Orihuela licita ahora la redacción de la Zona de Bajas Emisiones para restringir el tráfico en el casco urbano

Orihuela licita ahora por 18.142 euros la redacción del proyecto para la implantación de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en el casco urbano, una implantación a la que están obligadas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a partir del pasado 1 de enero, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que busca que se cumplan las directrices que llegan desde la Unión Europea.

De lo contrario, se corre el riesgo de perder subvenciones europeas, además de la advertencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que determinó que las que no tengan en funcionamiento las ZBE en 2025 no recibirán el año que viene ayudas para el transporte público colectivo a modo de penalización. Incluso, el municipio oriolano se llevó un tirón de orejas por parte del Defensor del Pueblo, que urgía a implantarla "cuanto antes".

La Concejalía de Urbanismo, que dirige Matías Ruiz (PP), justifica la necesidad del contrato "dada la urgencia que tiene este Ayuntamiento para cumplir los compromisos establecidos por el Gobierno de España", que recoge en la normativa que "los municipios de más de 50.000 habitantes adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos, el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023".

Así, el departamento contempla la redacción del proyecto conforme a la normativa vigente y en línea con los objetivos de sostenibilidad, calidad del aire y movilidad urbana. En este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico elaboró las directrices -un documento guía- para la creación de la ZBE en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Posteriormente, el mismo ministerio aprobó en 2022 un real decreto que regula los requisitos mínimos que deberán tener estas zonas.

Alegaciones

El Ayuntamiento tiene aprobado provisionalmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en sesión plenaria de enero de 2023, una especie de plan director que aterriza y adapta al ámbito local las directrices europeas, recogiendo una serie de medidas con un presupuesto para su implantación de 116 millones de euros, a cargo de fondos europeos. Fue tramitado ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, pero se encuentra en fase de rectificación según el informe emitido por dicho organismo el 25 de septiembre de 2024, que continúa solicitando al Consistorio subsanaciones y nueva documentación.

Así, se están tramitando las alegaciones por parte del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico del PMUS, con el objetivo de que continúe siendo "una herramienta estratégica de planificación y desarrollo de los diferentes tipos de movilidad dentro del municipio, y sirva para mejorar aspectos energéticos, medioambientales, económicos, sociales y de accesibilidad de la ciudad", recoge la nueva licitación, que añade "el diseño de una estrategia que impulse medidas de ahorro y eficiencia energética en el transporté motorizado mediante la promoción e implantación de energías renovables y creación de alternativas de desplazamiento no motorizadas, basadas en itinerarios ciclables vinculados a la recuperación de la ciudad para el peatón".

El bipartito de PP y Vox siempre ha vinculado directamente la ZBE al PMUS, que salió adelante -en el mandato de PSOE y Ciudadanos- con los votos en contra de Vox. El equipo de gobierno suele reiterar que "los estudios previos de calidad del aire, incluidos en el diagnóstico ambiental del propio plan, concluyen que en Orihuela los niveles de contaminantes no superan los valores límite legales". Con todo, también ha mantenido que trabaja "en la preparación de un borrador de ordenanza que permita su implantación".

Un municipio disperso

Todo ello, en una ciudad con un rico patrimonio que pide a gritos ser protegido reduciendo el tráfico en su entorno y en un municipio disperso con más 23 núcleos de población repartidos en 365 kilómetros cuadrados de superficie, donde la mayoría de vecinos se concentran en el centro, con unos 32.000 habitantes, y en la Costa, con cerca de 28.000 residentes empadronados.

Es precisamente "esta realidad territorial diferente" con la que el bipartito justifica que "Orihuela no tiene ninguna zona compacta con una concentración de 83.000 habitantes", en referencia a la obligatoriedad que se establece en ciudades por encima de los 50.000.

"No hablamos, por tanto, de una ciudad única y densa, sino de un territorio con varios núcleos dispersos de población", indican fuentes municipales, que sostienen que con ese argumento no se van a perder subvenciones: "Estamos justificando correctamente nuestra situación y al mismo tiempo avanzando en las medidas necesarias", porque "aunque los niveles de contaminantes en Orihuela no son elevados, queremos proteger el centro histórico y especialmente nuestros monumentos, reduciendo al máximo los efectos de la contaminación".

Necesidad urgente

Ahora, la concejalía sostiene que el Ayuntamiento no tiene la capacidad de medios humanos ni técnicos suficientes para llevar a cabo estos trabajos en un plazo breve de tiempo, así que "dada la urgente necesidad de contar con este documento, se considera necesaria la externalización de los servicios objeto de este contrato".

Asimismo, indica que la empresa adjudicataria tendrá que disponer de personal técnico cualificado formado por un arquitecto o ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; un ingeniero técnico o arquitecto técnico y un administrativo. De hecho, entre los criterios para la adjudicación tendrá un peso importante en la puntuación la experiencia acreditada en proyectos ZBE, además de la reducción del precio.

La concesionaria deberá entregar el proyecto en tres meses desde la firma del contrato, que al ser menor la Administración local puede cursar invitación a determinadas mercantiles, en este caso, a Item Consulting Engineering, CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente e Incime Oficina Técnica.

El PMUS

El PMUS recogía para la implantación de la ZBE, "a corto plazo" -entre 2023 y 2024-, un presupuesto de 800.000 euros. Ya entonces, en 2022, el plan mencionaba que el Ayuntamiento estaba realizando un proyecto de Zona de Bajas Emisiones, donde se detallaría tanto el ámbito de aplicación, como el protocolo y la tecnología a implantar. 

Con todo, los redactores del PMUS hacían una propuesta inicial de zonas de bajas emisiones, incluyendo el Palmeral, con la peatonalización de la avenida Doctor García Rogel. Así, proponían restricciones en el centro histórico de manera permanente, con una extensión hacia el sur, de manera temporal, en función de los episodios de contaminación que se registren. Para ello, habría que disponer de estaciones de medición ambiental y se debería declarar el episodio de alta contaminación por parte del Consistorio estableciendo la activación de las medidas establecidas en la ordenanza.

Asimismo, el Ayuntamiento dispondría y gestionaría un registro de vehículos autorizados a acceder, circular y estacionar en las zonas de bajas emisiones, así como de un sistema de control y soluciones tecnológicas con un dispositivo automático de lectura de matrículas mediante cámaras en los accesos a la ZBE. 

Desplazamientos

El diagnóstico de la movilidad en el municipio recogida en el PMUS determinaba que el 45% de los desplazamientos en Orihuela se realiza en vehículo privado, además de que los viales internos de la ciudad están asfixiados al soportar una alta intensidad de tráfico a causa de la inexistencia de viales de ronda que desplacen la circulación al exterior del casco urbano, lugar donde la ocupación de los aparcamientos alcanza cifras próximas al 100% durante gran parte del día.

Así, destacaba la necesidad de disponer de aparcamientos disuasorios en la periferia y peatonalizaciones y subrayaba las carencias en transporte público, puesto que no existe conexión en autobús con la Costa y es escasa con las pedanías. Un plan de acción, que recogía medidas que supondrían, según las estimaciones de los redactores, una reducción de las emisiones del 18%. 

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