Vecinos de San Miguel de Salinas recogen firmas para exigir la mejora de la recogida basuras y la reducción del "tasazo"

La Asociación de vecinas y vecinos de San Miguel de Salinas ha impulsado una campaña de recogida de firmas para sensibilizar a los responsables del Ayuntamiento a que modifiquen la vigente ordenanza fiscal sobre recogida de basuras y "salgan del callejón sin salida al que han metido al municipio en la gestión de las basuras".

Para la asociación de vecinos, si hay un servicio municipal "más cuestionado, peor valorado y más caro en el municipio, ese es, sin lugar a dudas, el de la recogida de basuras y limpieza de calles". Quejas, por otra parte, que comparten con la mayoría de poblaciones de la Vega Baja, donde las denuncias vecinales por las deficiencias de los servicios se han elevado en paralelo a las tasas.

El colectivo vecinal señala la presencia de contenedores sucios e insalubres, desbordes en torno a las islas de contenedores con montones de bolsas de basura, montañas de enseres abandonados varios días, quejas por la suciedad en las calles y proliferación de insectos y roedores.

El contrato caducó hace cuatro años -con lo que se estaría pagando con informes de reparo de la intervención municipal-, y "el Ayuntamiento no se ha dado mucha prisa y continúa sin sacar a licitación uno nuevo".

195 euros por vecino al año

El coste de este servicio de recogida de basuras y limpieza de calles es de 1,3 millones de euros anuales en San Miguel de Salinas, un municipio de unos 7.000 habitantes empadronados, a 195 euros por vecino. Actúa, la empresa gestora del servicio de recogida de basuras de San Miguel, que acaba de firmar contrato por el mismo servicio con el ayuntamiento de Rafal, cobra 10 euros por vecino menos en Rafal.

Aunque el contrato recoge que la limpieza de las calles y retirada de todo tipo de residuos corresponde a la empresa adjudicataria, el ayuntamiento contrata un suplemento de barrenderos/as (71.311 euros) para la limpieza de las calles y recogida de las papeleras y los servicios de un ecoparque móvil (21.337 euros) al Consorcio para la recogida de otros residuos como pilas, aceites usados, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en el Contrato.

Sobrecostes

Por otra parte, "parece ser", señalan la Asociación, que también "existen sobrecostes en la gestión de la recogida de basuras del plan parcial SUS-A". Una urbanización con cientos de viviendas ya acabadas y en construcción. La empresa urbanizadora, según declaraciones de la concejala de Residuos, se encarga de la recogida de los contenedores al no estar recepcionada la urbanización; pero no del traslado desde Dolores a la planta del tratamiento, valorización y eliminación de los residuos.

Por otra parte, en el estudio económico de la tasa no se recogen los ingresos de la recogida de los contenedores de vidrio, papel/cartón, envases, recogida de ropa y aceite usado o la venta de otros residuos.

Subvención

En 2022 el ayuntamiento solicitó una subvención para la separación de residuos y la recogida de ropa y aceite usado, que le fue concedida por un importe de 392.552 euros a ejecutar en un período de 3 años, que se cumplió en junio de este año sin haber realizado gestión alguna. El DOGV del 4 de diciembre informa oficialmente de la renuncia a esta subvención por parte del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.

Los gastos financiables, que hasta un 90 % podían ser incluidos, abarcaban la compra de camiones eléctricos, contenedores para las distintas fracciones de residuos, la compra de programas informáticos o la realización de campañas informativas a la población sobre separación de residuos.

En opinión de la Asociación el reparto de la tasa "es injusto e inequitativo porque más que una tasa por generación de residuos, se trata de un impuesto que graba a todas las viviendas y negocios por igual con independencia de los residuos que generes, si reduces tu generación de residuos y si reciclas o no. Paga lo mismo que quien tenga buenas prácticas como quien no", recuerdan.

Pese a que la legislación vigente busca lo contrario: incentivar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Además, la mayor carga impositiva recae en los domicilios (131 euros), los negocios como la banca, oficinas, cafeterías, pagan sólo 29 euros más al año que los hogares y los grandes generadores como talleres de vehículos, fábricas, restaurantes, supermercados pagan el doble que una vivienda.

Mala gestión

A juicio del colectivo vecinal la mala gestión de un servicio público daña tanto a la imagen del municipio, la salubridad y higiene de los espacios públicos como al bolsillo de los contribuyentes.

Además, con la renuncia a impulsar la recogida separada de residuos, "manifestada en el rechazo de la subvención, el Ayuntamiento vincula el futuro del municipio a una subida progresiva y espectacular de la tasa de residuos o a compensar la subida con otros impuestos, que mermarán las inversiones y calidad de vida de la población".

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