SAN ISIDRO
Antifraude investiga el uso del PSOE de San Isidro de un edificio municipal como sede del partido local sin autorización
El PP documenta que los socialistas, que gobiernan en el municipio desde su segregación de Albatera en 1993, usan un almacén municipal como local del partido al menos desde hace diez años
Ayuntamiento de San Isidro en una imagen de archivo / TONY SEVILLA
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El PSOE gobierna en el Ayuntamiento de San Isidro hace tanto tiempo -desde que el municipio logró la segregación de Albatera en 1993-, que confunde los límites entre lo que es la gestión municipal y el partido. Eso es lo que cree la oposición del PP, que ha llevado a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF) el uso por parte del PSOE sanisidrense de un local municipal sin autorización expresa que lo avale. Una utilización gratuita que se remonta, al menos, a 2016.
Según las mismas fuentes del Partido Popular, el Ayuntamiento presidido por Manuel Gil Gómez, que no se ha pronunciado sobre esta denuncia a preguntas de INFORMACIÓN, está dilatando las respuestas a las solicitudes de la AVAF de información sobre los hechos denunciados tras recibir hasta cuatro requerimientos en los últimos meses.
La oposición del PP en esta población sostiene que nunca ha tenido espacio propio en las dependencias municipales, pese a solicitarlo en varias ocasiones. Nadiana Moya, portavoz adjunta del PP señaló en este sentido que los bienes municipales "son de todos los vecinos, no de ningún partido. Si se han utilizado instalaciones públicas para fines partidistas, debe investigarse hasta el final".
Irregular
El Partido Popular de San Isidro, municipio de 2.300 habitantes, presentó una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude por la presunta utilización irregular de un inmueble de propiedad municipal ubicado en la calle San Vicente, número 3 de esta población.
Según los hechos denunciados ante la AVAF, el PSOE local utiliza este local desde hace, al menos, una década, para actividades políticas, colocación de carteles y reuniones de partido. Inicialmente, esta agencia archivó la denuncia, aunque recomendó al Ayuntamiento que cualquier uso de dependencias municipales se hiciera bajo autorización. Poco después el PP aportó nueva documentación sobre ese supuesto uso irregular y ha reabierto la investigación.
Los denunciantes solicitaban que la Agencia realizara una investigación por un "posible uso irregular de bienes públicos para fines partidistas" y presunta vulneración de los principios de neutralidad institucional y buen uso del patrimonio público.
Fotografías
La denuncia incluía fotografías y pruebas documentales, entre ellas una publicación en redes sociales del PSOE de San Isidro fechada el 9 de mayo de 2023, en la campaña a las elecciones municipales, que mostraba a un grupo de personas montando material de propaganda electoral en un espacio que, según la investigación, se corresponde con una vía pública. Además, se adjuntó captura de la página web del PSOE local donde se indicaba que su sede se encuentra en la calle San Vicente sin número.
Cesión del Iryda
En respuesta a las solicitudes de información, el Ayuntamiento aportó un certificado de la secretaria-interventora municipal que confirma que el inmueble que se indica en la denuncia es de dominio público y está destinado oficialmente a almacén municipal, tras una cesión gratuita del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
El documento municipal especifica que no existe ninguna autorización para el uso de dicho inmueble con fines distintos al de almacén durante los meses de mayo y junio de 2023, periodo electoral.
La Agencia Valenciana Antifraude, tras analizar la documentación aportada, emitió una recomendación al Ayuntamiento de San Isidro para que establezca un mayor control sobre la utilización de sus instalaciones municipales, asegurando que estas solo sean empleadas para asuntos estrictamente relacionados con la actividad municipal y evitando su uso indebido con fines políticos o partidistas sin la correspondiente autorización administrativa. Pero resolvió finalmente que "los hechos denunciados no reúnen indicios razonables" para iniciar una investigación.
La nueva documentación que ha revertido esa resolución previa de archivo por uso indebido de un inmueble municipal, aporta evidencias que, según los populares, demuestran que el local en cuestión ha sido utilizado irregularmente por el PSOE sanisidrense como sede política sin autorización administrativa.
Fachada del edificio municipal que el PSOE usa como sede local en San Isidro / INFORMACIÓN
Fotografías y planos
Los denunciantes aportan ahora fotografías, planos catastrales y capturas de redes sociales que, según argumentan, identifican inequívocamente el inmueble y prueban su uso compartido por varias entidades, incluida la sede oficial del PSOE de San Isidro, además de un escrito de respuesta a una petición de información del PP realizada en 2016 en la que el alcalde de entonces admite ese uso del edificio compartido con otros de asociaciones locales. En ese caso el entonces regidor, Francisco Damián Sabater, habla de "cesión" al Partido Socialista.
Imágenes del interior
Entre las pruebas presentadas figuran imágenes del interior del local fechadas durante las campañas electorales (2019 y 2023), así como publicaciones oficiales del PSOE local que mencionan explícitamente la celebración de actos en "la sede de la Agrupación del PSOE de San Isidro".
¿Qué es la Agencia Valenciana Antifraude?
La Agencia Valenciana Antifraude es un instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, con capacidad para proteger a las personas denunciantes. Dirigida por funcionarios especializados en la fiscalización de la administración con larga experiencia, fue creada con el visto bueno del Consell del Botànic a imagen de otras oficinas europeas y autonómicas similares, y se mantiene, con algunos cambios, en la actualidad.
"Su finalidad primordial" es fortalecer la actuación de las administraciones e instituciones públicas valencianas para evitar que se produzca un "deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía valenciana".
Así mismo, la Agencia se crea para el impulso de la integridad y la ética pública, y para el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo al fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la gestión de los recursos públicos.
Fija una serie de sanciones por infracciones que haya detectado en la gestión municipal, pero sus resoluciones, que se pueden derivar a un juzgado para ser investigadas, no suponen responsabilidad penal alguna.
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