La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio "excepcional"

La Audiencia Nacional ha desestimado una reclamación de casi medio millón de euros presentada por una familia de Almoradí cuya vivienda quedó totalmente destruida por las graves inundaciones en la Vega Baja provocadas por la dana de septiembre de 2019. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que los daños de la riada de Santa María fueron consecuencia de un caso de fuerza mayor ante el que la Administración no puede ser considerada responsable.

Reclamación

Los afectados reclamaban 484.061 euros por la destrucción total de su vivienda, situada en la Partida El Gabato de Almoradí a pocos metros del cauce del Segura en el puente de Algorfa, punto en el que la mota del río se vino abajo.

Su hogar quedó reducido prácticamente a escombros tras las roturas producidas en el muro de contención del río durante los días 13 y 15 de septiembre de 2019, cuando tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia. De la vivienda solo quedó una pared en pie.

Antes de acudir a la Audiencia Nacional, los demandantes habían reclamado primero por la vía administrativa ante el Ministerio para la Transición Ecológica, reclamación que fue rechazada.

Los propietarios afectados argumentaban que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había incumplido sus obligaciones de mantenimiento y conservación de las infraestructuras. Como reconoce la propia sentencia, presentaron un exhaustivo informe pericial elaborado por un ingeniero de caminos, que sostenía que la rotura de la mota se debió a la falta de mantenimiento y reparación de daños que debía haber realizado la Confederación pese a las advertencias previas del Ayuntamiento y del Juzgado de Aguas del Azud de Alfeitamí de Almoradí.

Alertas

El municipio había alertado a la CHS sobre el deterioro de los muros en sendos oficios fechados en 2017 y 2018, sin que la entidad realizara las reparaciones necesarias. Según el peritaje aportado, la no colocación del relleno de tierras junto al muro de la mota «supuso una modificación del estado de cargas del muro que conforma el cauce, haciéndolo trabajar de forma no proyectada y para la que no estaba preparado».

Los demandantes insistían en que, de haberse realizado las reparaciones necesarias, su vivienda no habría resultado destruida. Los muros fueron construidos junto al nuevo cauce del Segura en los años 90, precisamente como una medida contra inundaciones, tras la también devastadora riada de 1987. La obra respondió eficazmente a crecidas del río durante veinte años, pero no aguantó la de 2019.

La Audiencia Nacional, sin embargo, valoró la excepcionalidad del fenómeno meteorológico para rechazar la demanda. La sentencia recuerda que durante aquellos días se registraron precipitaciones de hasta 500 mm/m², «las mayores en la comarca de la Vega Baja en, al menos, los últimos 100 años».

Informes

Los magistrados recogen que el temporal de septiembre de 2019 «es el de mayor precipitación acumulada de los analizados, con un 39% más de precipitación en el promedio de la comarca que el siguiente en volumen, que fue -reconocen- el de noviembre de 1987».

La sentencia destaca que en apenas unas horas «se acumuló en el promedio de la comarca el equivalente a la lluvia de un año», intensidad que superó las cifras de los últimos 140 años, como reconoció el propio Gobierno al aprobar el Real Decreto-ley 11/2019 para paliar los daños causados por esta emergencia.

Los jueces consideran, basándose en el dictamen del Consejo de Estado que denegó la ayuda a los afectados por la vía administrativa ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que «el enorme, desproporcionado y súbito caudal de agua proveniente de las extraordinarias lluvias hacía inevitable la inundación», constituyendo un supuesto de fuerza mayor que exonera a la Administración de responsabilidad patrimonial.

La sentencia señala que «no ha resultado acreditado que, ejecutadas las obras que en la demanda se reclaman, se hubiera evitado el grave daño por el que se reclama».

La CHS reforzó la estructura, en el sentido que indica el ingeniero en el informe de los afectados, cuando reparó las motas en las obras de urgencia realizadas después de la dana.

La sentencia recoge algunos datos de la enorme envergadura que tuvo la inundación del llano aluvial del Bajo Segura en aquel episodio.

Por ejemplo, que las precipitaciones registradas fueron mayores que las producidas en la riada de 1987, que motivaron la construcción del cauce nuevo; o que en solo 38 horas, los dos boquetes en el muro de la mota junto al puente de Algorfa, dejaron escapar 11 hectómetros cúbicos de agua, equivalente a un vaciado completo del embalse de Guadalest al 85 % de su capacidad. Además, señala que la causa de la crecida del río no solo fueron las precipitaciones registradas en toda la cuenca, también el desembalse regulado del pantano de Santomera que se había llenado y cuya seguridad peligró durante esas dos jornadas, añadiendo volumen a la crecida histórica, acompañada de los catastróficos daños de la rambla de Abanilla.

Compensación

Los afectados recibieron del Consorcio de Compensación de Seguros 30.082 euros por el contenido del inmueble y 120.570 euros por la edificación, además de una cantidad adicional a cuenta de la indemnización definitiva. La sentencia menciona que no solicitaron las ayudas estatales previstas para las víctimas de la dana, aunque sí intentaron acceder a las de la Generalitat, pero perdieron el derecho al cobro por no completar la documentación requerida.

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