La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa

Siguen el recorrido judicial las presuntas facturas falsas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa con las que las pretendieron justificar las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento en 2024. Después de que la Fiscalía abriera diligencias de investigación penal, el Ministerio Fiscal ha determinado que existen indicios de la comisión de un delito de falsedad de documento oficial por parte de los presidentes de la Comisión de Fiestas de la pedanía oriolana, Cristian Berná, y del litoral, Rosa Cárcamo.

También indica que no aprecia conexión entre ambos hechos "indiciariamente delictivos", por lo que tramita los dos procesos de forma separada, remitiendo los hechos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela.

El escrito de Fiscalía también hace referencia, además de a la documentación remitida por el Ayuntamiento, a la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional el pasado 31 de julio, con posterioridad al inicio de la investigación municipal de la justificación de subvenciones, por parte de Héctor Mateo Sigüenza, secretario de la Comisión de La Murada, denunciando la falsedad de su firma en uno de los documentos aportados en el expediente administrativo presentados por la comisión para justificar los gastos, que además es asesor de Vox dentro del equipo de gobierno.

Lectura política

Hay que recordar que La Murada, la principal pedanía de Orihuela, fue en la que Vox obtuvo uno de los mayores porcentajes de voto en las municipales de 2023, siendo la única de las 20 del término municipal en la que ganó frente al PP, PSOE, Cs y Cambiemos. El portavoz de la formación de Abascal es Manuel Mestre, natural de La Murada.

El Consistorio reclamaba 19.280 euros a la agrupación de fiestas de La Murada, que hasta descubrirse estas supuestas irregularidades presidía Berná, asesor del alcalde Pepe Vegara, que se vio obligado a dejar el cargo por este asunto -y que ya ha sido sustituido-, y otros 7.352 euros a la de Orihuela Costa, que apenas cuenta con dos años de andadura. 

Más de cien archivos

La Fiscalía de Elche con sede en Orihuela registró el pasado 19 de agosto, como avanzó INFORMACIÓN, la denuncia del Consistorio oriolano sobre las supuestas irregularidades en la justificación de ayudas de dinero público.

El Ayuntamiento le remitió un informe técnico con 117 archivos que describe una supuesta falsificación de facturas por valor de 26.632 euros por parte de las comisiones de fiestas de La Murada y de Orihuela Costa. El dinero fue abonado por anticipado por la Administración local -desde el área que dirige la concejala Rocío Ortuño (PP)- a finales diciembre del año pasado a ambas entidades como subvenciones municipales para financiar actos de fiestas.

Irregularidades

La Administración local indicaba que en los expedientes se han apreciado indicios de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal, al mismo tiempo que incorporaba las actuaciones realizadas por el propio Ayuntamiento. Entre esos documentos figuraban movimientos de cuentas, facturas, el requerimiento a uno de los proveedores de la comisión de La Murada -que se negó a responder al Consistorio- y varias reiteraciones realizadas a ambas comisiones para que explicaran las "evidentes" incongruencias en la documentación presentada para justificar sus cuentas, según calificación de los técnicos municipales.

Entre otras irregularidades se presentó una factura por valor de 8.900 euros por la contratación de la banda de música Juventud Musical de La Murada. Sin embargo, esta entidad percibió 2.000. En este caso, los responsables de esta entidad musical se enteraron de esa irregularidad cuando el Ayuntamiento ratificó qué es lo que habían cobrado por participar en los actos de fiestas.

Además, la comisión de fiestas presentó dos facturas de 11.337 euros y 2.440 por la confección de la revista de fiestas cuando el coste real fue, según la documentación, de 1.742. Aquí el proveedor se negó a aportar información. El Ayuntamiento tuvo que pedir la colaboración de la Agencia Tributaria porque la destinataria del abono, una empresa de impresión, se negó a aportar la documentación que se le solicitaba y fue el organismo del Estado el que certificó que solo había una factura real, la de menor importe de las tres.

Por su parte, la Comisión de Fiestas de Orihuela Costa, que hasta que se desvelara este asunto actuaba en estrecha sintonía con la Concejalía de Festividades, incluso a la hora de cuestionar al reivindicativo movimiento vecinal del litoral, remitió varios escritos al Ayuntamiento que no lograban justificar los gastos, ni las graves irregularidades detectadas en los documentos presentados como facturas.

En este caso, la asociación de fiestas fue advertida de que los técnicos habían detectado una supuesta falsificación, comprobable a simple vista por un cuerpo de letra mucho más grande que el oficial, en el apartado de importe de los justificantes de transferencias bancarios desde su cuenta a suministradores de los actos organizados, "donde se comprueba de forma clarividente que las cantidades (de los importes) han sido manipuladas", según los informes técnicos.

Se trata de cinco justificantes bajo el concepto genérico de gastos de fiestas de San Juan en el que aparecen varias empresas como destinatarias. Ante la advertencia de estas "inconsistencias", la comisión volvió a remitir los mismos justificantes, con una apariencia más ajustada que en la primera versión a la real de esa entidad bancaria pero con las mismas incongruencias en la casilla de importe.

No se correspondía, sin embargo, con el formato del banco en los sangrados y matrices de los números, con lo que se volvía a repetir la supuesta falsedad documental. Fue el banco el que finalmente confirmó al Ayuntamiento que no consta que se hayan hecho esas operaciones.

La versión de Berná

Después de que la Fiscalía abriera la investigación, Berná emitió un comunicado en el que señalaba que había presentado alegaciones al expediente de reintegro de la subvención concedida, un procedimiento que consideraba "nulo" porque "prescinde del procedimiento legalmente establecido", además de arremeter contra el Ayuntamiento por orquestar, a su juicio, "un cuento con un falso relato".

El exasesor también incidía en que se había ido enterando antes por la prensa, "sin previa notificación a los afectados" -hasta el 20 de agosto-, en lo que calificaba como "un afán del equipo de gobierno por que se conociera por tierra, mar, aire y hasta el espacio sideral su decidido e indisimulado furor justiciero en pos de las presuntas irregularidades detectadas".

Asimismo, manifestaba que "el propio equipo de gobierno atentó públicamente contra el principio fundamental de presunción de inocencia" al poner en valor en rueda de prensa que "un refuerzo de los controles municipales” había servido para destapar supuestas falsificaciones.

En suma, insistía Berná, "un guion malo de comedia de enredo", al mismo tiempo que hacía hincapié en que la comisión presentó siempre "la documentación real y veraz justificativa de las subvenciones, contando con la colaboración de la funcionaria encargada de la Concejalía de Festividades, sin la menor intervención de los miembros de la comisión".

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