TORREVIEJA
La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra municipal de La Plasa de Torrevieja
El Ministerio Público abre diligencias tras recibir una denuncia del PSOE que señala que el alcalde Eduardo Dolón autorizó adquirir el derecho de superficie del 87 % de tres plantas del inmueble por 3,9 millones, casi el doble del precio de tasación inicial

D. Pamies

La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto sobrecoste millonario que asumió el Ayuntamiento de Torrevieja en la compra de los derechos de superficie del edificio de La Plasa. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN, el Ministerio Público ha solicitado al Ayuntamiento los expedientes relacionados con esta operación.
La Fiscalía abre diligencias de investigación tras recibir en septiembre pasado una denuncia del PSOE torrevejense, firmada por su portavoz, Bárbara Soler, donde se señala que el Ayuntamiento adquirió el derecho de superficie del edificio por un precio que casi duplicaba su valor de tasación inicial, una primera valoración que ya era muy superior a la del mercado.

Fachada principal del edificio de La Plasa, ahora en obras de remodelación valoradas en 8,2 millones de euros, iniciadas tras recuperar el Ayuntamiento la mayor la primera, segunda y tercera planta del edificio por 4 millones / D. Pamies
Casi el doble
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, presidido por el alcalde y concejal de Urbanismo, Eduardo Dolón, decidió a finales de 2022 adquirir por 3.919.715 euros a una empresa constructora de la Vega Baja el 87 % del derecho de superficie del inmueble inaugurado en 1995 como flamante Mercado de Abastos y centro comercial. Corresponde a los derechos de unos 40 pequeños locales y zonas comunes situados en la primera, segunda y tercera planta del edificio, vacíos y abandonados desde hacía dos décadas.
El precio pagado suponía casi el doble de lo que indicó la tasación realizada por la mercantil contratada al efecto por el Ayuntamiento, 2.250.490 euros. Situada en el mismo centro de la ciudad, La Plasa contaba, además, con una planta ilegal sobre la que pesaba una orden de demolición sin ejecutar desde 1998.
Aunque el expediente se inició a mediados de diciembre de 2022 el grueso de la tramitación se cerró en apenas 48 horas, entre el 29 y el 30 de diciembre de ese año. El PSOE denunció públicamente en su día esta operación por la que se adquiría el derecho superficiario de estos locales comerciales abandonados.
Para ello el Ayuntamiento se sirvió supuestamente de dos informes de tasación, el de una mercantil externa independiente (Técnicos en Tasación S.A.) que valoró el total en 2.250.492 euros -cifra que la formación ya considera muy elevada teniendo en cuenta el estado de las plantas y el hecho de que no fueran legalizables-, y el de un arquitecto municipal, que en un informe técnico que nadie había solicitado formalmente y fue incorporado al expediente de compra, lo elevó a 4.380.843 euros.

Vista de la zona superior del edificio ubicado en el corazón del casco urbano de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN
Algo que era suyo
Paradójicamente, con esa operación el Ayuntamiento recuperaba algo que siempre había sido propiedad municipal. Hasta los años 90. Fue otro gobierno local del PP, presidido por Pedro Hernández Mateo, el que adjudicó a un empresario el derecho de superficie durante 50 años, sobre el terreno municipal que ocupaba el anterior Mercado de Abastos. Desapareció entonces la tradicional Plaza torrevejense, con su típica estampa de arquitectura mediterránea, y aquel acuerdo derivó en la construcción de un mastodóntico edificio comercial que nunca funcionó y cuyas plantas han permanecido abandonadas más de dos décadas. Solo se mantuvieron comercialmente activos algunos puestos de alimentación herederos de la antigua plaza de abastos, situados en la planta baja, cuya propiedad si fue mantenida por el municipio.

D. Pamies
Una oferta
A mediados de 2022 una empresa constructora se interesó por adquirir el derecho de superficie de aquellos locales comerciales de La Plasa. La oferta de compra debió ser una agradable sorpresa para muchos de los beneficiarios que contaban con el derecho de superficie de algo que nada les rentaba y cuyo IBI debían seguir pagando religiosamente año a año. Sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento en más de veinte años no había les había propuesto ninguna iniciativa en el mismo sentido. Decidieron aceptar el acuerdo de inmediato. Con mayor perplejidad asumieron después la elevada cifra que había abonado el Ayuntamiento a la empresa constructora por los mismos derechos que ellos habían vendido solo seis meses antes.
Un renovado interés por comprar el derecho de superficie de las plantas superiores de La Plasa suscitó en el Ayuntamiento la oferta que le hizo llegar la empresa constructora. Hubiera recuperado el derecho de superficie de todo el edificio en 16 años, pero en apenas 48 horas, entre el Día de los Inocentes y las uvas de la suerte de 2022, cerró la operación de compra pagando 3,9 millones de euros por el 87 % de la superficie de unas plantas en desuso y fuera de ordenación. De hecho, para rehabilitar el inmueble, adjudicó obras ya en marcha con un coste de otros 8,2 millones de euros, con lo que el desembolso de dinero público para que La Plasa vuelva a ser municipal, ya supera los 12 millones.

Aspecto del interior de las plantas superiores de La Plasa / INFORMACIÓN
Milimétrico
El PSOE de Torrevieja, a preguntas de este medio, señaló sobre la denuncia que "se produjo un vertiginoso desarrollo de los acontecimientos, con una coordinación milimétrica entre informes, resoluciones, adjudicaciones y registros, y el resultado económico claramente favorable para la mercantil vendedora", que obtuvo una plusvalía próxima a los dos millones de euros, y sugiere la existencia de un supuesto diseño preconcebido, cuidadosamente ejecutado, con una finalidad claramente crematística.
A juicio de los socialistas esta compra supuso un beneficio a costa del erario público, "disfrazado de trámite administrativo, que se construye sobre informes presuntamente interesados y valoraciones alejadas de toda lógica técnica".
Y presume que podría haberse dado un acuerdo "previo entre distintos actores, tanto públicos como privados, para beneficiar de forma directa y deliberada mediante la alteración de procedimientos, manipulación de tiempos y utilización instrumental de informes técnicos". Una operación que "apunta a una desviación absoluta de poder". La denuncia del PSOE señala que de los hechos podrían derivarse indicios de delito por prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Informes técnicos y el catastro que validan la gestión municipal
Fuentes del equipo de gobierno del PP, por su parte, señalaron a INFORMACIÓN que conocían esta denuncia y que además de esas tasaciones se incorporó la valoración del catastro que eleva el precio del edificio a 14 millones de euros. Precio que multiplica al que se pagó finalmente. Las mismas fuentes recuerdan que la gestión contó con la supervisión y visto bueno de los informes técnicos de la Asesoría Jurídica e Intervención municipales.
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