicio de basuras a lo que se ingresa para financiarlo. La idea es que los ciudadanos y los municipios sigan la senda de la economía circular para que ese coste sea cada vez menor por la vía de reducir al mínimo la generación de residuos.

33 millones

Los vecinos de Torrevieja seguirán pagando el tasazo de las basuras a cambio de un servicio que solo cumple en el centro más turístico del casco urbano, mientras mantiene bastante descuidadas grandes áreas residenciales pese al esfuerzo del despliegue en nuevos contenedores y maquinaria. Y el Ayuntamiento seguirá pagando a la empresa de recogida, Acciona, a la que ya ha impuesto varias sanciones graves por incumplimientos en el contrato por el que paga 25 millones de euros al año por esa prestación. No cumple, sin embargo, una de las principales prioridades que le exigen los pliegos desde mediados de 2022: reducir el volumen de basura con el quinto contenedor y, por lo tanto, a medio y largo plazo reducir de forma sensible el coste del propio servicio. Porque a esos veinticinco millones se suman los ocho que deberá pagar Torrevieja en 2026 por el transporte y eliminación de las basuras por ser incapaz de imponer el reciclaje más básico de la fracción orgánica.

Moción

Así, el pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó una moción promovida por el PP -con el apoyo habitual del voto de los dos ediles de la ultraderecha de Vox y, de nuevo, también con el voto de Pablo Samper de Sueña Torrevieja-, para "instar" al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica a reformar con urgencia la ley de residuos que la moción considera "confusa, injusta y contraria" a la autonomía local.

La norma obliga, como dispone la normativa europea, a trasladar el 100 % del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los ciudadanos "sin atender a su capacidad económica ni a las decisiones locales", y recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias -con representación de miles de municipios del PSOE-, ya ha reclamado por unanimidad su modificación. Numerosos ayuntamientos están aplicando subidas del 25 % al 40 %, muchas veces con criterios arbitrarios -como vincular la tasa al IBI o al consumo de agua-, lo que distorsiona la equidad y expone a futuros recursos judiciales. En Torrevieja el aumento, en algunos casos, ha sido de hasta el 200 % y se ha repercutido, sobre todo, a esas zonas de la periferia residencial en las que el servicio sigue siendo más deficiente.

El PSOE advierte que sin el quinto contenedor que permita reducir el volumen de residuos el coste del servicio seguirá aumentando

No llega

La moción insiste en que la Asociación de Inspectores de Hacienda Local afirma que, incluso con estas subidas, solo se cubre en promedio el 65,5 % del coste real del servicio. Según el PP el impacto de la tasa se trasladará a los alquileres -afectando a jóvenes, familias trabajadoras y pensionistas—, y también golpeará a comercios, bares y pequeñas empresas, sin que el Gobierno aporte financiación para cumplir sus propios objetivos de reciclaje. Las bonificaciones ambientales previstas son, en la práctica, "inviables sin inversiones tecnológicas no financiadas, lo que evidencia una ley diseñada sin diálogo con los ayuntamientos".

Frente a ello, según defendió el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, que citó al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de esta situación, Torrevieja ha asumido directamente el 60 % del coste del servicio -más de 20 millones anuales entre 2024 y 2025-, "manteniendo el IBI en el mínimo legal" y "protegiendo el poder adquisitivo de sus vecinos".

Vox y Sueña Torrevieja respaldan la propuesta de los populares pese a reconocer que carece de recorrido y no va a tener ninguna incidencia en el tasazo

La moción aprobada reclama una reforma que elimine la obligatoriedad de repercutir íntegramente el coste a los ciudadanos, garantice la autonomía municipal mediante modelos de financiación mixtos, incorpore incentivos reales al reciclaje y bonificaciones sociales para colectivos vulnerables, articule mecanismos de financiación estatal y autonómica para cumplir los objetivos europeos "sin gravar desproporcionadamente a los vecinos". El alcalde, Eduardo Dolón, escogió no exponerse en este punto -ni en el resto del pleno-. No intervino.

El propio portavoz de Vox, Salvador Ruso, reconoció que la propuesta, un compromiso con los populares para que la formación de ultraderecha respaldara sus presupuestos de 2026, es puramente simbólica y nadie le va a hacer caso en el Gobierno y propuso medidas más contundentes como las que, aseguró, han tomado algunos municipios presentando recursos judiciales o instando a sus vecinos a rechazar. De hecho, recordó que su respaldo al PP en los presupuestos, fue a cambio de la retirada del tasazo.

Es la gestión, asegura el PSOE

La oposición mayoritaria del PSOE votó en contra. La portavoz socialista, Bárbara Soler, denunció que la moción del PP contra la obligación de repercutir el coste real de residuos es “jurídicamente inviable” y busca desviar la atención de su propia gestión. Recordó que el principio “quien contamina paga” proviene de la Directiva Europea de 2008 -aprobada con el respaldo del PP europeo-, y que España, "por inacción del PP en el Gobierno central", incumplió plazos y ahora enfrenta un procedimiento de infracción. La ley, aclaró, no obliga a subir tasas indiscriminadamente, sino a establecer modelos justos: progresivos, con bonificaciones sociales y premios al reciclaje.

Pero, según Soler, el equipo de gobierno local "carece de planificación y voluntad", lo que se refleja en un contrato de recogida de 25 millones anuales -8 millones más que una oferta previa de 17-, pese a un servicio deficiente, especialmente en urbanizaciones, "donde los vecinos pagan más y reciben menos".

Así recoge la empresa de las basuras de Torrevieja los residuos papeleras de las playas

A ello, a juicio del PSOE, se suman múltiples incumplimientos por parte de Acciona: rutas no comunicadas, contenedores en mal estado, acumulación de residuos, gps inactivos, excesos de velocidad, fallos en recogida selectiva, limpieza insuficiente... Soler destacó que Torrevieja genera el 25,7 % de los residuos de la comarca (más de 50.000 t/año), pagará 8,1 millones solo por enterrarlos en 2026 -y destina 33 millones al servicio 25 del contrato más 8,1 de enterramiento- frente a solo 14 millones recaudados en tasas. “Ese agujero no viene de Europa ni del Gobierno central: viene de su gestión”, afirmó.

Suscríbete para seguir leyendo