El borrador del nuevo Plan de Cuenca del Segura plantea un trasvase anual de 15 hectómetros del Júcar-Vinalopó a la Región de Murcia

La Confederación Hidrográfica del Segura ya contempla en los estudios previos al documento del nuevo ciclo 2028-2033 del Plan Hidrológico de Cuenca del Segura una aportación de 15 hectómetros anuales del Trasvase Júcar-Vinalopó al altiplano de la Región de Murcia. El Esquema de Temas Importantes (ETI) de la nueva planificación hidrológica de cuenca, en exposición pública hasta el mes de mayo de 2026, señala que para conseguir la recuperación de la calidad y cantidad de las masas de agua subterráneas del Segura "en plazos compatibles con los previstos en la vigente planificación hidrológica, se prevé que puedan recibirse volúmenes en estas zonas a partir de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó" con un volumen máximo de 15 hm³/año".

Documento

El documento va más allá y desglosa las aportaciones que podría asumir el trasvase cuyos beneficiarios exclusivos son ahora los agricultores alicantinos: 7 hm³/año con destino a la reducción de la sobreexplotación de la masa Jumilla-Villena Segura, 5 hm³/año para la Serral-Salinas Segura y 3 hm³/año para la Sierra de Crevillent. Se trata siempre de masas de aguas subterráneas compartidas geográficamente entre la provincia de Alicante y la vecina Región de Murcia, que desde el punto de vista físico podrían considerarse como parte de la demarcación del Júcar.

Zonas de la Región de Murcia que dependen para el riego exclusivamente de esos pozos, puesto que no están conectadas con el trasvase Tajo-Segura, sufren el mismo problema de sobreexplotación que los valles del Vinalopó que están recibiendo ahora del orden de 30 hectómetros cúbicos de agua anuales a cambio de dejar de extraer agua de pozos.

Junta de gobierno

La comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, antes de la celebración de la habitual junta de gobierno de fin de año de la entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, apuntó a esta posibilidad, recordando que no es nueva y que se mantienen conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar en este sentido desde "hace mucho tiempo", para que ese trasvase, ahora de uso exclusivo de los agricultores de la provincia de Alicante, también pueda aportar caudal al Altiplano murciano o la parte más oriental de la Cuenca del Segura. "No ignoramos que la zona del Altiplano tiene una alternativa que no es estrictamente de la Cuenca del Segura. El Júcar-Vinalopó existe y podría ser clave si se articula administrativamente", afirmó Urrea.

En este sentido, el presidente de Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, reiteró a INFORMACIÓN que esa previsión es "una aspiración", pero es necesaria una inversión importante en infraestructuras de conexión y un acuerdo amplio entre Generalitat Valenciana, Comunidad de Murcia y las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura, además del Gobierno de España "y por supuesto el protagonista y receptor por ley de trasvase actual que es la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de la Marina Baja". Desde el punto de vista técnico la conexión necesitaría una inversión millonaria, pero sería, en algunos aspectos, más asequible que algunas de las obras del postrasvase, dada la proximidad geográfica y de relieve entre el embalse de San Diego en Villena y el Altiplano.

Otro agente a tener muy en cuenta es la cuenca emisora: la provincia de Valencia. El agua se capta a escasos kilómetros de la desembocadura del Júcar en Cullera, en el azud de La Marquesa, y desde ahí se bombea hasta Villena.

Freno al cierre de pozos

El presidente de la CHS, Mario Urrea, admitió el jueves que es improbable que se pueda asumir el cierre de pozos de las masas de agua subterráneas sobreexplotadas que impone la interpretación de la directiva marco de agua de la Unión Europea para 2027, con una rebaja de caudales de más de 200 hectómetros anuales en la cuenca del Segura, algo que afecta sobre todo a las zonas de la Región de Murcia, pero también, en menor medida, a la Vega Baja. "Ahora se plantean objetivos menos rigurosos", matizó Urrea. "El impacto socioeconómico de cerrar acuíferos enteros no es asumible tal y como están las cosas", reiteró.

Unión Europea

La legislación europea exige que se deje de extraer el agua para riego de los acuíferos contaminados por nitratos y sobreexplotados para que recuperen su buen estado cualitativo y cuantitativo. Pero la demanda de agua será la misma en ese año sin que exista una alternativa que pueda cubrir una parte de esos recursos hídricos porque las nuevas infraestructuras de desalación -dos nuevas desaladoras de 150 hectómetros de capacidad una de ellas a ubicar en el entorno del embalse de La Pedrera-, no van a poder sustituir el uso de pozos en algunas zonas como el Altiplano. De ahí también que se quiera recurrir al Júcar. La CHS se ha visto sometida a la reclamación en el mismo sentido, la de rebajar las exigencias de cierre de pozos, por parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

El recurso a las plantas desalinizadoras, subrayó Urrea, no es una opción ideológica, sino técnica: se trata de la única fuente capaz de crecer en volumen sin comprometer ecosistemas ni aumentar la presión sobre el Tajo. Eso sí, con el lastre del precio de esos recursos hídricos que todavía subvencionados por el Estado resultan muy caros para los regantes.

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