La UTE Prezero-Cívica escoge Torremendo como ubicación de la planta comarcal de basuras sin vertedero

La UTE Vega Baja Sostenible, formada por las mercantiles Prezero y Cívica Medio Ambiente, ha presentado oficialmente al Consorcio Vega Baja Sostenible un estudio de alternativas para el emplazamiento de la futura planta de tratamiento mecánico-biológico (PTMB) de basuras comarcal. Según señala en un comunicado el Consorcio, tras "una exhaustiva evaluación" realizada mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y una serie de criterios técnicos, ambientales y socioculturales, ha resultado como ubicación más idónea para la implantación de la planta de tratamiento el paraje de Fuente Amarga, en Torremendo. El Consorcio tiene previsto en breve elevar este informe a la junta del Consorcio formada por los 27 municipios de la comarca, la Diputación y la Generalitat.

Afectación ambiental

Entre los criterios aplicados, el equipo técnico ha destacado que el paraje de Fuente Amarga, a escasos metros del límite autonómico con la Región de Murcia -y anexo a la finca La Pistola- se encuentra a más de 8 kilómetros del núcleo de población más cercana en la Comunidad Valenciana, en referencia a la pedanía de Torremendo. No así, sin embargo, de la Región de Murcia, donde varias pedanías de Beniel se encuentran mucho más próximas al emplazamiento propuesto por la empresa. Remarca que "no existen acuíferos" ni está próxima a infraestructuras hidráulicas, que la instalación no afectaría "directamente" a zonas forestales y que se encuentra, según el Consorcio, "en terreno urbanizable".

Fuente Amarga es un paraje situado en suelo rústico con bancales de almendros y garroferos, y "será urbanizable", a través de la aplicación del plan de residuos, si la propuesta sale adelante, según ha matizado poco después la entidad, a preguntas de INFORMACIÓN. Se trata de la misma zona aproximada que Cespa-Ortiz, ahora Prezero-Cívica, ganadora del concurso de gestión de residuos, propuso para la ubicación de la planta comarcal (en aquel caso con vertedero) en 2008. Un emplazamiento polémico y que durante más de quince años fue el foco de la investigación en el caso Brugal.

Una consultora

Según la misma fuente, técnicos de la consultora IDOM, "una reconocida firma internacional independiente de servicios de ingeniería y consultoría", han analizado un total de nueve emplazamientos, así como los informes, propuestas y alegaciones presentadas por los ayuntamientos que conforman el Consorcio.

También la ingeniería especializada Vielca ha participado en los estudios que ha presentado la UTE al Consorcio. Se ha estudiado, especialmente, que la nueva planta de tratamiento de basuras -en el informe denominada PTMB-, no afecte a las poblaciones cercanas, como por ejemplo el tráfico de vehículos, "mediante un análisis exhaustivo del tránsito actual para que no interfiera en la movilidad". Se han descartado aquellos terrenos inundables o con zonas protegidas por motivos ambientales, aseguran los informes técnicos.

Oposición

El emplazamiento se va a encontrar previsiblemente con el rechazo frontal de la población de Torremendo. Los vecinos, como avanzó INFORMACIÓN, ya anticiparon a los responsables de la gestión de residuos de la Generalitat, Raúl Mérida y Jorge Blanco, que acudieron a la pedanía oriolana a una reunión, que pelearían en contra de la instalación que consideran que se ubica sobre un suelo sobre el que recaen varias figuras de protección, entre ellas la del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro Parque Natural de Sierra Escalona o el actual Paisaje Protegido o Zona de Especial Protección para las Aves.

La población de Torremendo, con 1.800 vecinos, lleva más de treinta años oponiéndose a la ubicación de instalaciones de gestión de residuos y por la vía judicial -y con movilizaciones en la calle-, ha tumbado varios de los proyectos propuestos en las últimas décadas. Amigos de Sierra Escalona, la Asociación de Vecinos de San Miguel "Arcángel" de San Miguel y la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante también han expresado ya su rechazo. Ubicaciones muy similares han sido impulsadas en los últimos años para plantas solares de gran envergadura y tramitación estatal y han sido rechazadas por la Generalitat por su impacto ambiental sobre las sierras de Pujálvarez y El Cristo.

Lo que diga Torremendo

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara (Partido Popular), aseguró hace ahora más de dos años que el municipio que dirige "nunca" otorgaría licencia municipal a una instalación de tratamiento de residuos en Torremendo, y con ese objetivo propuso otro emplazamiento junto a Jacarilla, en un paraje conocido como La Estafeta-Vistabella, que ha sido descartado oficiosamente, no solo por la oposición de los municipios de Jacarilla, Benejúzar y Bigastro, directamente afectados. Sobre todo porque choca directamente con los intereses de varias de las principales empresas urbanizadoras de vivienda turística de la comarca que tienen previsto levantar miles de viviendas a escasos cientos de metros de la misma zona, en función de unas previsiones de suelo urbanizable que en este caso sí está aprobado desde la década de los 2000. Este mismo lunes Vegara aseguró en declaraciones a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento "nunca" autorizará la planta de residuos si "el pueblo de Torremendo no la quiere".

En el informe del Ayuntamiento de Orihuela, que solicitó el propio Consorcio, el Ayuntamiento oriolano rechazaba el emplazamiento que ahora escoge Prezero-Cívica precisamente por sus importantes afecciones ambientales.

Obligación

El Consorcio Vega Baja Sostenible, por su parte, insiste en que la legislación vigente le obliga a disponer de infraestructuras propias de tratamiento de residuos, una obligación que la legislación autonómica valenciana dispone desde 2003. A fecha de hoy, es el único consorcio de residuos alicantino que no dispone de planta propia, lo que provoca que los residuos se traten en zonas muy alejadas de la comarca, aumentando el coste económico del tratamiento y la huella de carbono asociada a los residuos.

La comarca deriva la eliminación sin tratamiento de 202.000 toneladas de basuras a 10 plantas de eliminación: en Alicante Fontcalent, Elche, Villena y Xixona; en València, a Guadassuar y a dos plantas del área metropolitana de la ciudad de València; en Murcia, a Cañada Hermosa; también a una planta de residuos de Pulpí, Almería. Y por último ha tenido que llegar a un acuerdo con la planta de eliminación de residuos privada de Almonacid del Marquesado, en Cuenca.

Ya es hora

“Ya es hora de que los responsables públicos de nuestros 27 municipios, apoyemos la construcción de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico, muy industrializada, nada molesta, y que resolverá los graves problemas en la gestión de residuos de la Vega Baja,” explicó el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano, también alcalde de Formentera por el Partido Popular.

El objeto del proyecto es la implantación de una instalación industrial "innovadora" que, mediante tratamiento mecánico-biológico, clasifica, procesa y prepara los residuos domésticos para su reciclaje, reduciendo el impacto ambiental que generan. La futura PTMB también incluirá instalaciones para el tratamiento de los residuos orgánicos de la recogida separada (procedentes del contenedor marrón o modelos puerta a puerta), para los restos verdes de poda y los residuos voluminosos. Según mantiene el Consorcio no se contempla ni vertedero ni instalación de valorización energética (incineradora).

En el proyecto inicial de Prezero-Cívica ante el Consorcio en febrero de 2024, que a diferencia del resto de emplazamientos propuestos después, es propietaria del suelo que propone ahora, sí figuraba una instalación de valorización para 24.000 toneladas de basura, que ahora, según fuentes del Consorcio, será descartada.

Inviable

“Es inviable -señaló Cano- que nos tengamos que plantear cada semana, dónde y cómo vamos a poder gestionar nuestros residuos porque no tenemos una planta propia, lo que nos ocasiona graves perjuicios económicos y ecológicos a los Ayuntamientos y a los ciudadanos". Además de la falta de instalaciones comarcales, a excepción de la planta de transferencia sin tratamiento de Dolores, el Consorcio y sus municipios, deben asumir un precio por eliminación de tonelada de 150 euros tanto por el transporte -en el caso de Cuenca los camiones recorren 800 kilómetros-, como por la propia eliminación que, además, en el caso de la Vega Baja, apenas contempla la fracción orgánica que solo recogen separada en origen un par de municipios de los 27.

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